Bancos y cooperativas cuestionan proyecto que ampliaría protecciones a deudores
Advierten que medida podría encarecer el acceso al crédito en la Isla
Por Francisco Rodríguez-Burns|Política|
Representantes del sector bancario y cooperativo expresaron preocupaciones durante una vista pública en el Senado sobre el Proyecto del Senado 1103, una medida que propone enmendar varias disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales para ampliar los criterios bajo los cuales un tenedor de un instrumento negociable puede ser considerado como “tenedor de buena fe”.
La discusión de la medida se llevó a cabo este miércoles ante la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Empresarismo del Senado, presidida por la senadora Nitza Morán Trinidad.
La información se desprende de las ponencias y memoriales legislativos sometidos por distintos sectores durante la vista pública, incluyendo la ponencia presentada por la presidenta de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, así como representantes de la Asociación de Bancos de Puerto Rico.
El proyecto propone añadir nuevas condiciones para determinar si una entidad o persona que adquiere un pagaré, préstamo u otro instrumento negociable puede reclamar las protecciones legales que actualmente reconoce la Ley de Transacciones Comerciales.
Entre otros cambios, la medida incorporaría como factores relevantes el conocimiento de situaciones económicas extraordinarias que afecten al deudor, incluyendo procesos de quiebra, ejecuciones hipotecarias, pérdida involuntaria de empleo, enfermedades catastróficas o desastres naturales declarados por el gobierno.
Además, el proyecto impondría nuevas cargas probatorias al tenedor del instrumento, quien tendría que demostrar en un proceso judicial, mediante preponderancia de la evidencia, que cumple con todos los requisitos para ser considerado un tenedor de buena fe.
La Asociación de Bancos de Puerto Rico advirtió en su memorial legislativo que las enmiendas podrían alterar significativamente el funcionamiento del sistema financiero y afectar el mercado secundario hipotecario en Puerto Rico.
Según la organización, la aprobación de la medida convertiría a Puerto Rico en una jurisdicción distinta al resto de Estados Unidos en materia de tráfico mercantil y negociación de instrumentos financieros, lo que —a su juicio— podría reducir el interés de inversionistas y encarecer el acceso al crédito.
La entidad sostuvo además que las disposiciones propuestas “trastocarían peligrosamente el tráfico mercantil” al incorporar elementos ajenos a la doctrina tradicional del derecho cambiario y a las normas uniformes adoptadas en Estados Unidos mediante el Uniform Commercial Code.
La Asociación también cuestionó la intención de integrar disposiciones de la Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario dentro del análisis relacionado al “tenedor de buena fe”, argumentando que ello impondría obligaciones externas al instrumento negociable y aumentaría la incertidumbre jurídica.
Por su parte, la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico expresó en su ponencia preocupación por el posible impacto de la medida sobre las cooperativas de ahorro y crédito y sobre la disponibilidad de financiamiento para consumidores y socios cooperativistas.
La organización reconoció la intención de proteger a los deudores, pero sostuvo que el proyecto, en su forma actual, podría provocar consecuencias adversas sobre la liquidez institucional, el acceso al crédito y la estabilidad del sistema financiero cooperativo.
El memorial también advierte que la creación de nuevas presunciones legales y requisitos relacionados con “circunstancias económicas extraordinarias” podría aumentar la litigiosidad y afectar la previsibilidad jurídica en transacciones comerciales.
Asimismo, las cooperativas señalaron que la definición propuesta para dichas circunstancias resulta demasiado amplia e incluye factores difíciles de evaluar objetivamente dentro de una transacción financiera.
Ambas organizaciones coincidieron en recomendar que el proyecto no sea aprobado en su redacción actual y solicitaron que continúe el diálogo entre los distintos sectores económicos y financieros antes de impulsar cambios permanentes a la Ley de Transacciones Comerciales.
La medida busca fortalecer las protecciones para deudores afectados por crisis económicas o situaciones extraordinarias y ampliar los remedios disponibles en reclamaciones relacionadas con instrumentos negociables.
