Audri Nix se declara culpable por amenaza contra la gobernadora Jenniffer González
Aceptó responsabilidad por alteración a la paz y amenaza tras incidente en la Iglesia Santa Teresita; pagará multa y emitirá una disculpa pública
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La influencer y activista Adriana Nicole Vázquez Pérez, conocida públicamente como Audri Nix, se declaró culpable de los delitos de alteración a la paz y amenaza contra la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, como parte de un acuerdo voluntario con el Ministerio Público, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.
Los hechos que dieron paso al proceso criminal ocurrieron el 2 de enero de 2025, durante una actividad en la Iglesia Santa Teresita, en Santurce, a la que asistía la entonces gobernadora electa. Según se desprende del expediente judicial, la imputada incurrió en una conducta que fue considerada una amenaza directa y una perturbación del orden público, lo que provocó la intervención de las autoridades.
Como parte del acuerdo alcanzado, Vázquez Pérez deberá pagar una multa de $200 y emitir una disculpa pública dirigida a la gobernadora. A cambio, el Ministerio Público archivó el cargo por violación al derecho de reunión. La sentencia fue dictada por el juez Fernando José Chalas González, del Tribunal de San Juan, quien declaró culpable a la imputada por violaciones al Artículo 241 (alteración a la paz) y al Artículo 177 (amenaza) del Código Penal.
Durante la vista, Vázquez Pérez reconoció la impropiedad de su conducta, aceptó que su lenguaje fue ofensivo y sostuvo que el proceso judicial le permitió reflexionar sobre sus actos. Además, expresó que su comportamiento no se repetirá y extendió disculpas tanto a la gobernadora como a las mujeres de Puerto Rico.
El caso generó amplia atención pública debido al perfil de la acusada y al hecho de que los incidentes ocurrieron en un espacio religioso y en un contexto de alta sensibilidad política, apenas días antes de la juramentación de la nueva administración gubernamental.
Al referirse al desenlace del caso, la secretaria de Justicia subrayó que el sistema judicial actúa sobre hechos concretos y no sobre emociones, recalcando que el derecho a la libre expresión no ampara conductas que constituyan amenazas o pongan en riesgo la seguridad de otras personas.
La fiscalía estuvo representada por los fiscales Edmanuel Santiago Quiles, Héctor Rivera Sánchez y Marilyn Aponte Rodríguez.
