Como usualmente ocurre en estos procesos, las vistas de transición entre el gobierno electo de Jenniffer González Colón y los directivos de las agencias y corporaciones públicas del gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi Urrutia han generado preguntas y respuestas que compara lo que se dice con lo que realmente ha hecho la administración actual.
Con eso en mente y con ayuda de inteligencia artificial, InDiario examinó tanto la ponencia de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) así como el informe de transición que la entidad entregó y aparece publicado en el portal transparencia2024.pr.gov. Cabe señalar que la ponencia examinada tiene cambios no incluidos en la presentada hoy, pues el documento que se subió al portal sufrió cambios.
Las principales diferencias entre la ponencia y el informe de transición de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) radican en su enfoque, profundidad de los temas y algunos detalles específicos. A continuación, se resumen las diferencias más relevantes:
La ponencia incluye ciertos elementos que no se encuentran en el informe de transición, como por ejemplo, la integración de AutoExpreso con CESCO Digital y Centros de Servicio Integrado (CSI). Aunque el director ejecutivo, Edwin González Montalvo, ofreció un resumen y contestó algunas preguntas sobre el tema, el informe de transición no hace referencia a estas integraciones ni a las mejoras específicas en el acceso de usuarios al sistema de cobro de peajes electrónicos, el cual ha sido objeto de numerosas críticas a lo largo de este cuatrienio. Además, el reporte no menciona en específico los avances que se indica que el sistema experimentó ni tampoco aborda el desarrollo de un nuevo sistema operativo para reemplazar el existente y mejorar su eficiencia.
“Durante el año fiscal 2023-2024, se completó la actualización del sistema de peaje electrónico AutoExpreso, incorporando tecnologías de última generación para mejorar la eficiencia en la recaudación y gestión de peajes”, reza parte del informe. Sin embargo, no se especifica un monto exacto para la inversión total de estas tecnologías.
“La primera fase se enfoca en la modernización de las plazas de peaje, conocido como ‘roadside system’… este proyecto busca modernizar las plazas de peaje actuales en las autopistas PR-20, 52, 53 y 66 con la construcción de nuevos equipos como cámaras, antenas, sensores, entre otros. Al momento ya se encuentran 2 pórticos nuevos en operación, y el proyecto se estima que culmine entre enero y febrero de 2025”, lee otra sección del informe de transición sin mencionar el estimado de cuánto se tendrá que invertir para ello o si la empresa que actualmente se encarga del sistema, Professional Account Management, (PAM) seguirá al mando de esta gestión que, de acuerdo con el récord periodístico, se han destinado alrededor de $146 millones en extensiones de contrato por los cinco años en que esta empresa continúa bajo un acuerdo con ACT, el cual inició en 2015 bajo quien era su empresa matriz, Gila LLC.
El 16 de abril de 2022, el sistema de AutoExpreso sufrió un ciberataque a gran escala que provocó que el gobernador Pierluisi Urrutia manifestara que no esperaría que un proceso de solicitud de propuestas para reemplazar a PAM culminara, lo cual no ocurrió. En cambio, en septiembre de 2024 el Departamento de Estado anunció la expansión de los servicios de AutoExpreso a través de los CSI´s en varios municipios, sin que se sepa en qué quedó el proceso de licitación.
Otro ejemplo del disloque entre lo que se dice y lo que se evidencia es la falta de claridad sobre el avance en las negociaciones con la unión PROSOL-UTIER para un nuevo convenio colectivo. Aunque la ponencia señala que se alcanzó un acuerdo preliminar en septiembre de 2024 y está pendiente de aprobación por la Junta de Supervisión Fiscal, el informe de transición no ofrece información detallada sobre el estatus de estas negociaciones.
En ese momento, se indicó que la agencia había solicitado iniciar las negociaciones y que estaban a la espera de la propuesta de la unión. Además, mencionó que la ACT había ofrecido a la directiva de PROSOL-UTIER asistir a reuniones con la Junta de Control Fiscal para exponer sus preocupaciones sobre el Plan de Certificación.
Del récord público se desprende que, hasta la fecha, no se han publicado actualizaciones recientes sobre las negociaciones para alcanzar un nuevo convenio colectivo. La información disponible más reciente data de febrero de 2022, cuando la ACT afirmó estar dispuesta a negociar con los unionados y esperaba la propuesta de convenio colectivo por parte de la unión.
Según el Informe de Transición 2020, la agencia contaba en ese momento con una plantilla laboral de 835 empleados. No se conoce cuántos trabajadores laboran en la ACT a la fecha, aunque la secretaria del Departamento de Trasportación y Obras Públicas (DTOP) Eileen Vega, habló de 1,220 trabajadores en total, 100 nuevas plazas y casi 200 puestos de reciente creación que la nueva administración tendría disponible para reclutar nuevo personal.