Justicia federal: Madre e hija esclavizaron a mujer con discapacidad en Carolina

Una madre y su hija, residentes de Carolina, fueron acusadas por un gran jurado federal en Puerto Rico por someter a una mujer con discapacidad intelectual a un patrón de abuso físico y psicológico que incluyó trabajos forzados, mendicidad y fraude, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, Luz María Peña López, de 55 años, y su hija Tatiana Correa Peña, de 36, explotaron a la víctima durante un periodo prolongado, aprovechándose de su vulnerabilidad mental. Ambas enfrentan cargos por conspiración y trabajos forzados, mientras que Peña López también fue imputada por servidumbre mediante documentos.

Su esposo, Enrique Gutiérrez Rivera, de 54 años y policía municipal de Carolina, fue acusado de encubrimiento de delitos por no denunciar el esquema y ayudar a ocultar el uso indebido de los beneficios de Seguro Social de la víctima.

El pliego acusatorio detalla que las acusadas golpeaban a la víctima con objetos como cinturones, palos de escoba y cables, la amenazaban de muerte, la privaban de atención médica e higiene básica, y la obligaban a dormir en un espacio donde antes se guardaban cabras y gallos, que a veces era cerrado con candado durante la noche.

Además, las autoridades alegan que las acusadas le suministraban drogas o medicamentos sin receta, y se apropiaban de sus beneficios mensuales de incapacidad del Seguro Social para su uso personal, negándole incluso artículos básicos como ropa, cepillos de dientes, desodorante y productos de higiene femenina.

“El Departamento de Justicia condena el abuso y los trabajos forzados infligidos a esta víctima discapacitada, según se alega en la acusación, y estamos comprometidos a asegurar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley”, expresó la fiscal federal adjunta Harmeet K. Dhillon, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

El FBI encabeza la investigación, mientras que el caso está a cargo de la fiscal federal auxiliar Daynelle Álvarez y la abogada Jessica Arco de la Unidad de Procesamiento de Tráfico Humano del Departamento de Justicia.

El delito de trabajos forzados conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal, mientras que el cargo de ocultamiento de delito puede implicar hasta tres años de cárcel.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información sobre el caso a comunicarse con la Oficina del FBI en Puerto Rico al 1-787-987-6500. Si usted o alguien que conoce es víctima de trata humana, puede llamar a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888.

Una acusación es solo una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.