Desahucian a operadores de carga aérea del aeropuerto Luis Muñoz Marín

Tras casi cuatro años de litigio, el Tribunal de Primera Instancia de Carolina ordenó el desalojo de Caribbean Airport Facilities, Inc. (CAF) de tres terrenos ubicados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, como resultado parcial de dos demandas presentadas por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico en 2021.

De acuerdo con la sentencia emitida el miércoles, la corporación deberá abandonar los inmuebles identificados como CAF-1, CAF-2 y CAF-3 una vez la decisión del juez Ignacio Morales Gómez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina sea final y firme. Además, la empresa deberá pagar una fianza de $50,000 por cada caso si decide apelar.

Los terrenos en disputa fueron originalmente arrendados a la corporación en 1988 para el desarrollo de instalaciones en el aeropuerto principal de Puerto Rico. Los inmuebles contienen hangares para aeronaves destinados al mantenimiento y resguardo de aviones, terminales de carga utilizados para la recepción, almacenamiento y despacho de mercancías transportadas por vía aérea y espacios de oficinas para labores administrativas del CAF en su gestión de servicios aeroportuarios.

En su sentencia sumaria parcial, el tribunal determinó que no existían razones para posponerla y ordenó el desalojo inmediato de CAF. Bajo las Reglas de Procedimiento Civil, este tipo de decisión es permitido, siempre y cuando no exista controversia sobre los hechos principales del caso.

InDiario intentó contactar sin éxito a los cuatro abogados que representaron a CAF para conocer si solicitarán revisar la determinación. En llamada telefónica a las tres de la tarde de ayer, jueves, una recepcionista indicó que uno de los letrados de récord estaba de almuerzo, mientras que los restantes se encontraban reunidos.

“La función principal de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (Autoridad) es promover una industria portuaria sólida, enmarcada en las leyes y regulaciones vigentes. Reconocemos que la sentencia emitida por el Tribunal atendió el reclamo principal de la Autoridad en relación al asunto del desahucio. Sin embargo, por aún la misma no ser ‘final y firme’, no estamos en posición de emitir más comentarios sobre el caso”, sostuvo a este medio el nuevo director de Puertos designado por la gobernadora Jenniffer González y confirmado por la Junta de Directores de la corporación pública, licenciado Norberto Negrón Díaz.

La disputa comenzó el 20 de agosto de 2021, cuando Puertos presentó una demanda de desahucio en precario, alegando que CAF ocupaba ilegalmente los terrenos desde 2013. En ese momento, el director ejecutivo de la corporación pública lo era el licenciado Joel Pizá Batiz, quien culminó su mandato el pasado 31 de diciembre tras ocuparlo por espacio de 5 años.

Según la demanda, la relación contractual entre ambas partes comenzó el 24 de octubre de 1988, cuando Puertos arrendó a CAF un lote de 744,021.79 pies cuadrados en los predios del aeropuerto. El contrato tenía una duración inicial de 25 años, con opción a dos extensiones de cinco años cada una, pero debía ser renegociado al vencerse.

El contrato finalizó el 1 de septiembre de 2013 y, según Puertos, nunca se renovó. Ante ello, la agencia envió una carta a CAF el 21 de enero de 2021, exigiendo la devolución de los terrenos antes del 31 de enero de ese año, pero la empresa no cumplió con la solicitud, de acuerdo con las alegaciones de la reclamación judicial que fue resueltaparcialmente hoy.

La Autoridad de los Puertos también argumentó en su demanda que, al mantenerse en posesión de los terrenos sin un contrato válido, CAF limitaba los derechos propietarios del Estado e impedía su uso en beneficio del pueblo de Puerto Rico.

Este fallo fortalece la posición que tuvo Puertos bajo la dirección de Pizá Batiz en su intento por recuperar propiedades estratégicas dentro del aeropuerto y podría servir como precedente en disputas futuras sobre arrendamientos en terrenos públicos. CAF, por su parte, tiene la opción de apelar, pero deberá presentar la fianza impuesta por el tribunal para proceder con el recurso legal.