Mary Zapata deja la AEE en plena tormenta por contrato

La controversia por el fallido contrato de casi $5,900 millones para generación temporera acaba de cobrar una de sus consecuencias políticas y administrativas más importantes: Mary Carmen Zapata Acosta dejó este jueves la dirección ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con efecto inmediato.

La Junta de Gobierno de la corporación pública convocó una reunión extraordinaria y aceptó de manera unánime la renuncia presentada por Zapata. Acto seguido, también por unanimidad, designó al ingeniero Fernando Osorio Cañocomo director ejecutivo interino.

Pero el calendario convierte una renuncia administrativa en una noticia mucho más difícil de separar del escándalo que desde hace semanas sacude al componente energético del Gobierno.

Zapata sale menos de dos semanas después de haber defendido públicamente la actuación de la AEE en el proceso de contratación de Power Expectations y luego de que el presidente de la propia Junta de Gobierno expresara públicamente su respaldo a la funcionaria.

Y sale, además, un día después de que Power Expectations acudiera al Tribunal Federal contra la AEE, reclamando que se revierta la cancelación del contrato que Zapata precisamente había firmado.

La coincidencia es demasiado grande para ignorarla.

De respaldo a salida inmediata

El pasado 21 de agosto, Zapata compareció ante la Junta de Gobierno para ofrecer una extensa cronología del contrato y defender la intervención de la AEE.

Su posición fue esencialmente que la corporación pública no había sido responsable de cualificar a los proponentes, colocando esa responsabilidad sobre la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO.

Zapata sostuvo que fue esa oficina la que suministró documentación sobre las personas autorizadas para firmar y que, además, conocía desde junio la controversia relacionada con la participación de Enchanted Rock sin comunicarla oportunamente a la AEE.

Días después, el presidente de la Junta de Gobierno, Edwin González Montalvo, expresaba públicamente que Zapata contaba con el respaldo del organismo.

Ahora, esa misma Junta acepta sin oposición su salida inmediata.

La versión oficial ofrecida desde La Fortaleza es que Zapata decidió acogerse a la jubilación. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, sostuvo que la carta atribuye la decisión a una determinación personal de retirarse del Gobierno.

Sin embargo, El Nuevo Día reportó la salida como una destitución, mientras Primera Hora reprodujo esa versión e informó, citando dicho reporte, que una fuente señaló que Zapata ya no estaría alineada con los criterios del zar de Energía, Josué Colón.

Así que, por ahora, existen dos narrativas: la versión gubernamental de una jubilación voluntaria y reportes periodísticos que apuntan a una destitución.

Lo que no está en controversia es el resultado: Zapata está fuera y la salida fue efectiva inmediatamente.

Un contrato que se llevó todo por delante

La controversia comenzó con un contrato concebido para atender uno de los problemas más graves del sistema eléctrico de Puerto Rico.

El acuerdo contemplaba la instalación y operación de 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, a través de un consorcio encabezado por Power Expectations, por un valor máximo cercano a $5,900 millones durante diez años.

La contratación terminó convertida en un laberinto de cuestionamientos sobre las empresas participantes, firmas, representaciones corporativas, garantías financieras, cambios dentro del consorcio y el proceso de evaluación realizado por las entidades gubernamentales.

El golpe decisivo ocurrió cuando ERock Inc., matriz de Enchanted Rock, comunicó que Enchanted Rock no participaba del proyecto y alegó que su nombre y firma habían sido utilizados sin autorización.

La Junta de Supervisión Fiscal consideró particularmente grave el planteamiento porque había tomado en consideración la participación de Enchanted Rock cuando aprobó originalmente el contrato. El 14 de agosto revocó su autorización, ordenó a la AEE terminar el acuerdo y refirió asuntos relacionados a las autoridades correspondientes.

Cuatro días después, el 18 de agosto, fue precisamente Zapata quien firmó la notificación formal terminando el contrato.

La AEE sostuvo entonces dos fundamentos: la revocación de la aprobación por parte de la Junta Fiscal y el incumplimiento relacionado con la garantía de ejecución exigida a Power Expectations.

Ahora Power Expectations contraataca

El problema no terminó con la cancelación.

Power Expectations radicó el miércoles una demanda ante el Tribunal Federal en la que busca que se declare inválida la terminación, que se restablezca el contrato y que se impida a la AEE adjudicar a otra compañía la oportunidad de instalar los 400 megavatios en Aguirre mientras se dilucida el pleito.

La compañía sostiene que la AEE canceló injustificadamente el acuerdo y alega que parte del problema para obtener la garantía requerida se produjo porque la corporación pública no entregó cierto lenguaje contractual solicitado por las aseguradoras.

También disputa la interpretación gubernamental sobre la salida de Enchanted Rock y la sustitución propuesta por Flotek Industries. Esas son, por el momento, alegaciones de Power Expectations que tendrán que ser adjudicadas por el tribunal.

La demanda coloca ahora a la AEE ante una situación incómoda: tendrá que defender judicialmente una cancelación ejecutada bajo una directora que, apenas horas después de presentada la reclamación federal, quedó fuera de la corporación.

Y todavía faltan respuestas

La salida de Zapata no resuelve las preguntas fundamentales del caso.

¿Quién verificó realmente las credenciales y autorizaciones de las compañías que aparecían en el consorcio? ¿Quién conocía las objeciones de Enchanted Rock y desde cuándo? ¿Por qué esa información no llegó antes a todas las entidades que tenían que aprobar el contrato? ¿Cómo pudo un acuerdo de casi $5,900 millones atravesar múltiples filtros gubernamentales antes de implosionar semanas después de firmado?

El propio episodio ha provocado investigaciones legislativas y requerimientos de documentos a la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, el 3PPO y el Negociado de Energía.

La renuncia tampoco borra un dato particularmente incómodo: Puerto Rico sigue necesitando los megavatios.

El contrato desapareció, pero el déficit de generación que sirvió como justificación para contratar no desapareció con él.

Y ahora tampoco está la funcionaria que encabezaba la AEE cuando aquel acuerdo fue firmado, cuestionado y finalmente cancelado.

En poco más de dos semanas, Puerto Rico pasó de tener un contrato de casi $5,900 millones para supuestamente fortalecer la generación eléctrica, a tener el contrato cancelado, una demanda federal, investigaciones abiertas, señalamientos entre agencias y una directora ejecutiva fuera de su puesto.

El Gobierno podrá llamarlo jubilación. Otros lo han llamado destitución. Pero en medio del escándalo de Power Expectations, la primera gran cabeza administrativa acaba de rodar.