Supremo allana camino a medida de Trump sobre ciudadanía por nacimiento

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó hoy, viernes, que los jueces federales no pueden detener políticas presidenciales para toda la nación si solo unas pocas personas o entidades son parte de la demanda.

Esta decisión de 6-3 permite al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, avanzar con su orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía estadounidense automática a ciertos niños nacidos en el país, aunque queda sin resolver aún si esa política es o no constitucional.

La orden ejecutiva, titulada "Protecting the Meaning and Value of American Citizenship", establece que no se considerará ciudadanas a las personas nacidas en Estados Unidos si sus padres no tienen estatus legal. El decreto había sido bloqueado por tribunales inferiores que emitieron interdictos con efecto nacional. Ahora, el Supremo limitó ese tipo de órdenes judiciales.

“Los tribunales federales probablemente no tienen autoridad para emitir ‘injunctions universales’ que impidan la aplicación de políticas a personas que no son parte en el caso”, escribió la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria.

La Corte no se expresó sobre si la política de Trump viola la Constitución, pero aclaró que los jueces solo pueden emitir medidas que protejan a quienes presentan la demanda. Es decir, aunque algunas personas seguirán protegidas, la política podrá comenzar a ejecutarse a todas las demás.

“El Judiciary Act de 1789 no autoriza medidas judiciales con alcance nacional si las personas afectadas no están en el caso”, explicó el Tribunal.

En la cuerda floja la ciudadanía por nacimiento

Desde 1898, el caso Wong Kim Ark ha garantizado que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana, sin importar el estatus legal de sus padres. La política de Trump reinterpreta esa protección, algo que expertos legales consideran un golpe directo al principio del jus soli.

“La amenaza hoy es a la ciudadanía por nacimiento. Mañana, otra administración podría intentar confiscar armas o restringir la libertad religiosa”, alertó la jueza Sonia Sotomayor en su disenso.

“Porque no seré cómplice de un ataque tan grave a nuestro sistema legal, disiento”, enfatizó.

La mayoría del Supremo ordenó ajustar los interdictos para que protejan únicamente a los demandantes, y permitió que la orden ejecutiva comience a implementarse en 30 días. El Departamento de Justicia deberá coordinar con los tribunales inferiores para redefinir los límites del bloqueo parcial.

La decisión representa un paso legal crucial para Trump en su esfuerzo por restringir la ciudadanía por nacimiento. No obstante, se anticipan nuevos litigios y desafíos constitucionales que podrían llegar nuevamente al Tribunal Supremo en los próximos meses.