Familia extiende contrato de COSALL para amas de llaves

El Departamento de la Familia anunció una extensión al contrato de la Corporación de Servicios de Ama de Llaves (COSALL) para mantener funcionando el programa que atiende a adultos mayores y personas con impedimentos, mientras la Junta de Supervisión Fiscal evalúa un nuevo acuerdo que podría alcanzar los $50.9 millones.

La decisión se produce después de que COSALL notificara un periodo temporero sin asignación de trabajo para sus empleados ante la ausencia de un nuevo contrato y de que la Junta cuestionara el momento en que la Administración de Familias y Niños (ADFAN) sometió el acuerdo para evaluación. 

COSALL cuenta con 1,420 amas de llaves que ofrecen servicios a 1,596 participantes en Puerto Rico. La corporación había informado que la pausa laboral comenzaría el 2 de septiembre y podría extenderse hasta el día 30 si no se formalizaba la contratación. 

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, aseguró que la extensión busca garantizar que las personas que dependen de la asistencia no pierdan el servicio mientras culminan los trámites administrativos.

“El Departamento de la Familia confirma la extensión al contrato de servicios de amas de llaves, garantizando así la continuidad de la asistencia a los participantes mientras culminan los trámites administrativos correspondientes”, expresó Roig Fuertes. 

Sin embargo, detrás de la extensión existe una controversia sobre cuándo Familia realmente sometió el contrato para la revisión requerida por la Junta Fiscal.

Según la agencia, los trabajos para renovar el acuerdo comenzaron a principios de agosto. Familia sostiene que la documentación fue ingresada el 14 de agosto en la plataforma de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y que tres días después, el 17 de agosto, notificó a la Junta y le remitió copia de los documentos. 

La versión de la Junta es distinta en un punto clave.

El organismo fiscal sostuvo que el contrato propuesto fue recibido formalmente para revisión el 1 de septiembre, precisamente el día en que estaba previsto que comenzaran los servicios bajo el nuevo acuerdo.

La política de revisión contractual de la Junta requiere que determinados contratos sean sometidos, junto con la documentación requerida, al menos 15 días laborables antes de la fecha propuesta para su ejecución. Ante ello, el organismo requirió a ADFAN adoptar medidas correctivas para evitar que la situación se repita. 

La controversia no termina con las fechas.

El nuevo contrato propuesto entre ADFAN y COSALL tendría un valor máximo de $50,970,600 y podría extenderse hasta el 30 de junio de 2029. El acuerdo surge de una solicitud de propuestas para servicios de auxiliares en el hogar, cuya adjudicación ha sido impugnada y actualmente es objeto de un procedimiento judicial. 

Precisamente por esa controversia, la Junta señaló que, con la información disponible, todavía no puede determinar si el contrato propuesto promueve adecuadamente la competencia en el mercado.

La Junta aclaró que esa posición no constituye una determinación de que hayan ocurrido irregularidades ni establece que el proceso careciera de competencia, sino que el organismo considera que todavía no cuenta con suficiente información para completar su evaluación. 

Ante el riesgo de que la disputa administrativa afectara directamente a los participantes, la Junta optó por una solución temporera y requirió a ADFAN someter para aprobación una renovación por un mes del contrato vigente con COSALL, manteniendo los mismos servicios mientras continúa el análisis del acuerdo de largo plazo. 

Familia confirmó posteriormente la extensión y sostuvo que su prioridad es evitar interrupciones.

Mientras tanto, ADFAN informó que mantiene servicios mediante otros proveedores, incluyendo municipios, organizaciones sin fines de lucro y compañías privadas. Según la agencia, ningún otro proveedor contratado para ofrecer servicios de amas de llaves ha detenido o cancelado sus operaciones. 

El episodio supone un nuevo tropiezo administrativo para un servicio dirigido precisamente a una de las poblaciones más vulnerables del país.

Además, no es el primer señalamiento reciente de la Junta sobre el manejo contractual. El organismo indicó que el pasado 11 de agosto había aprobado con observaciones una enmienda anterior al contrato de ADFAN con COSALL, pero señaló que aquella enmienda también había sido presentada para revisión después de haber sido formalizada. En ese momento, ya había exigido medidas correctivas para cumplir en adelante con su política contractual. 

Por ahora, la extensión evita que la disputa contractual se traduzca en una paralización prolongada del servicio. Pero el asunto de fondo continúa pendiente: la Junta aún debe completar su evaluación del contrato multimillonario, mientras un tribunal atiende la impugnación relacionada con su adjudicación.