Adjuntas rechaza señalamientos de Contraloría por contratos

El Municipio de Adjuntas rechazó que haya actuado de manera irregular en la adjudicación de cuatro contratos de construcción y remodelación señalados por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) y aseguró que los fondos públicos utilizados en los proyectos nunca estuvieron en riesgo.

La reacción de la administración del alcalde José Hiram Soto Rivera surge luego de que la Contralora publicara el Informe de Investigación OC-27-22, que concluyó que el Municipio otorgó cuatro contratos sin contar con el mínimo de tres cotizaciones requerido para ese tipo de contratación.

Los contratos fueron otorgados entre junio de 2022 y octubre de 2023, ascendieron conjuntamente a $176,584.66 y estuvieron relacionados con trabajos en instalaciones del Programa Head Start y en una cancha recreativa municipal.

“Quiero ser absolutamente claro: en Adjuntas los fondos públicos y los fondos federales se administraron de manera responsable y transparente, y las obras se realizaron según exige la ley”, manifestó Soto Rivera mediante declaraciones escritas.

Según el alcalde, las cuatro obras fueron completadas satisfactoriamente y actualmente benefician a participantes de Head Start y a usuarios de instalaciones deportivas.

“En ningún caso hubo sobrecostos, fondos malversados o servicios sin entregar: cada dólar asignado se utilizó exactamente para el propósito autorizado”, sostuvo.

Contraloría señala falta de tres cotizaciones

La versión del Municipio contrasta con las conclusiones divulgadas por la Oficina de la Contralora.

La OCPR determinó que Adjuntas incumplió con el Artículo 2.036(i) del Código Municipal de Puerto Rico, al no tener al menos tres cotizaciones para evaluar antes de adjudicar cada uno de los contratos.

La Contralora sostuvo que esa situación limitó la competencia entre proponentes y privó al Municipio de la oportunidad de evaluar cuál oferta resultaba más beneficiosa para el interés público.

El Código Municipal dispone que los contratos para construcción, reparación o reconstrucción de obra o mejora pública que no excedan los $200,000 están excluidos de subasta pública, pero exige la “previa consideración de por lo menos tres cotizaciones” para seleccionar la alternativa más beneficiosa para el municipio.

Adjuntas dice que invitó a más de cuatro proveedores

El Municipio plantea una interpretación distinta de lo ocurrido.

Según la administración municipal, los expedientes contienen evidencia de que en cada proceso se solicitaron cotizaciones a más de cuatro contratistas o proveedores cualificados, superando lo que describe como el mínimo requerido.

Soto Rivera argumentó que algunos proveedores decidieron no presentar ofertas, una circunstancia que —según sostiene— estaba fuera del control del Municipio.

“Que un número de los proveedores invitados optara por no cotizar —una circunstancia común en el mercado de la construcción y fuera del control del Municipio— no invalida el proceso ni constituye una violación cuando, como aquí, la convocatoria fue amplia, oportuna y sin condiciones restrictivas”, manifestó.

La controversia, por tanto, gira en parte sobre una diferencia importante: solicitar tres o más cotizaciones no necesariamente equivale a tener tres cotizaciones para consideración.

El texto del Código Municipal aplicable a estos contratos habla de la consideración de al menos tres cotizaciones. Asimismo, la reglamentación federal citada por el propio Municipio, 2 CFR §200.320, establece para determinadas adquisiciones mediante procedimientos simplificados que las cotizaciones de precio o tarifa deben ser obtenidas de un número adecuado de fuentes cualificadas.

La OCPR concluyó precisamente que en los cuatro contratos investigados no se cumplió con el requisito de contar con las cotizaciones necesarias para efectuar la comparación.

Municipio adopta medidas correctivas

Pese a rechazar que los procesos hayan puesto fondos públicos en riesgo, el Municipio informó que acogió la recomendación de la Contralora y reforzó sus controles administrativos.

Entre las medidas anunciadas se encuentra conservar evidencia expresa de cada invitación enviada a los proveedores, certificar en los expedientes el número de solicitudes de cotización realizadas y fortalecer la supervisión de las compras por parte de la Oficina de Finanzas municipal.

La Contralora había recomendado al alcalde establecer controles para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en futuras contrataciones y pidió al presidente de la Legislatura Municipal dar seguimiento a las acciones correctivas.

“Acogimos la recomendación de la Contralora y ya ejecutamos las acciones correctivas necesarias, porque en esta administración el cumplimiento no es negociable”, afirmó Soto Rivera.

El alcalde insistió en que las obras fueron realizadas, que no hubo pérdida de fondos y que los proyectos continúan prestando servicios a la ciudadanía.

El Informe OC-27-22, sin embargo, mantiene como conclusión oficial de la Oficina de la Contralora que el proceso utilizado para esos cuatro contratos no cumplió con el requisito de las tres cotizaciones, dejando planteada una controversia entre la interpretación del ente fiscalizador y la defensa presentada ahora por el Municipio de Adjuntas.