PRAR respalda reforma a la regulación de bienes raíces
La organización favoreció el Proyecto de la Cámara 1331, que propone nuevas licencias, mayores fianzas y penas más severas contra la práctica ilegal.
Por Redacción InDiario|Noticias|
La Asociación de REALTORS® de Puerto Rico (PRAR) respaldó el Proyecto de la Cámara 1331, legislación que propone sustituir el marco legal vigente desde 1994 y establecer una nueva regulación para la industria de bienes raíces en Puerto Rico.
La organización presentó su posición durante una vista de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Víctor Parés, y solicitó que el cuerpo legislativo emita un informe favorable para adelantar la aprobación de la medida.
“Concurrimos plenamente con los fundamentos de esta legislación. Es un paso lógico y razonable que la Asamblea Legislativa adopte un nuevo marco legal que responda a la realidad actual de nuestra industria y, sobre todo, que fortalezca la protección de los consumidores”, expresó Kristina Fábregas, presidenta de PRAR.
El P. de la C. 1331 propone crear la nueva “Ley para la Regulación de Bienes Raíces en Puerto Rico” y derogar la Ley Núm. 10 de 1994, que ha regulado el sector durante más de tres décadas.
Según PRAR, la legislación busca consolidar disposiciones que actualmente se encuentran distribuidas entre diferentes normas y reglamentos adoptados desde finales de la década de 1990, al tiempo que incorpora cambios relacionados con la tecnología, el mercadeo digital y la prevención del fraude.
Fianzas más altas y penas por práctica ilegal
Entre las disposiciones destacadas por la organización figura un aumento en las fianzas exigidas a quienes ejercen la profesión.
Para corredores y vendedores de bienes raíces, la cantidad aumentaría de $10,000 a $20,000, mientras que para las empresas dedicadas al negocio pasaría de $20,000 a $40,000.
La legislación también propone endurecer las consecuencias por ejercer ilegalmente la profesión. La conducta pasaría de ser considerada un delito menos grave a un delito grave, con una pena fija de dos años de reclusión.
Otro de los cambios establecería un marco específico para corredores, vendedores y empresas provenientes de otras jurisdicciones de Estados Unidos que interesen realizar negocios en Puerto Rico. Entre los requisitos contemplados se encuentra mantener una cuenta de plica en la Isla.
Cambios en licencias y trámites
El proyecto también persigue modernizar los procedimientos administrativos relacionados con el ejercicio de la profesión mediante sistemas electrónicos de licenciamiento.
Además, establecería un término máximo de 90 días para que la Junta correspondiente atienda y resuelva los asuntos sometidos ante su consideración.
La medida propone, asimismo, crear una nueva licencia de Instructor de Bienes Raíces en las modalidades General y Especializada.
En materia de publicidad, PRAR sostuvo que el nuevo estatuto permitiría actualizar las prácticas prohibidas para atender las nuevas modalidades de mercadeo digital. Esto incluiría representaciones visuales capaces de ofrecer una impresión distorsionada sobre las condiciones reales de una propiedad.
Atención especial al fraude contra adultos mayores
La propuesta incorpora además disposiciones dirigidas a prevenir el fraude y la explotación financiera de adultos mayores mediante iniciativas educativas coordinadas con la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
PRAR argumentó que la transformación del mercado inmobiliario y el uso creciente de plataformas digitales hacen necesaria una actualización de las herramientas disponibles para proteger a compradores, vendedores y otros participantes de las transacciones.
“Nuestros profesionales son un instrumento vital para miles de familias que logran adquirir su hogar y para comerciantes y empresas que dependen de transacciones de bienes raíces seguras y confiables. Este proyecto les da a esos consumidores el marco de protección que merecen”, sostuvo Fábregas.
La presidenta de PRAR compareció acompañada por el vicepresidente de la organización, Orlando Vázquez; la pasada presidenta Vanessa Rivera; el también expresidente Américo Vicente; y otros miembros de la entidad.
De acuerdo con PRAR, durante el proceso también se han expresado sectores vinculados a los arrendadores, constructores, instituciones financieras y organizaciones relacionadas con la protección de los consumidores.
La organización reiteró su disponibilidad para continuar colaborando con la Comisión de Gobierno durante la evaluación del proyecto y reclamó que la medida avance con prontitud a través del trámite legislativo.
