Karla Mercado denuncia ataques tras advertir fallas del ERP

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, denunció haber sido objeto de ataques personales y de una presunta utilización de recursos gubernamentales para desacreditarla, luego de advertir sobre las deficiencias del nuevo sistema financiero del Gobierno de Puerto Rico, conocido como Enterprise Resource Planning (ERP) o ÍntegraPR.

Las expresiones de la funcionaria surgieron después de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinara no designar un fiscal especial y ordenara archivar una querella en su contra por alegaciones de corrupción y conflicto de intereses relacionadas con su matrimonio con el abogado y cabildero Anthony Maceira Zayas.

Mercado Rivera vinculó públicamente la investigación con las advertencias que había realizado sobre las dificultades operacionales del sistema financiero gubernamental, cuya implantación ha provocado atrasos en pagos a suplidores y otras complicaciones administrativas.

Denuncia ataques y utilización del poder gubernamental

En declaraciones escritas difundidas el jueves, la administradora de la ASG aseguró que sus señalamientos sobre las fallas tecnológicas fueron seguidos por una investigación del Departamento de Justicia, originada en una querella anónima que utilizó el nombre del senador independiente Eliezer Molina.

El legislador negó haber presentado la comunicación que dio origen a la pesquisa.

Mercado Rivera sostuvo que, mientras se desarrollaba el proceso investigativo, se intentó desacreditarla para restarle importancia a sus advertencias sobre los problemas que enfrentaba el Gobierno.

“Hay quienes intentan utilizar el Estado como su metralleta personal”, manifestó la funcionaria.

También denunció que se utilizaron el poder gubernamental y determinados medios de comunicación para promover ataques personales contra ella.

Aunque Mercado Rivera atribuyó esas actuaciones a una posible campaña en su contra, no identificó públicamente a las personas que alegadamente la coordinaron ni presentó evidencia que permitiera establecer una relación causal entre sus denuncias sobre el ERP y la investigación.

Panel del FEI no encontró fundamento para investigarla

La determinación del PFEI se produjo luego de examinar el informe de investigación preliminar realizado por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia.

La pesquisa se concentró en posibles conflictos de intereses derivados del vínculo matrimonial entre Mercado Rivera y Maceira Zayas.

Según la resolución, no se identificaron contratos, subastas, adjudicaciones ni actuaciones específicas en las que la funcionaria hubiera intervenido indebidamente para obtener beneficios personales o favorecer a terceros.

La investigación tampoco produjo evidencia que sustentara señalamientos de tráfico de influencias, utilización de información confidencial o aprovechamiento ilegal de su cargo.

El Panel destacó que la querella original carecía de información concreta sobre fechas, procedimientos de contratación o testigos con conocimiento directo de los supuestos hechos.

Ante la ausencia de elementos suficientes para justificar la designación de un fiscal especial independiente, el organismo ordenó archivar el asunto.

Había establecido mecanismos de inhibición

Como parte de la investigación, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) certificó que Mercado Rivera había presentado comunicaciones para divulgar su relación con Maceira Zayas y establecer mecanismos de inhibición.

La primera comunicación correspondió a la etapa de noviazgo, cuando la funcionaria dispuso que no intervendría en asuntos relacionados con el abogado, independientemente de que este compareciera ante la ASG como ciudadano, representante legal o cabildero.

Posteriormente, notificó su matrimonio y mantuvo las restricciones.

La investigación concluyó que no se identificaron actuaciones contrarias a esos mecanismos preventivos.

Una querella anónima con identidad suplantada

Otro elemento de la controversia fue el origen de la denuncia.

La comunicación investigada se presentó utilizando una identidad atribuida al senador Eliezer Molina, quien negó haber sido su autor.

Según la información divulgada por el PFEI, las gestiones investigativas identificaron una dirección de internet vinculada a un servidor de red privada virtual (VPN) localizado en Londres, Inglaterra, además de un registro relacionado con un proveedor de servicios en Palestina.

Sin embargo, las autoridades no consiguieron identificar a la persona que envió la comunicación.

Por esa razón, el referido continuó tratándose como una querella anónima.

Las advertencias sobre el ERP tienen antecedentes

Las críticas de Mercado Rivera sobre el sistema ÍntegraPR no son nuevas.

Durante abril y mayo de 2026, la administradora de la ASG sostuvo diferencias públicas con el entonces secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, relacionadas con la fiscalización de Deloitte, empresa contratada para desarrollar e implantar la plataforma.

Domenech había señalado que las actuaciones de Mercado Rivera obstaculizaban los trabajos del proyecto, mientras la funcionaria defendía la necesidad de supervisar adecuadamente el cumplimiento contractual.

Las dificultades del sistema también fueron documentadas por otras entidades gubernamentales y organizaciones.

En agosto, trascendió una comunicación de Deloitte que identificaba aproximadamente 2,920 incidencias abiertas en 53 agencias gubernamentales, además de deficiencias en los procesos de capacitación del personal.

La Junta de Supervisión Fiscal también reconoció dificultades operacionales relacionadas con la implantación del ERP y concedió una extensión extraordinaria hasta el 31 de octubre de 2026 para procesar determinadas obligaciones pendientes del año fiscal anterior.

Contraloría documentó atrasos e inversión millonaria

El pasado 6 de octubre, la Oficina de la Contralora de Puerto Rico divulgó el Informe de Auditoría OC-27-31 sobre los sistemas de información del Departamento de Hacienda.

El documento identificó deficiencias en la supervisión de pagos a contratistas y atrasos en la implantación de la plataforma.

Según el informe, al 10 de marzo de 2025 se habían desembolsado aproximadamente $62.96 millones, sin que el proyecto estuviera completamente implantado.

La Contraloría señaló que, al 17 de agosto de 2026, la primera fase permanecía en un proceso de estabilización técnica y funcional, mientras otros componentes estaban programados para entrar en operación durante enero de 2027.

Estos hallazgos constituyen antecedentes documentados de las dificultades del proyecto, aunque no establecen que la investigación contra Mercado Rivera fuera consecuencia de sus advertencias.

Una controversia que deja preguntas pendientes

Con la determinación del PFEI, queda archivada la querella relacionada con las presuntas actuaciones indebidas de Mercado Rivera.

Sin embargo, la decisión no constituye una determinación sobre las alegaciones de persecución o represalias formuladas por la funcionaria, asuntos que no fueron el objeto de la investigación divulgada.

Tampoco resuelve las dificultades operacionales que continúan afectando la implantación del sistema financiero gubernamental.

La controversia deja abiertos dos asuntos distintos: la necesidad de esclarecer las alegaciones sobre la utilización de recursos públicos para atacar a una funcionaria y la responsabilidad gubernamental de corregir las deficiencias de una plataforma tecnológica que ha requerido una inversión multimillonaria.

Mientras Mercado Rivera reclama que sus advertencias sean atendidas, el Gobierno todavía enfrenta el desafío de estabilizar el ERP y garantizar que las agencias puedan procesar sus obligaciones y pagar oportunamente a sus suplidores.