Gobernadora declara emergencia por sequía en toda la isla

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró un estado de emergencia por el uso del agua en todo Puerto Rico y activó a la Guardia Nacional ante la reducción de las lluvias y el descenso registrado en varios de los principales embalses y cuerpos de agua del país.

La mandataria firmó el viernes las órdenes ejecutivas OE-2026-035 y OE-2026-036. La primera establece la respuesta gubernamental ante la sequía, mientras la segunda autoriza la movilización de recursos militares para asistir en el acarreo, almacenamiento, distribución y purificación de agua potable. 

Según los datos consignados en la orden, al 28 de julio un 24.8 % de Puerto Rico se encontraba bajo sequía severa, un 36 % enfrentaba sequía moderada y otro 21.6 % presentaba condiciones anormalmente secas. El documento también advierte sobre déficits acumulados superiores a ocho pulgadas de lluvia durante los últimos 90 días en amplias zonas de la isla, particularmente en el este y a lo largo de la costa norte. 

La declaración asigna al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la responsabilidad de dirigir la respuesta, en coordinación con la Secretaría de Estado. Ambas entidades deberán priorizar las regiones que presenten las condiciones hídricas más críticas, de acuerdo con la información técnica disponible. 

El plan incorpora a numerosas agencias, entre ellas los departamentos de Seguridad Pública, Agricultura, Salud, Educación, Vivienda, Familia y Desarrollo Económico y Comercio. También participan la Policía, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Compañía de Turismo, DACO y la Junta de Planificación.

La orden establece que el agua potable deberá reservarse prioritariamente para el consumo de la población y la prestación de servicios esenciales. El Gobierno podrá utilizar agua no potable en operaciones donde resulte técnica y sanitariamente viable, sin representar riesgos para la salud o la seguridad pública. 

Las agencias y los municipios quedaron autorizados a adquirir, alquilar e instalar cisternas, tanques y otros equipos para almacenar o distribuir agua. También podrán activar procedimientos de contratación de emergencia para obtener bienes, servicios, obras y suministros necesarios con mayor rapidez. 

Como parte de las medidas, el Departamento de Asuntos del Consumidor deberá emitir una orden de congelación de precios para productos, materiales, equipos y servicios considerados esenciales durante la emergencia. El DRNA y la AAA, además, tendrán que reunirse periódicamente y entregar a la gobernadora informes semanales sobre la evolución de la sequía y las acciones implantadas. 

Por medio de la segunda orden ejecutiva, la Guardia Nacional podrá utilizar personal, vehículos y equipo especializado para transportar y distribuir agua, operar sistemas móviles de purificación, establecer centros temporeros de abastecimiento y movilizar suministros hacia las comunidades afectadas. 

La declaración no establece automáticamente un calendario de racionamiento para todo Puerto Rico. Sin embargo, crea el marco legal para adoptar nuevas restricciones, movilizar recursos y concentrar la respuesta gubernamental en los sistemas que se acerquen a niveles críticos.

La medida amplía a toda la isla la respuesta que el Gobierno había iniciado el 7 de julio, cuando declaró una emergencia localizada en Río Grande, Canóvanas y otras comunidades afectadas por interrupciones programadas en el servicio de agua potable.