Se complica la "intervención ilegal" de alcalde de Las Piedras que removió boletos de tránsito

La designada secretaria del Departamento de Justicia, Janet Parra, fue exigida a intervenir e investigar un incidente protagonizado por el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky” López Rivera, quien fue captado en video increpando a agentes de la Policía Estatal y ocupando boletos de tránsito ya expedidos durante un evento deportivo celebrado el pasado viernes en ese municipio.

La denuncia fue hecha por Nina Valedón, exsubsecretaria del Partido Popular Democrático (PPD) y actual integrante de la Junta de Gobierno de la colectividad, quien cuestionó el silencio de las autoridades ante lo que describió como una “intervención indebida” y potencialmente ilegal por parte del ejecutivo municipal.

InDiario supo que la miembro de la colectividad una petición a Justicia tan pronto la agencia retorne del receso por Semana Santa otorgado por la gobernadora Jenniffer González Colón.

“El alcalde de Las Piedras increpa a varios miembros de la uniformada y retira boletos de tránsito emitidos por estos. El video fue difundido y denunciado por miembros de la uniformada de manera cibernética. De hecho, el alcalde López fue a la radio a admitir los hechos, e incluso amenazó con someter una Ordenanza Municipal para legalizar lo que a todas luces es, además de una imprudencia, una ilegalidad”, afirmó Valedón en declaraciones escritas.

Según reportes de prensa, el incidente ocurrió cerca del estadio municipal, cuando agentes del Negociado de la Policía emitían multas a vehículos estacionados en el área. El alcalde argumentó en entrevista radial con WALO Radio que la Policía Municipal había autorizado el uso del espacio para estacionamiento durante el evento, y anunció que evaluará someter una ordenanza para eximir de multas a los asistentes a actividades deportivas en la zona.

No obstante, Valedón recalcó que, más allá de una diferencia de criterios entre cuerpos policiacos, el acto de intervenir directamente con agentes en funciones y remover documentos oficiales podría constituir una violación de ley.

“En la medida en que este tipo de situaciones quedan sin investigar, se abren las puertas a la impunidad por un lado, y a que la ciudadanía pierda la fe y el respeto en las instituciones de gobierno”, advirtió.

Hasta el momento, ni el Departamento de Seguridad Pública ni el Negociado de la Policía Estatal se han expresado oficialmente sobre lo ocurrido.