No Ha Lugar a Physicians Correctional para detener cancelación de contrato con Corrección

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió una sentencia parcial que marca un giro significativo en la disputa legal entre la empresa Physician Correctional y el Gobierno de Puerto Rico tras la cancelación de su contrato con el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR)

Aunque la jueza Thainie Reyes Ramírez, denegó el interdicto preliminar solicitado por la parte demandante que buscaba frenar la decisión tomada por el DCR, también rechazó la solicitud del Estado de desestimar la totalidad de la demanda, lo que permite que el caso continúe por la vía civil ordinaria.

La empresa alega que la cancelación de su contrato para ofrecer servicios médicos en las cárceles fue impulsada por represalias político-partidistas, luego de que sus principales oficiales expresaran públicamente su apoyo al entonces gobernador Pedro Pierluisi durante la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP). Según la demanda, esa acción se convirtió en blanco de la actual administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien habría prometido en campaña cancelar el acuerdo.

Physician sostiene que el contrato vigente hasta 2028 fue finalizado sin seguir el proceso establecido en su cláusula 21, que exige notificación formal y oportunidad de subsanar cualquier alegado incumplimiento. También denuncia que la cancelación ocurrió simultáneamente a una nueva convocatoria de propuestas para contratar a otra entidad, lo que de acuerdo con la reclamación judicial violenta la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) y órdenes federales del caso Morales Feliciano v. Calderón Serra.

La jueza concluyó que, aunque Physician no logró demostrar que enfrenta un daño irreparable que justifique un interdicto, sí planteó causas de acción válidas sobre violación de derechos constitucionales, incluyendo libertad de expresión y debido proceso de ley, además de controversias contractuales que deben atenderse en el trámite ordinario.

Esto significa que la empresa no podrá frenar de inmediato el proceso de nueva contratación ni obligar a Corrección a restituir el contrato mientras se resuelve el pleito. No obstante, el Tribunal dejó abierta la puerta para que la controversia sea ventilada en su fondo, incluyendo la solicitud de una sentencia declaratoria y los reclamos bajo la ley federal por supuestas violaciones de derechos civiles.

Physician también denuncia que los informes utilizados por el DCR para justificar la cancelación provienen de la firma UTICORP, la cual según la parte demandante carecía de experiencia en salud correccional, incurrió en conflictos de interés y no tuvo acceso completo al expediente médico del caso sobre la excarcelación del confinado Hermes Ávila Vázquez, quien luego asesinó a Ivette Joan Meléndez el 21 de abril de 2024 mientras se encontraba con el beneficio de un pase extendido.

En específico y según la demanda incoada por Physician Correctional, Ávila Vázquez fue diagnosticado médicamente por más de una década con paraplejia orgánica primaria y otras condiciones severas como mielopatía, vejiga neurogénica, síndrome de cauda equina y compresión del cordón espinal, tras varios accidentes y procedimientos quirúrgicos realizados por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

Sin embargo, luego de que Ávila Vázquez asesinara a la fémina tras recibir el pase emitido por el DCR, surgieron señalamientos de que la condición médica que justificó su excarcelación habría sido fingida o exagerada, con base en un informe de la firma UTICORP. Dicha empresa, contratada por el DCR, cuestionó la validez del diagnóstico que permitió su pase extendido y concluyó que no estaba “sostenido en los récords médicos disponibles”.

Physician rechazó esa interpretación y argumentó que 41 médicos especialistas de la CFSE, junto con un panel de cuatro médicos del Programa de Salud Correccional, evaluaron al confinado y concluyeron tras años de tratamiento que, efectivamente, sufría una condición fisiológica incapacitante. Incluso, luego del asesinato, el Dr. Eduardo Nadal Ortiz, director de la Unidad de Lesión del Cordón Espinal de la CFSE, ratificó el diagnóstico de paraplejia mediante un examen ASIA realizado en mayo de 2024, de acuerdo con la reclamación judicial.

La controversia continuará su curso en el proceso judicial ordinario, mientras el Departamento de Corrección sigue adelante con el proceso para contratar a un nuevo proveedor. La fecha clave para conocer si el Estado adjudicará un nuevo contrato será después del 31 de julio de 2025, según lo indicado en la carta de cancelación.