Alcaldes denuncian silencio de Fortaleza sobre impuesto al inventario
Asociación reclama el informe final del comité creado por la Gobernadora y exige discutir sus recomendaciones antes de cualquier nueva legislación.
Por Redacción InDiario|Política|
La controversia sobre el impuesto al inventario vuelve a tocar las puertas de La Fortaleza. Esta vez, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico denuncia que, pese a haber participado directamente en el comité creado por la gobernadora Jenniffer González Colón para buscar alternativas al polémico gravamen, nunca recibió las recomendaciones finales ni el informe que habría llegado a manos de la mandataria.
El presidente de la organización y alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, hizo pública este jueves una carta dirigida a González Colón en la que reclama acceso inmediato al documento y solicita que el Comité Multisectorial sea convocado nuevamente antes de que el Ejecutivo impulse cualquier nueva medida legislativa.
La reclamación coloca bajo cuestionamiento el proceso de deliberación de un comité creado precisamente para intentar destrabar uno de los asuntos contributivos más conflictivos entre el Gobierno, los municipios y el sector empresarial.
El grupo de trabajo fue establecido el 30 de octubre de 2025, el mismo día en que la gobernadora vetó el Proyecto de la Cámara 420, legislación que encaminaba la eliminación del impuesto al inventario. En aquel momento, González Colón optó por crear un comité que identificara una fuente recurrente capaz de sustituir los recaudos municipales antes de eliminar el gravamen.
El Comité Multisectorial quedó presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, y contó con representantes del sector público, privado y municipal.
La Asociación de Alcaldes estuvo representada por el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, y por su directora ejecutiva, Verónica Rodríguez Irizarry, quienes, según González Otero, participaron activamente de las reuniones junto al asesor legal de la organización.
Pero ahí, según denuncia la Asociación, terminó su participación.
“Nunca se nos informaron las recomendaciones finales, a pesar de existir un compromiso a esos efectos”, sostuvo González Otero en la misiva.
El alcalde añadió que la organización advino en conocimiento de que Rivera Santana habría entregado a la gobernadora un informe con recomendaciones, pero sostuvo que los alcaldes asociados desconocen su contenido.
“Ha trascendido públicamente que la secretaria del Departamento de Estado le rindió un informe con recomendaciones a la Gobernadora, cuyo contenido nuestra Asociación desconoce”, señala la comunicación.
La denuncia cobra particular relevancia porque, cuando se creó el comité en octubre pasado, los propios líderes legislativos dejaron claro que no estaban dispuestos a considerar nuevamente la eliminación del impuesto sin conocer primero alternativas concretas para reemplazar los recaudos municipales.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, señaló entonces que no se atendería nueva legislación sin propuestas específicas y había reclamado que las alternativas del comité fueran presentadas públicamente. El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, también indicó que la Legislatura esperaría por los resultados del proceso antes de reconsiderar el asunto.
Ahora, casi un año después de constituirse aquel comité, una de las organizaciones que formó parte del mismo asegura que ni siquiera conoce su conclusión.
González Otero denunció además que el Comité Multisectorial no ha vuelto a ser convocado para discutir las recomendaciones.
Ante ese escenario, la Asociación formuló dos reclamos concretos a La Fortaleza: que entregue copia de las recomendaciones finales y del informe sometido a la gobernadora, y que convoque nuevamente al comité para evaluar su contenido antes de que se radique cualquier medida legislativa relacionada con el impuesto al inventario.
Para los municipios, el debate está lejos de ser meramente contributivo.
El impuesto al inventario constituye una de las principales fuentes de ingresos municipales provenientes de la propiedad mueble. Documentos legislativos que recogen la posición de la Asociación han estimado que produce alrededor de $230 millones anuales y representa aproximadamente 55% de los recaudos por concepto de propiedad mueble, aunque parte de esos fondos se destina a obligaciones estatales y municipales.
Los alcaldes sostienen que eliminarlo sin establecer una fuente recurrente y suficientemente robusta podría reducir recursos disponibles para seguridad municipal, recogido de desperdicios sólidos, infraestructura, programas deportivos y culturales, servicios de salud y asistencia a poblaciones vulnerables.
Precisamente ese argumento estuvo en el centro del veto de González Colón al Proyecto de la Cámara 420. La mandataria sostuvo entonces que no favorecería la eliminación del impuesto sin garantizar primero una fuente que protegiera las finanzas municipales.
La nueva controversia plantea ahora otra pregunta: si el comité creado para encontrar ese sustituto ya produjo recomendaciones, ¿por qué una de las organizaciones que participó de sus trabajos asegura que todavía no sabe cuáles son?
La Asociación de Alcaldes reclama que esa respuesta llegue antes de que La Fortaleza lleve una nueva propuesta al Capitolio.
Para González Otero, cualquier intento de modificar o eliminar el impuesto sin sentar nuevamente a los municipios en la mesa supondría tomar una decisión que puede afectar directamente sus presupuestos y, por extensión, los servicios que reciben sus ciudadanos.
El balón está ahora en La Fortaleza: divulgar el informe, explicar qué recomienda y determinar si los alcaldes que ayudaron a discutir el problema tendrán participación antes de que el Gobierno presente su solución.
