PFEI radica cargos contra excontratista de la Cámara y exdirectora de la Autoridad de Tierras por trabajo que nunca se hizo
INDIARIO supo que a Dorally Rivera Martinez enfrentará un solo cargo mientras que "Joe" Huertas y su empresa enfrentan múltiples delitos por desviar $1.2M
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La jueza superior Irmarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa probable para arresto contra el contratista José Miguel “Joe” Huertas Torres, su empresa 3T Industrial & General Contractor y la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico (AT), Dorally Rivera Martínez, por múltiples delitos de malversación de fondos públicos, fraude y lavado de dinero.
La determinación judicial se produjo tras la radicación de denuncias criminales esta mañana por parte de los Fiscales Especiales Independientes Zulma Fúster Troche, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Ramón Mendoza Rosario, según confirmó oficialmente el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
El caso está vinculado a la canalización de la Quebrada Margarita en Guaynabo, una obra que nunca se realizó a pesar de que se destinaron $1.2 millones en fondos públicos. Esa cantidad corresponde a una parte de una presunta malversación total de 7 millones de dólares dentro del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras, actualmente bajo investigación.
De acuerdo con el comunicado del PFEI, la pesquisa reveló que se utilizó propiedad pública para fines personales y que se desviaron fondos del erario para propósitos contrarios a la ley, en violación de varios artículos del Código Penal de Puerto Rico.
Entre los delitos imputados figuran negligencia en el cumplimiento del deber, lavado de dinero, apropiación ilegal agravada, fraude, apropiación ilegal de identidad, falsificación de documentos, falsedad ideológica, archivo de documentos falsos, perjurio, impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos, tentativa de destrucción de pruebas y fraude o engaño sobre testigos.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente explicó que el caso se originó tras una recomendación del Departamento de Justicia, que llevó a la designación de fiscales especiales para examinar la gestión de los fondos públicos asignados al programa de infraestructura.
Aunque las denuncias presentadas hoy abarcan solo el tramo de $1.2 millones correspondientes a la obra de la quebrada, el PFEI confirmó que la investigación sigue abierta y en curso y que podrían radicarse cargos adicionales conforme se amplíen los hallazgos del caso.