FBI podría investigar plugola y payola en medios: necesitan evidencia

El "pay for play" ha sido un tema en auge para la opinión pública pero no así en la esfera federal, todavía

Por Rafelli Gonzalez
Policía y Tribunales|May 20, 2025
(Francisco Rodríguez-Burns / InDiario)
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El fenómeno de la plugola —el uso encubierto de medios para favorecer intereses políticos o comerciales a cambio de dinero— ha sido objeto de creciente escrutinio público y judicial en Puerto Rico.

Así lo hizo constar InDiario durante su turno de preguntas en una mesa redonda con la nueva jefatura del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) desde la oficina de campo en San Juan el pasado viernes.

El encuentro fue encabezado por el nuevo Special Agent in Charge, Devin Kowalski, y el Assistant Special Agent de la rama criminal, Guillermo González, quienes sin soltar prenda sobre si existen o no pesquisas de este tipo, afirmaron que investigarían estos esquemas siempre y cuando se presentan denuncias fundamentadas.

Tanto Kowalski, quien fue confirmado en propiedad para liderar la oficina de la ciudad capital e Islas Vírgenes por el director de la agencia a nivel nacional, Kash Patel, el pasado 21 de abril, como el subdirector del área penal González, respondieron preguntas sobre si abrirían pesquisas relacionadas a esquemas de 'pay for play' en los medios de comunicación de Puerto Rico.

“La corrupción pública está entre las prioridades de la oficina. Si hay alegaciones creíbles que incluyan plugola en medios y existe una base factual, entonces podríamos investigar”, dijo Kowalski de forma escueta tras admitir que no tenía conocimiento directo sobre esa práctica en la Isla por ser nuevo en el puesto.

Sin embargo, el agente González tomó el micrófono para aclarar que toda alegación de este tipo debe ser evaluada con rigor.

“Si el público se acerca a nosotros y nos brinda la información, la evaluamos, la validamos y, junto con la fiscalía federal, determinamos si se trata de un delito federal", acotó.

En sus respuestas a InDiario, ambos subrayaron que proteger la libertad de prensa y la reputación de personas inocentes es fundamental, por lo que las investigaciones se manejan con prudencia. Sin embargo y a preguntas de seguimiento, el periodista de Noticel, Juan Costa, provocó que el jefe del FBI abundara más en su respuesta inicial, al indagar en su pregunta sobre si ese tipo de esquema constituye una prioridad activa de investigación para la oficina del FBI en San Juan o si simplemente dependen de recibir querellas para actuar.

Kowalski reafirmó que la corrupción pública es una de las prioridades de la oficina y dijo que si una alegación de plugola o pay for play en medios está vinculada a ese tipo de corrupción puede ser investigada, pero evitó confirmar que se trate de un enfoque proactivo específico.

“Revisé nuestras prioridades como oficina, que son consistentes con las prioridades del FBI a nivel nacional, y la corrupción pública está incluida ahí", manifestó.

Empero, admitió que no pueden enfocarse exclusivamente en uno o dos delitos como el tema de la plugola, pues deben mantener conciencia situacional ante múltiples amenazas como crimen organizado, seguridad nacional, cibercrimen y otras conductas delictivas de mayor inminencia.

“Si uno se enfoca demasiado en uno o dos temas específicos, pierde visibilidad del resto de amenazas. Prestamos mucha atención a todo y, si algo surge como problema, redirigimos nuestros recursos para enfrentarlo”, puntualizó, dejando claro que investigar esquemas de plugola en medios es posible dentro del marco de corrupción pública, pero no forma parte de un plan de acción prioritario a menos que surja evidencia concreta que así o justifique.

El caso de Sixto George reveló pagos, presión y nombres reconocidos

El caso más relevante en el ámbito federal sobre manipulación mediática es el de Sixto Jorge “George” Díaz Colón, productor sentenciado por cargos de extorsión y obstrucción a la justicia.

Según el pliego acusatorio y los testimonios en corte, Díaz Colón buscó beneficiarse económicamente ofreciendo “control narrativo” en los medios a favor del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

En una reunión con el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, Díaz Colón pidió $300,000, contratos y acceso para influir positivamente en la imagen del gobierno. Maceira rechazó los acercamientos y cooperó con las autoridades federales al acceder a grabar en secreto las reuniones con el productor y testificar en su contra durante el juicio.

Entre los nombres mencionados por Díaz Colón como posibles aliados mediáticos se encontraban personalidades como Rocky The Kid, Molusco, La Burbu y Red Shadow. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si estas figuras están bajo investigación federal por los actos mencionados o si están cooperando activamente con las autoridades.

Además, el exsenador Jorge de Castro Font también declaró en televisión nacional que Díaz Colón le ofreció dinero para expresar opiniones favorables en radio a nombre de intereses privados, oferta que rechazó. Según su testimonio, fue retirado de un programa radial luego de negarse a participar del esquema.

El chat de Telegram filtrado en 2019, que provocó la caída del gobernador Rosselló, también exhibió un esfuerzo coordinado entre varios de sus participantes para influenciar la opinión pública y atacar adversarios políticos mediante estrategias de comunicación encubierta.

En las 889 páginas del chat, Rosselló y algunas figuras de su círculo íntimo discutieron tácticas para manipular la narrativa pública, ridiculizar a opositores, desacreditar periodistas y utilizar redes sociales y medios como herramientas de propaganda.

Aunque no se hace mención explícita a pagos ilegales, el tono y el contenido evidencian un interés por controlar la cobertura mediática de manera informal o indirecta.

“El mayor reto que enfrentamos es que muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo. Puede ser porque las personas no reconocen que lo que viven son crímenes federales o porque existe desconfianza hacia las autoridades. Queremos que el público nos dé la oportunidad de ayudar. Si suena nuestro teléfono todo el día con denuncias legítimas, pondré a 50 personas a contestarlo", apuntaló Kowalski sin hacer mención directa a estas instancias y con hermetismo para evitar revelar si existen o no investigaciones en curso sobre este tema.