Te explicamos la guerra de distritos en Estados Unidos

Una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos encendió una nueva guerra política por el control de la Cámara federal, y aunque parezca un asunto lejano para Puerto Rico, sus efectos pueden tocar fondos de salud, asignaciones federales, política contributiva, recuperación de desastres y cualquier discusión seria sobre el status.

El caso se llama Louisiana v. Callais. En una decisión 6-3 emitida el 29 de abril de 2026, la mayoría conservadora del Supremo invalidó un mapa congresional de Luisiana que había creado un segundo distrito de mayoría afroamericana. Para el tribunal, ese mapa cruzó una línea constitucional: utilizó la raza como criterio dominante sin que la Ley de Derechos Electorales lo exigiera. El juez Samuel Alito escribió que la Sección 2 del Voting Rights Act fue diseñada para hacer cumplir la Constitución, “no para chocar con ella”. 

En términos simples, el Supremo dijo que los estados no están obligados a dibujar distritos para garantizar representación proporcional por raza. La mayoría sostuvo que los estados pueden tomar en cuenta criterios tradicionales como compactación, continuidad territorial, protección de comunidades, preservación de subdivisiones políticas e incluso ventaja partidista, siempre que no haya discrimen racial inconstitucional. Cabe destacar que así se realiza en Puerto Rico desde 1952.

Ahí comienza la controversia. Para los republicanos, la decisión corrige años de mapas construidos bajo presión judicial y bajo una lectura excesiva de la Ley de Derechos Electorales. Su argumento es que el voto en Estados Unidos debe organizarse por ciudadanía, geografía y reglas constitucionales neutrales, no por cuotas raciales. Desde esa mirada conservadora, lo ocurrido no es un “robo”, sino una devolución de poder a las legislaturas estatales, que son las llamadas a trazar los distritos conforme al sistema federal americano.

Para los demócratas, en cambio, el fallo abre la puerta a una ofensiva republicana para reducir distritos donde afroamericanos y otras minorías han podido elegir candidatos de su preferencia. La jueza Elena Kagan, en disenso junto a Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, acusó a la mayoría de completar la “demolición” de la Ley de Derechos Electorales. Su argumento es que exigir prueba de intención racial, y no solo efecto discriminatorio, hará casi imposible ganar demandas por dilución del voto minoritario. 

La palabra clave es gerrymandering. Significa manipular distritos electorales para favorecer a un partido, proteger incumbentes o diluir el poder de ciertos grupos de votantes. Puede hacerse “empacando” votantes de un partido en pocos distritos o “partiéndolos” entre varios para que no puedan formar mayoría. En Estados Unidos ambos partidos lo han utilizado cuando tienen el control de legislaturas estatales.

La diferencia ahora es que la decisión del Supremo llegó en medio de una redistribución electoral de mitad de década poco común. Normalmente, los distritos se redibujan cada diez años, después del Censo. Sin embargo, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales informó que en 2025 y 2026 los estados están redibujando mapas a un ritmo no visto desde el siglo XIX. Ocho estados ya han implementado nuevos mapas congresionales: California, Florida, Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Tennessee, Texas y Utah. 

Los republicanos han movido ficha en estados del sur y del centro del país, donde dominan legislaturas y gobernaciones. Luisiana, Alabama, Florida y Tennessee figuran entre los territorios donde se evalúan o impulsan cambios tras el fallo. Según Associated Press, la decisión debilitó una de las barreras nacionales que limitaban mapas partidistas cuando afectaban distritos de mayoría minoritaria. 

El presidente Donald Trump también ha alentado a los estados republicanos a actuar rápido. Según AP, Trump escribió en redes que las legislaturas estatales deben hacer lo que el Supremo permite, y sostuvo que los republicanos podrían ganar hasta 20 escaños mediante redistribución. 

La respuesta demócrata ha sido admitir, en la práctica, que tampoco se quedarán cruzados de brazos. El líder demócrata en la Cámara federal, Hakeem Jeffries, anunció una iniciativa en Nueva York para explorar nuevos mapas y dijo que los demócratas no se van a “desarmar unilateralmente”. Jeffries acusó a los republicanos de intentar construir una mayoría “MAGA” con mapas amañados, y resumió su estrategia con una frase clara: “demandaremos, redibujaremos y ganaremos”. 

Esa reacción revela el punto central: aunque los demócratas denuncian un robo republicano, también están buscando redibujar mapas donde tienen poder político. California y Nueva York son ejemplos de estados azules donde se han discutido o impulsado respuestas para compensar los avances republicanos. El Cook Political Report mantiene un rastreador nacional precisamente porque el mapa congresional está en movimiento y los posibles cambios pueden alterar el balance de poder en Washington. 

Para Puerto Rico, el asunto debe mirarse sin ingenuidad. La Isla no tiene representación congresional con voto, pero depende de decisiones que salen de esa Cámara: Medicaid, Medicare, fondos de reconstrucción, SNAP, política energética, impuestos federales y trato territorial. Si la redistribución electoral fortalece una mayoría republicana, el Congreso puede moverse hacia una agenda más conservadora, de mayor control fiscal, menos expansión de programas federales y mayor énfasis en seguridad, frontera, energía y disciplina presupuestaria.

Para el analista político y ex secretario general del PPD, Juan Luis Camacho, "la pregunta de fondo no debe ser si los republicanos están aprovechando una oportunidad política. Claro que lo están. Lo mismo han hecho los demócratas. La pregunta correcta es si las reglas anteriores obligaban a los estados a organizar ciudadanos por raza, y si eso es compatible con una Constitución que promete igual protección bajo la ley. Esa fue la respuesta del Supremo: no se puede combatir discrimen creando nuevas fórmulas de clasificación racial."

"Pero tampoco se puede ignorar el riesgo político. Si ambos partidos convierten cada estado en un laboratorio para blindar escaños, el Congreso podría terminar siendo menos competitivo y más polarizado. La diferencia es que el remedio no necesariamente debe venir de jueces federales inventando mapas, sino de reglas claras aprobadas por legislaturas, enmiendas estatales, comisiones independientes donde cada estado las adopte, y elecciones donde los votantes castiguen a quienes abusen del poder" sostuvo Camacho Semidei.

"En Puerto Rico algunos medios han obviado el tema, otros lo acomodan para defender la postura demócrata, por el canibalismo que algunos tienen contra Trump. Pero nosotros aqui en la Isla rehacemos los mapas electorales cada 10 años por mandato constitucional, con un organismo colegiado que incluye un representante de los dos partidos principales, y el Juez Presidente del Supremo. Y no se hacen distritos por minorías o por asuntos externos. El calculo es simplemente población. Que los 8 distritos senatoriales tengan la misma proporción de población, y luego se trabajan los representativos, haciendo cinco escaños camerales por cada distrito senatorial. La última se realizó en 2021-22 y rigió ya para las elecciones del 2024. El próximo cambio sería para el 2032, luego del censo del 2030", explicó.

La batalla por los distritos en Estados Unidos no es una pelea técnica de cartógrafos. Es una guerra por quién controla la Cámara federal. Los demócratas la presentan como un ataque a minorías y a la democracia. Los republicanos la presentan como una corrección constitucional contra mapas raciales y ventajas demócratas disfrazadas de derechos civiles. Para Puerto Rico, lo importante es entender que detrás de esas líneas en un mapa se decide buena parte del poder que luego afecta a la Isla, aunque la Isla no tenga voto para decidirlo.