PRITS no utilizó plataforma de elegibilidad que costó $232k

Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico reveló que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) no puso en funcionamiento una plataforma tecnológica desarrollada para agilizar la evaluación de ciudadanos que solicitan ayudas gubernamentales, pese a que el proyecto recibió una inversión de $232,000.

La auditoría, divulgada este lunes, examinó las operaciones de los sistemas de información de PRITS y señala varias deficiencias relacionadas con proyectos de innovación tecnológica y el cumplimiento de obligaciones legales en materia de planificación y ciberseguridad.

Uno de los principales señalamientos corresponde a la plataforma Electronic Eligibility Engine (E3), diseñada para facilitar el intercambio de información entre agencias y automatizar la evaluación de elegibilidad para programas de asistencia económica.

Según la auditoría, la primera fase del proyecto —contratada por $232,000 para el diseño, desarrollo e implementación— no cumplió con su propósito. Aunque el contratista entregó una versión funcional en junio de 2023 y facturó $130,000 entre mayo y agosto de ese año, al 20 de octubre de 2025 la plataforma no había sido utilizada por las agencias gubernamentales.

La investigación determinó que, si bien la herramienta fue instalada en un ambiente de producción, nunca se habilitó el acceso para los usuarios, por lo que permanecía fuera de operación.

El informe también concluye que PRITS incumplió con la preparación de un Plan Estratégico de Innovación y Tecnología, requerido por ley.. Aunque la agencia sostuvo que su estrategia estaba distribuida entre distintos documentos normativos y planes operacionales, la Contralora determinó que estos no sustituyen el plan estratégico exigido por la legislación.

Además, la auditoría identificó deficiencias en el Informe de Progreso Anual correspondiente al año fiscal 2024, el cual fue sometido fuera del término establecido.

En el área de ciberseguridad, los auditores señalaron que PRITS no había establecido un mecanismo formal para exigir que las entidades gubernamentales sometieran sus Programas de Ciberseguridad para evaluación, como dispone la Ley 40-2024.

Como consecuencia, al 24 de octubre de 2025, únicamente una entidad gubernamental había remitido formalmente su programa para revisión. La Contralora advirtió que esta situación limita la capacidad del Gobierno para evaluar la protección de sus activos digitales, identificar vulnerabilidades y verificar el cumplimiento uniforme de los estándares de ciberseguridad.

Entre las recomendaciones, la Oficina de la Contralora instó a PRITS a acelerar la segunda fase del proyecto E3, preparar y aprobar el plan estratégico requerido por ley, fortalecer la elaboración de los informes anuales y establecer un mecanismo formal para revisar los programas de ciberseguridad de las agencias gubernamentales.