Municipio de Florida desconoce cómo se utilizaron $114,000
Contraloría concluyó que el municipio desembolsó incentivos a 138 comerciantes, pero nunca exigió informes para justificar el uso de fondos públicos
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
El Municipio de Florida no puede demostrar cómo se utilizaron $114,500 en incentivos económicos otorgados a comerciantes, luego de que la administración municipal no exigiera la documentación requerida para justificar el uso de esos fondos públicos, según una investigación de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
La pesquisa surgió a raíz de una querella relacionada con la distribución de incentivos municipales. De acuerdo con el informe, el ayuntamiento desembolsó el dinero en diciembre de 2022 a 138 comerciantes, pero incumplió con el proceso de fiscalización establecido en el propio reglamento del programa.
El programa había sido creado por la Legislatura Municipal con el propósito de asistir a comerciantes afectados por los huracanes Irma y María, los terremotos, la pandemia de COVID-19 y el impacto de la inflación. La medida partía de la premisa de que las ayudas estatales y federales habían sido insuficientes para atender las necesidades del sector comercial local.
Sin embargo, el reglamento exigía que cada beneficiario presentara, dentro de un término de 90 días, un informe detallado sobre el uso del incentivo, acompañado de la documentación correspondiente. También disponía que el municipio debía dar seguimiento a los comerciantes que no cumplieran con ese requisito.
La investigación de la Contraloría concluyó que esas gestiones no se realizaron.
Durante el proceso investigativo, la directora de Finanzas del municipio certificó que los comerciantes fueron orientados sobre los usos permitidos de los fondos y sobre la obligación de entregar un informe de gastos. No obstante, reconoció que el municipio nunca requirió formalmente la entrega de esa evidencia.
Como resultado, el ayuntamiento carece de documentación para verificar si los $114,500 fueron utilizados para los fines autorizados.
La Contraloría sostuvo que la omisión impidió al municipio ejercer una fiscalización adecuada sobre los recursos públicos y aumentó el riesgo de que el dinero se usara para propósitos distintos a los permitidos por el programa.
“Es indispensable cumplir con el principio de rendición de cuentas, ya que exige demostrar que los fondos públicos se utilizaron para los fines autorizados”, indicó la contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier.
El señalamiento coloca bajo escrutinio la supervisión municipal sobre ayudas económicas aprobadas en escenarios de emergencia, particularmente cuando se trata de fondos públicos destinados a sectores afectados por desastres naturales, crisis económica y eventos extraordinarios.