Guerra por los destaques enfrenta al Senado y La Fortaleza
Justicia alega necesidades operacionales, mientras Rivera Schatz denuncia represalias ligadas a las investigaciones sobre Domenech e Itza García.
Por Redacción InDiario|Política|
Una nueva batalla entre La Fortaleza y el Senado de Puerto Rico estalló este viernes luego de que el Departamento de Justicia cancelara nueve destaques de fiscales y abogados que prestaban servicios en el cuerpo legislativo, algunos de los cuales colaboraban con investigaciones relacionadas con funcionarios de la Rama Ejecutiva.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, atribuyó la decisión directamente al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y aseguró que la cancelación fue ordenada durante la noche del jueves.
“Anoche, por instrucciones del secretario de la Gobernación, el Departamento de Justicia canceló los destaques de fiscales y abogados de dicha agencia en el Senado. Domenech sabe lo que le viene encima”, escribió Rivera Schatz en su mensaje de “Buenos días Puerto Rico” publicado en Facebook.
El líder senatorial alegó que los funcionarios afectados habían colaborado con los referidos realizados por el Senado sobre posibles actos de corrupción relacionados con figuras de La Fortaleza, por lo que describió la movida como una represalia política dirigida a entorpecer las investigaciones legislativas.
Rivera Schatz elevó el tono de sus señalamientos contra Domenech al acusarlo de intentar encubrir investigaciones y amedrentar a quienes participan en los procesos legislativos.
“Correrán, intentarán huir, difamarán y tratarán de amedrentar a gente decente, pero caerán más pronto de lo que piensan”, sostuvo.
Justicia rechaza que se trate de una represalia
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, negó que la determinación respondiera a las pesquisas que conduce el Senado y aseguró que fue tomada por necesidades operacionales del Ministerio Público.
Según la funcionaria, la revisión no se limitó al Senado, sino que incluyó personal destacado en la Cámara de Representantes, la Junta de Planificación, el Fondo del Seguro del Estado, el Departamento de la Vivienda y varios municipios.
Gómez Torres sostuvo que la decisión fue suya, como autoridad nominadora, y que los criterios fueron aplicados uniformemente en las distintas dependencias donde Justicia mantenía fiscales auxiliares y otros empleados asignados temporalmente.
Sin embargo, Rivera Schatz cuestionó esa explicación y difundió las cartas mediante las cuales la propia secretaria había autorizado recientemente los nueve destaques hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que cambiaran las circunstancias que dieron paso a las asignaciones.
Una de las comunicaciones, fechada el 29 de junio, autorizó al fiscal auxiliar II Yusell Santiago Rodríguez a continuar como asesor legal de la Comisión de Asuntos Internos del Senado desde el 1 de julio hasta finales del año. En esa carta, Justicia defendió el mecanismo como una herramienta para maximizar los recursos humanos de manera costoefectiva y en atención al principio de mérito.
“El Departamento de Justicia miente”, reaccionó posteriormente Rivera Schatz, al destacar que las autorizaciones fueron revocadas apenas semanas después y luego de que el Senado realizara nuevos referidos relacionados con Domenech y la subsecretaria de la Gobernación, Itza García.
Senado advierte posible obstrucción
En una carta dirigida este viernes a Gómez Torres, Rivera Schatz señaló que tres de los nueve funcionarios afectados trabajaban directamente con la investigación legislativa sobre Domenech, García y otros funcionarios.
La pesquisa surge de la Resolución del Senado 548, aprobada el 19 de junio, que ordenó investigar las alegaciones presentadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard.
El Senado investiga alegaciones sobre posibles intervenciones indebidas, conflictos de interés, presuntas violaciones de ley y actuaciones relacionadas con el manejo de asuntos gubernamentales. Parte de la información recopilada ha sido remitida al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y autoridades estatales y federales.
Rivera Schatz sostuvo que ninguna de las circunstancias administrativas que justificaron los destaques había cambiado. A su juicio, lo que cambió fue el curso y alcance de las investigaciones contra funcionarios de La Fortaleza.
El presidente senatorial advirtió que la cancelación podría constituir una represalia y una interferencia indebida con una investigación legislativa. También planteó que la actuación podría configurar el delito de resistencia u obstrucción a la autoridad pública contemplado en el Artículo 246 del Código Penal, además de contravenir la Ley 115 de 1991 sobre represalias contra empleados que ofrecen información ante foros oficiales. Se trata, por el momento, de la interpretación y advertencia jurídica formulada por Rivera Schatz, no de una determinación judicial.
La gobernadora defiende las cancelaciones
La gobernadora Jenniffer González Colón rechazó que los destaques constituyan un derecho adquirido y defendió la facultad del Ejecutivo para revisar estas asignaciones.
González Colón indicó que entre enero de 2025 y junio de 2026 el Senado contó con 78 empleados destacados cuyos salarios eran sufragados por agencias de la Rama Ejecutiva. De 54 solicitudes de renovación, aseguró que se aprobaron 40, mientras los nueve fiscales fueron reclamados por Justicia debido a sus necesidades operacionales.
La mandataria también argumentó que el Senado recibió un aumento presupuestario, por lo que entiende que ya no existe la misma necesidad de depender de personal pagado por agencias ejecutivas.
FEI amplía investigación contra Domenech y García
La controversia cobró mayor relevancia horas después, cuando el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente autorizó ampliar una investigación relacionada con exfuncionarios de la Oficina de Gerencia de Permisos para incluir a Francisco Domenech e Itza García.
La ampliación fue solicitada por las fiscales especiales independientes Fabiola Acarón Porrata-Doria e Ileana Agudo Calderón, quienes tendrán inicialmente 45 días para determinar si existe responsabilidad penal o administrativa.
El Panel no precisó si la decisión respondió a los referidos realizados por el Senado. Indicó que la solicitud surgió de información obtenida por las fiscales durante sus propias gestiones investigativas.
La cancelación de los destaques abre así un nuevo frente en la lucha interna del Partido Nuevo Progresista y profundiza el enfrentamiento entre Rivera Schatz y el círculo cercano de la gobernadora. Lo que Justicia presenta como una reorganización de personal, el Senado lo interpreta como un intento de debilitar investigaciones que ya comenzaron a tocar las puertas de La Fortaleza.
