Federales acusan ganga de Añasco por narco y asesinatos
El caso incluye seis acusados, 23 cargos y una pesquisa bajo la ley RICO
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Autoridades federales hicieron pública este martes una acusación de 23 cargos contra seis presuntos miembros de una organización criminal transnacional con base en Añasco, señalada por operar una estructura de narcotráfico a gran escala, lavado de dinero, delitos de armas de fuego y actos violentos, incluyendo asesinatos.
El fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, anunció que el pliego fue emitido por un gran jurado federal e incluye imputaciones bajo la ley federal contra el crimen organizado, conocida como RICO Act, además de cargos por asesinato, narcotráfico, lavado de dinero y delitos relacionados con armas. Primera Hora reseñó que el operativo federal se realizó desde horas de la madrugada en la zona oeste, con presencia de autoridades en sectores de Añasco y Rincón.
“Esta acusación no solo alega delitos violentos, sino que también alega que estos delitos se cometieron abiertamente y con descaro, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”, sostuvo Muldrow durante la conferencia de prensa federal.
Los acusados fueron identificados como Manuel Antonio Valentín-Vega, alias “Nano” o “El Viejo”; Rafael Ángel Ruiz-Garcés, alias “Pito Rancho”, “Pito” o “El Flaco”; César E. Carrero-Martínez, alias “Waldy”; Jonathan Hernández-Ruiz, alias “Tan”; Luis J. Irizarry-Zapata, alias “Luijo”; y Luis F. Rivera-Quiñonez, alias “Nino”.
Valentín-Vega es propietario del Centro Agrícola El Rancho, en el barrio Piñales de Añasco, e hijo del exalcalde popular de Añasco, Antonio Valentín. Las autoridades lo describen como figura de liderato dentro de la organización imputada.
De acuerdo con la acusación federal, la organización operaba en coordinación con fuentes de suministro en Venezuela, Colombia y República Dominicana, desde donde presuntamente importaba cargamentos de cocaína hacia Puerto Rico mediante embarcaciones. Parte de esa droga, según las autoridades, era movida posteriormente hacia Estados Unidos continental.
El pliego sostiene que la organización utilizaba ganancias del narcotráfico para comprar armas, municiones, vehículos, embarcaciones, propiedades inmuebles y espacios para almacenar sustancias controladas. Los acusados, según la teoría federal, cumplían distintas funciones dentro de la estructura: líderes principales, lugartenientes, transportistas, lavadores de dinero y ejecutores.
Las autoridades también alegan que la violencia era parte del funcionamiento de la red. Según la acusación, los actos violentos buscaban proteger las operaciones del grupo, intimidar a organizaciones rivales, preservar su reputación en el bajo mundo y evitar la intervención de las autoridades.
Partes de prensa ubican a Valentín-Vega como secuestrado en abril de 2020 por una organización rival, episodio que habría desatado una lucha criminal en la zona oeste. A esa pugna, según el reporte, las autoridades vinculan un ataque ocurrido en mayo de 2020 en el que murieron la niña Roseliam Torres Henríquez, de ocho años, y su madre, Yesenia M. Henríquez Rivera, de 31.
El caso cobra mayor peso por el uso de la ley RICO, una herramienta federal creada para perseguir estructuras criminales organizadas y no solo delitos individuales. Bajo ese estatuto, el gobierno federal puede intentar demostrar que los acusados actuaban como parte de una empresa criminal con funciones, jerarquías y objetivos comunes.
En el operativo participaron múltiples agencias federales, entre ellas Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI, la DEA, la ATF, el IRS y el Servicio de Inspección Postal, según la información divulgada en la conferencia de prensa federal y reseñada por Primera Hora.
De ser encontrados culpables, los acusados se exponen a severas penas de prisión, incluyendo cadena perpetua y hasta pena de muerte en algunos cargos.
