Tribunal Supremo de Estados Unidos permite la prohibición de Trump sobre militares transgénero
De presentarse un certiorari sobre un potencial fallo pendiente en Apelación, la política permanecería vigente hasta la opinión final de la Corte federal


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El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió hoy una orden que permite la entrada en vigor de la política impulsada por el presidente Donald J. Trump que prohíbe que personas transgénero con diagnóstico de disforia de género o que hayan realizado una transición médica sirvan abiertamente en las Fuerzas Armadas.
La decisión se produce en el contexto del caso United States v. Commander Emily Shilling, una piloto transgénero con 19 años de servicio militar y 60 misiones de combate, quien impugnó la política por considerarla discriminatoria. Shilling había obtenido una orden judicial preliminar de un tribunal federal en el estado de Washington el pasado 27 de marzo que bloqueó la implementación de la normativa mientras se evaluaba su legalidad.
No obstante, la solicitud de suspensión (application for stay) presentada por el gobierno federal —identificada en el expediente del Tribunal Supremo como el caso 24A1030— fue referida por la jueza Elena Kagan al pleno del tribunal, que la acogió hoy con efecto inmediato.
“La medida cautelar emitida por el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Washington queda suspendida hasta que se resuelva la apelación en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y, de ser presentada, una solicitud de revisión ante el Tribunal Supremo mediante certiorari”, indica la orden.
En caso de que el Supremo se niegue a revisar el caso, la suspensión se levantaría automáticamente. De concederse el certiorari, la política permanecería vigente hasta la emisión del fallo final del Supremo.
La orden no fue acompañada por una opinión escrita, pero las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson expresaron su oposición y hubiesen denegado la solicitud de suspensión.
La política en cuestión prohíbe el alistamiento o la continuación del servicio de personas transgénero diagnosticadas con disforia de género, salvo bajo condiciones muy limitadas y excepcionales. El gobierno sostiene que la medida responde a preocupaciones sobre la "preparación y eficacia militar", aunque sus críticos —incluyendo organizaciones de derechos civiles y veteranos trans— alegan que se trata de una discriminación injustificada.