Rodríguez Veve refiere clínicas de aborto a Justicia

La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve refirió al Departamento de Justicia a varias clínicas de aborto en Puerto Rico, tras señalar posibles irregularidades que podrían constituir violaciones al Código Penal. El referido fue dirigido a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, e incluye como anejos documentos del Departamento de Salud, material promocional de las clínicas y la transcripción del testimonio ofrecido por una profesional médica ante el Senado.

"No se trata de mi opinión. Mi opinión ustedes la conocen… No hay espacio aquí para opinar. Aquí hay una evidencia clara, unos elementos y unos hechos que han sido documentados de forma oficial por el Departamento de Salud. Aquí hay un estado de derecho, que también es claro y he explicado y, por lo tanto, lo que corresponde es investigar. Es lo serio, tanto para aquellas personas que creen en la práctica del aborto como para aquellos que creemos en la protección de la vida en todo momento y circunstancia", señaló Rodríguez Veve en conferencia de prensa.

El referido surge de un análisis de datos oficiales provistos por el Departamento de Salud en respuesta a la Petición de Información del Senado Núm. 2026-0026. Según la legisladora, los datos plantean dudas sobre si los procedimientos realizados cumplen con las excepciones legales vigentes bajo el Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico, que establece que el aborto es delito salvo cuando concurren tres requisitos: una indicación terapéutica previa, que sea emitida por un médico autorizado y dirigida a proteger la salud o la vida de la mujer.

"El Artículo 98 del Código Penal de Puerto Rico, establece que, como norma general, el aborto es un delito. Por la vía de excepción, el aborto se considera legal cuando concurren tres requisitos: 1) una indicación terapéutica previa, 2) emitida por un médico autorizado a ejercer en Puerto Rico, 3) en consecución de la conservación de la salud o vida de la madre. Este ha sido nuestro estado de derecho antes, durante y después de la revocación de Roe vs. Wade. " Añadió la senadora en expresiones escritas.

El Departamento de Salud reconoció, según los datos incluidos en el referido, que no recopila ni conserva datos sobre la indicación terapéutica en los expedientes auditados, y que tampoco pudo certificar cuántos de los procedimientos evaluados cumplían con ese requisito. "Tiene que estar documentada porque tiene que existir la forma de que usted pueda corroborar de que el procedimiento se hizo de conformidad a los requisitos de la excepción y los señalamientos del Departamento de Salud de forma clara evidencian, en esta auditoría, que ha habido serios incumplimientos con estos requisitos del artículo 98", expresó la senadora.

EXPEDIENTES Y CLÍNICAS SEÑALADAS

El análisis apunta a deficiencias en la documentación de expedientes médicos en tres de las cuatro clínicas evaluadas. En el caso de Women's Medical Pavilion, los expedientes auditados resultaron ilegibles en su totalidad, lo que impide verificar si los procedimientos se realizaron conforme a la ley. En Darlington Medical Associates y la Clínica de Planificación Familiar se identificaron expedientes sin información esencial, como el título o número de licencia del profesional que realizó el procedimiento.

El referido señala además a la directora médica de Darlington Medical Associates, la doctora Yarí Vale Moreno, por indicar en vista pública ante el Senado que usualmente no pregunta a mujeres adultas las razones para solicitar un aborto. Rodríguez Veve también denunció que los procedimientos en esa clínica aumentaron en más de 320.6% entre 2022 y 2024, tras la revocación de Roe vs. Wade, coincidiendo con campañas publicitarias que promovían a Puerto Rico como destino para acceder a servicios de aborto desde estados con mayores restricciones. Los datos provistos por Salud reflejan que entre 2022 y 2024 se realizaron 5,706 abortos en la isla.

"Lo que tampoco puede ocurrir aquí es que el propio incumplimiento de la clínica les sirva de escudo para evadir un proceso criminal o el señalamiento penal. No puede decir que la propia evasión de la clínica de cumplir con su deber de documentar lo que tienen que documentar en el expediente para corroborar la excepción, les sirva a ellos mismos para que luego no puedan ser procesados. No tendría ningún sentido, evidentemente", abundó la senadora, quien también indicó que gestionará una reunión con el Departamento de Salud para dialogar sobre los hallazgos de la auditoría.