Otro revés para la Oficina de Ética Gubernamental

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la decisión de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el caso contra Elí Díaz Atienza, expresidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). La sentencia —emitida el 2 de diciembre de 2025 por el juez asociado Luis F. Estrella Martínez— concluyó que la OEG no cumplió con el estándar probatorio requerido para imponer sanciones bajo el Art. 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental.

El caso se originó por una querella presentada el 23 de diciembre de 2020, en la que la OEG alegó que Díaz Atienza autorizó irregularmente al entonces vicepresidente ejecutivo de la AAA, Arroyo Muñiz, a utilizar un vehículo oficial asignado a instalaciones en Aguadilla, en lugar de utilizarlo desde la sede de San Juan. Según la agencia, esa autorización habría constituido un “beneficio no permitido por ley”.

En la página 31 del documento, el Tribunal Supremo fue categórico:

“Concluimos que la OEG no cumplió con su obligación de probar, mediante prueba clara, robusta y convincente, todos los elementos del Art. 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012.”

De acuerdo con la decisión, la evidencia presentada por la OEG no demostró que el funcionario hubiese otorgado un beneficio ilegal o recibido uno para sí o para terceros. El Tribunal indicó que la utilización del vehículo oficial ocurrió “en el pleno ejercicio de las facultades inherentes al cargo de Presidente Ejecutivo de la AAA”.

La sentencia revoca también la decisión previa del Tribunal de Apelaciones, que había confirmado la sanción administrativa. Con la revocación, queda sin efecto la multa impuesta por Ética, que ascendía a $2,000.

El revés para la Oficina de Ética ocurre poco después de que el Tribunal de Apelaciones también revocara las multas impuestas al senador Héctor Joaquín Sánchez, concluyendo —según reseñó INDIARIO— que la agencia no presentó “prueba clara, robusta y convincente” para sostener las imputaciones. En ese caso, Ética alegó presiones indebidas durante el proceso de selección del “Maestro del Año 2021-2022”, pero el tribunal determinó que los señalamientos se basaban en recortes de prensa, percepciones de terceros y testimonios insuficientes para sancionar administrativamente. Representación legal

El exfuncionario fue representado ante el Tribunal Supremo por el Lcdo. Edgardo Rivera García, ex juez asociado del Tribunal Supremo y special counsel de MZLS LLC, el Lcdo. Andrés Guillemard Noble de Nachman & Guillemard y el Lcdo. Joel Cosme junto a otros abogados del equipo legal del ex funcionario.