Renuncia jueza del Supremo de Utah en medio de controversia electoral
Diana Hagen dejó el Supremo estatal tras señalamientos por abogado ligado a pleitos de redistribución electoral
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
La jueza Diana Hagen renunció de forma inmediata al Tribunal Supremo de Utah en medio de una controversia ética vinculada a un abogado que participó en litigios de redistribución electoral, un tema que ha cobrado nueva fuerza en Estados Unidos por su impacto directo en el balance de poder político.
La dimisión fue confirmada el viernes por la oficina del gobernador republicano Spencer Cox, que informó haber recibido la carta de renuncia de Hagen y adelantó que en los próximos días anunciará el proceso para llenar la vacante. La salida fue efectiva de inmediato.
Aunque Hagen negó haber cometido irregularidades, la controversia surgió tras una querella ante la Comisión de Conducta Judicial de Utah en la que se alegó una relación inapropiada con el abogado David Reymann, quien había representado a demandantes en un caso de alto perfil contra el mapa congresional aprobado por la Legislatura estatal. KSL reportó que ese pleito desembocó en la adopción de un nuevo mapa congresional el pasado noviembre.
La controversia toca una fibra política sensible. Reymann participó en litigios impulsados por sectores que impugnaron los mapas aprobados por la Legislatura republicana de Utah, dentro de una batalla nacional en la que los tribunales estatales han cobrado protagonismo sobre asuntos que pueden alterar la composición de la Cámara federal en Washington.
Según Deseret News, la querella alegaba que Hagen sostuvo una relación impropia con un abogado que compareció ante el tribunal en el caso sobre los mapas congresionales. Tanto Hagen como Reymann negaron que existiera una relación inapropiada. La jueza sostuvo que se recusó posteriormente del caso para evitar un posible conflicto de interés.
En su carta de renuncia, Hagen defendió su trayectoria y aseguró que durante su carrera como fiscal, jueza apelativa y jueza del Supremo estatal cumplió con su juramento constitucional y con las obligaciones éticas de la judicatura. También indicó que tomó la decisión para proteger la privacidad de su familia y evitar que la controversia afectara el funcionamiento del poder judicial.
La Comisión de Conducta Judicial había descartado continuar con la querella tras una investigación preliminar. Sin embargo, el gobernador Cox y líderes legislativos republicanos cuestionaron públicamente si el organismo manejó el asunto con suficiente rigor. Tras la renuncia, Cox, el presidente del Senado estatal Stuart Adams, el presidente cameral Mike Schultz y el presidente del Tribunal Supremo de Utah, Matthew Durrant, anunciaron que trabajarán juntos en posibles reformas a la Comisión para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
La presión política sobre Hagen ya venía en aumento. De acuerdo con Deseret News, el presidente del Partido Republicano de Utah, Rob Axson, había impulsado una campaña para que los electores votaran en contra de la retención de Hagen y de otra jueza del Supremo estatal en las elecciones de noviembre, como respuesta a decisiones judiciales relacionadas con la autoridad legislativa sobre la redistribución electoral.
Hagen fue nombrada al Tribunal Supremo de Utah en marzo de 2022 por el propio gobernador Cox. Antes de llegar al máximo foro estatal, sirvió por casi cinco años en el Tribunal de Apelaciones de Utah y tuvo una carrera previa como fiscal federal en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Utah.
La renuncia deja una vacante en uno de los tribunales estatales que ha estado en el centro de una disputa mayor sobre mapas electorales, separación de poderes y el alcance de los jueces al revisar decisiones tomadas por legislaturas electas.
Para los republicanos de Utah, el caso refuerza los reclamos de mayor transparencia y control sobre la conducta judicial, particularmente cuando los tribunales intervienen en controversias electorales de alto voltaje político. Para sus defensores, la salida de Hagen responde a una presión política intensa alrededor de una controversia personal que la propia jueza negó.
Lo cierto es que, en plena guerra nacional por la redistribución electoral, la salida de una jueza del Supremo de Utah vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta clave: hasta dónde puede llegar el poder judicial estatal cuando sus decisiones tienen consecuencias directas sobre el mapa político de Estados Unidos.
