FEI investigará caso de OGPe y señalamientos al alto mando

El caso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) entró oficialmente en una nueva etapa investigativa luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designara fiscales especiales independientes para investigar posibles actuaciones ilegales de dos exfuncionarios de esa dependencia, en medio de una controversia que ya toca al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, La Fortaleza y al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

La determinación del Panel recae sobre Norberto Almodóvar Vélez, exsecretario auxiliar de la OGPe, y Charlene Neuman Rivera, exjefa de personal de esa oficina. Ambos serán investigados por alegadas irregularidades relacionadas con un proceso competitivo para la contratación de servicios profesionales o de publicidad con fondos federales administrados por la OGPe.

Las fiscales especiales independientes designadas son Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón, quienes tendrán 90 días para realizar la investigación a fondo y determinar si procede la presentación de cargos criminales ante los tribunales.

La pesquisa surge tras un referido del Departamento de Justicia, luego de una investigación preliminar de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Justicia concluyó que existía causa suficiente para sostener la posible ocurrencia de conductas comprendidas dentro de disposiciones penales y éticas.

En el caso de Almodóvar Vélez, se investigarán posibles violaciones al Artículo 254 del Código Penal, sobre intervención indebida en operaciones gubernamentales, y al Artículo 261, relacionado con influencia indebida. También se examinarán posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

En cuanto a Neuman Rivera, el referido apunta a posibles violaciones al Artículo 254 del Código Penal y a disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.

Pero la decisión del Panel no se quedó ahí.

Mientras evaluaba el referido original, la Oficina del Panel recibió una carta del exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard, acompañada de múltiples anejos. En ese documento, Negrón solicitó que se investigaran eventos posteriores al referido inicial, incluyendo presuntas presiones, obstáculos e intervenciones institucionales relacionadas con el manejo interno de la pesquisa en el DDEC.

Aunque el escrito fue presentado como una querella o denuncia, el Panel determinó que debía ser tratado como información adicional dentro del referido original. Aun así, el efecto práctico es significativo: las fiscales especiales deberán evaluar también el contenido de esa carta junto al resto de la prueba.

El Panel sostuvo que no existía impedimento legal para remitir esa información a las fiscales designadas, de modo que puedan examinarla y tomar declaraciones juradas sobre los planteamientos contenidos en el documento.

La decisión abre la puerta a que la investigación no se limite exclusivamente a los dos exfuncionarios de OGPe, sino que también pueda alcanzar a otros funcionarios mencionados en los señalamientos de Negrón Reichard.

Según lo informado públicamente, la presidenta del Panel, Ygrí Rivera Sánchez, explicó que al unirse la información adicional al expediente, las fiscales tendrán que investigar lo allí planteado. Eso incluye los señalamientos que el exsecretario del DDEC hizo contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y otros funcionarios mencionados en su escrito.

El documento de Negrón Reichard ha sido descrito como una pieza central en la controversia. En él, el exfuncionario sostiene que las alegaciones originales surgieron de información provista por dos empleadas del DDEC, quienes habrían denunciado presiones indebidas sobre miembros de un comité evaluador para favorecer a un proponente específico en un proceso de contratación.

Negrón ha alegado que, tras recibir esa información, ordenó detener el proceso y activar una evaluación interna mediante la oficina legal del departamento. Posteriormente, los hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor.

La controversia escaló cuando el exsecretario del DDEC denunció que, luego de esos referidos, surgieron intervenciones desde La Fortaleza y otras instancias gubernamentales que, a su juicio, afectaron la autonomía del departamento y obstaculizaron las acciones administrativas que había iniciado.

Entre los señalamientos más delicados figura la alegación de que se impartieron instrucciones para paralizar suspensiones sumarias contra Almodóvar Vélez y Neuman Rivera, así como planteamientos sobre gestiones relacionadas con decretos de créditos contributivos.

Domenech ha rechazado categóricamente las alegaciones y ha sostenido que contienen afirmaciones incorrectas, carecen de contexto y presentan una versión distorsionada de los hechos. También ha indicado que los asuntos serán aclarados en los foros correspondientes.

La determinación del Panel del FEI cambia el terreno de la controversia. Hasta ahora, el debate público giraba entre versiones encontradas, renuncias, cartas, capturas de pantalla y acusaciones políticas. Con la designación de fiscales especiales, el caso entra en una fase formal de investigación independiente.

También coloca presión adicional sobre La Fortaleza, pues el expediente no solo examinará lo ocurrido en OGPe, sino que podría profundizar en las decisiones tomadas después de que Negrón Reichard elevó los hallazgos a las autoridades.

El Panel también facultó a las fiscales especiales independientes a proceder contra cualquier otro funcionario que haya incurrido en violaciones de ley en relación con los hechos alegados. Esa frase amplía el alcance potencial de la investigación y deja claro que el referido puede crecer según avance la prueba.

La controversia ocurre en momentos en que sectores empresariales y políticos han expresado preocupación por el impacto que las disputas internas del gobierno pueden tener sobre el clima de inversión, la estabilidad institucional y la credibilidad de Puerto Rico ante el sector privado y las agencias federales.

El caso OGPe-DDEC ya no es solo una pugna administrativa entre funcionarios actuales y salientes. Con la intervención del FEI, se convierte en una investigación formal sobre posibles delitos, faltas éticas e intervenciones indebidas dentro de agencias clave para el desarrollo económico del país.

Ahora, las fiscales designadas tendrán que separar ruido político de evidencia, establecer quién intervino, cómo intervino y si esas actuaciones cruzaron la línea de la legalidad.