Alcaldes cuestionan repartición de fondos de tragamonedas

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico reclamó explicaciones públicas sobre la distribución de unos $4.7 millones provenientes de los ingresos generados por las máquinas de juegos de azar, luego de que la Resolución Conjunta del Senado 195 asignara los fondos a solo diez municipios sin detallar los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero, cuestionó que la medida no establezca parámetros claros relacionados con población, niveles de pobreza, situación fiscal municipal, cantidad de máquinas de juegos de azar por pueblo o el nivel de ingresos que cada municipio aporta al fondo.

“Nos preocupa profundamente que no se hayan presentado los parámetros utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados. Los fondos de las máquinas de juegos de azar se generan en todo Puerto Rico y, por consiguiente, el País merece conocer qué metodología se utilizó para determinar quiénes recibirían estos recursos y quiénes quedarían excluidos”, expresó González Otero.

Según el desglose incluido en la resolución, las asignaciones serían para Aguas Buenas, Yauco, Corozal, Aibonito, Barranquitas y Maunabo, con $450,000 cada uno; Cidra y Orocovis, con $300,000 cada uno; y Guayanilla y Las Marías, con $714,000 cada uno. En total, las partidas suman aproximadamente $4.7 millones.

La controversia levantada por la Asociación se centra en que los fondos provienen de una actividad económica distribuida en distintos pueblos de Puerto Rico, pero la asignación aprobada se concentra en un grupo limitado de municipios. González Otero sostuvo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes, ninguno fue incluido en la distribución.

“Resulta igualmente llamativo que, de los 41 municipios que integran la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, no se haya incluido ni uno solo en la distribución anunciada. Esa realidad hace aún más necesario que se expliquen de manera transparente los fundamentos que sirvieron de base para esta determinación”, añadió.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, informó que la organización cursó un requerimiento formal de información a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Departamento de Hacienda, al amparo de la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.

La petición busca obtener un desglose por municipio que detalle cuántas máquinas de juegos de azar operan en cada pueblo, cuánto dinero generan y cuál es la aportación de cada municipio al fondo que ahora sería distribuido.

“Esa información es indispensable para que el pueblo pueda evaluar si la distribución responde a criterios objetivos y equitativos”, expresó Rodríguez Irizarry.

La Asociación sostuvo que la distribución de recursos públicos debe responder a criterios verificables, especialmente cuando se trata de fondos generados por una actividad regulada que opera en distintas jurisdicciones municipales.

“Los recursos públicos deben administrarse con absoluta transparencia y bajo criterios claros y verificables. La confianza de los ciudadanos en las instituciones se fortalece cuando las decisiones relacionadas con la distribución de fondos públicos pueden explicarse y justificarse de manera objetiva”, concluyó González Otero.

La organización municipal reiteró que los ayuntamientos, independientemente de su tamaño o afiliación política, enfrentan presiones fiscales y continúan siendo la primera línea de respuesta en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.