Tribunal Supremo respalda a estados que excluyen a Planned Parenthood de Medicaid
Sin hablar sobre el aborto, establecen que la única vía para impugnar decisiones sobre proveedores es a través del procedimiento administrativo
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló ayer, jueves, a favor del derecho de los estados a excluir de sus programas de Medicaid a proveedores como Planned Parenthood, al concluir que los beneficiarios del programa no pueden presentar demandas privadas para impugnar esas decisiones.
La decisión, que representa una victoria importante para sectores conservadores que han criticado durante años el uso de fondos públicos para subvencionar servicios relacionados a Planned Parenthood, se adoptó mediante una votación de 6 a 3.
En la opinión mayoritaria, redactada por el juez Neil Gorsuch, el Tribunal expresó que “la sección 1983 no provee una causa de acción para hacer valer la sección 1396a(a)(23) contra un Estado", lo que significa que, según el Tribunal Supremo, los beneficiarios no pueden usar la ley federal que permite demandar por violaciones de derechos civiles para hacer cumplir en los tribunales su derecho a escoger libremente entre proveedores médicos calificados, como establece la ley de Medicaid.
En la práctica, esto impide que los pacientes demanden a un estado si este decide excluir a un proveedor como Planned Parenthood, incluso si este cumple con los requisitos federales. El Tribunal determinó que ese derecho debe ser supervisado y aplicado exclusivamente por el gobierno federal a través de mecanismos administrativos, no mediante demandas privadas.
¿Qué pasó en el caso?
El caso Joseph Thomas Kerr, et al. v. Planned Parenthood South Atlantic, et al., surgió cuando Carolina del Sur, con apoyo de grupos provida, intentó excluir a Planned Parenthood del listado de proveedores autorizados bajo Medicaid.
El estado argumentó que, aunque la organización provee otros servicios médicos, su asociación con el aborto era motivo suficiente para dejar de considerarla elegible.
El Tribunal coincidió en que el derecho a elegir proveedor dentro de Medicaid no es ejecutable por los tribunales.
“El Congreso ha promulgado una ‘disposición expresa’ para la aplicación administrativa de los requisitos de la Ley de Medicaid a través del Secretario de Salud y Servicios Humanos", escribió Gorsuch quien añadió que "ese esquema exhaustivo de cumplimiento administrativo excluye un derecho privado de acción bajo la sección 1983”.
Grupos conservadores y legisladores provida han celebraron la decisión como un paso hacia mayor autonomía estatal en la gestión de fondos federales y como un freno a la judicialización de políticas de salud. Alegan que, aunque Medicaid no cubre abortos en la mayoría de los casos, los fondos que recibe Planned Parenthood son fungibles y permiten a la organización mantener su infraestructura operativa.
La jueza Sonia Sotomayor, en disenso acompañado por las juezas Kagan y Jackson, denunció que “los pacientes ahora no tienen recurso alguno cuando un Estado les priva de su derecho a escoger entre proveedores calificados para atención médica”.
El fallo podría abrir la puerta a que otros estados liderados por legislaturas conservadoras adopten medidas similares para restringir o eliminar a Planned Parenthood como proveedor en sus sistemas Medicaid.