Auditorías revelan alegadas fallas de Salud en supervisión de clínicas de aborto
Senado investigará si la agencia omitió seguimiento, sanciones y planes correctivos
Por Francisco Rodríguez-Burns|Política|
El Senado investigará al Departamento de Salud por presuntas fallas en la supervisión y fiscalización de las clínicas de aborto en Puerto Rico, luego de que auditorías oficiales revelaran múltiples deficiencias operacionales y alegados incumplimientos regulatorios sin consecuencias administrativas aparentes.
La pesquisa fue ordenada mediante la Resolución del Senado 536, presentada por el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Oscar Morales Rodríguez, y la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve. La medida busca determinar si el Departamento de Salud cumplió con su deber ministerial de supervisar los Centros de Terminación de Embarazos en la Isla.
Según los legisladores, documentos entregados por el propio Departamento de Salud al Senado reflejan incumplimientos en el proceso de fiscalización requerido por reglamento, incluyendo la ausencia de seguimientos, falta de sanciones y deficiencias recurrentes en distintas clínicas.
“El problema no nace de una denuncia externa: nace de los documentos que el propio Departamento de Salud nos entregó. Cuando una agencia documenta deficiencias y no le da seguimiento, falla el sistema completo de protección”, expresó Morales Rodríguez en declaraciones escritas.
El reglamento vigente obliga al Departamento de Salud a realizar inspecciones periódicas, emitir informes de deficiencias, requerir planes correctivos y efectuar visitas de seguimiento antes de cerrar el ciclo de supervisión. Sin embargo, los documentos examinados por los senadores alegadamente muestran que muchas evaluaciones quedaron pendientes sin corroborar si las clínicas corrigieron las fallas señaladas.
La medida legislativa también cuestiona la metodología utilizada por el Departamento de Salud para revisar expedientes clínicos. Según la resolución, en uno de los centros se auditó menos del uno por ciento de los casos, una muestra que los senadores describen como insuficiente para validar el cumplimiento reglamentario de la totalidad de los expedientes.
Rodríguez Veve sostuvo que las auditorías reflejan hallazgos “gravísimos” que no provocaron acciones correctivas por parte de la agencia.
“Lo que pedimos es claro: que se fiscalice al fiscalizador. Se trata de exigirle al Departamento de Salud que haga el trabajo que la ley le ordena”, indicó la legisladora.
La Resolución del Senado 536 concede a la Comisión de Salud un término de 180 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones legislativas. Como parte de la investigación, la comisión podrá citar deponentes, requerir documentos, tomar testimonios bajo juramento y celebrar audiencias públicas.
