Con "Íntegra" se promete ordenar las finanzas del Gobierno

El Gobierno de Puerto Rico activó este miércoles el sistema Íntegra, una plataforma de planificación de recursos empresariales que busca centralizar los procesos financieros, presupuestarios y de cadena de suministro en más de 60 agencias del Gobierno Central.

La gobernadora Jenniffer González Colón presentó el proyecto junto al secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech Fernández, y la subsecretaria de la Gobernación, Itza García. Según la administración, el sistema sustituye plataformas heredadas que operaban de forma separada en distintas agencias y que dificultaban la visibilidad fiscal, los cierres financieros, las reconciliaciones y las auditorías.

Íntegra impacta a más de 84,000 empleados registrados y sobre 8,000 usuarios activos desde su primer día de operación. Como parte del proceso de implementación, el Gobierno informó que se completaron más de 20,000 pruebas, se certificaron 57 interfaces tecnológicas y se ofrecieron más de 170 sesiones de capacitación a empleados gubernamentales.

La plataforma incluye módulos de Finanzas y Cadena de Suministros, así como herramientas para controles presupuestarios automatizados, manejo de proyectos, subvenciones federales, monitoreo de activos, administración de contratos y análisis financiero. También promete dar mayor visibilidad a suplidores del Gobierno sobre el trámite de sus gestiones y pagos.

Un proyecto marcado por atrasos y millones invertidos

Aunque el anuncio fue presentado como un paso de modernización fiscal, el proyecto llega luego de una larga historia de tropiezos. El concepto de ERP comenzó entre 2015 y 2016, tuvo un primer intento fallido de implementación entre 2017 y 2020 y fue relanzado en 2022.

Una auditoría de la Oficina del Contralor concluyó que se habían invertido aproximadamente $32 millones sin que el Gobierno recibiera los beneficios esperados, debido a deficiencias en planificación, comunicación y supervisión. Para 2024, el costo del proyecto rondaba los $73.5 millones y su lanzamiento había sido pospuesto en múltiples ocasiones.

Según la información divulgada por el Ejecutivo, entre febrero y junio de 2025 se retomaron negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para viabilizar la implementación bajo nuevas condiciones. El 27 de junio de 2025 se firmó una enmienda contractual con requisitos más estrictos de cumplimiento, supervisión y rendición de cuentas.

Promesa de transparencia bajo observación

El Gobierno sostiene que Íntegra permitirá mayor trazabilidad de las transacciones, reducción de errores humanos, visibilidad en tiempo real de las operaciones financieras y mejor cumplimiento con los presupuestos certificados. También se indicó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá conocer desde el inicio el impacto fiscal total de obligaciones, incluyendo contratos multianuales.

La administración destacó además que el sistema debe facilitar el seguimiento de gastos financiados con fondos federales y generar documentación para solicitudes de reembolso, un punto clave en un gobierno que todavía carga con atrasos en estados financieros auditados y con la supervisión impuesta por PROMESA.

Sin embargo, el verdadero examen de Íntegra no será su lanzamiento, sino su capacidad de operar sin tropiezos en agencias grandes y complejas como Educación, Salud, Hacienda, Familia, Vivienda, Corrección, Seguridad Pública, Justicia y Transportación y Obras Públicas, entre otras dependencias que durante décadas trabajaron fuera de un sistema financiero centralizado.

La apuesta del Gobierno es que la tecnología ayude a cerrar una brecha histórica de información fiscal fragmentada. La pregunta ahora es si Íntegra logrará convertirse en una herramienta real de control y transparencia, o si quedará como otro capítulo costoso en la larga lista de proyectos tecnológicos gubernamentales que prometieron transformar la administración pública.