Buscan investigar contrato de $38 millones en Familia
Resolución del PPD en el Senado pone bajo lupa proceso con NOLA Education, fondos TANF y gestiones de Suzanne Roig
Por Redacción InDiario|Política|
El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, informó la radicación de la Resolución del Senado 556 para ordenar una investigación legislativa sobre los señalamientos relacionados con un posible contrato de $38 millones en fondos federales TANF que habría sido encaminado desde el Departamento de la Familia a favor de la empresa NOLA Education LLC, con sede en Louisiana.
La investigación solicitada recaería sobre la Comisión de Gobierno del Senado y buscaría examinar el proceso mediante el cual la compañía estuvo en posición de recibir fondos del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, conocidos como TANF, para implementar el programa educativo Star Academy en 25 escuelas públicas de Puerto Rico y atender a cerca de 2,000 estudiantes.
Según Hernández Ortiz, los señalamientos públicos levantan dudas sobre la participación real de las agencias concernidas, particularmente la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), entidad vinculada al manejo de fondos TANF.
“Alegadamente se pretendía implementar un programa educativo conocido como Star Academy en 25 escuelas y para impactar a cerca de 2,000 estudiantes, pero han surgido señalamientos en relación con un proceso mediante el cual NOLA Education LLC estuvo a punto de recibir dicho contrato”, expresó el senador popular.
El legislador sostuvo que, de acuerdo con reportajes públicos, ADSEF no habría participado del proceso evaluativo. Además, señaló que el Departamento de Educación ya había notificado que el programa Star Academy estaba contemplado dentro del currículo de la agencia, lo que abre interrogantes sobre la necesidad de contratar servicios externos por una suma millonaria.
La resolución también apunta al viaje realizado por la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a Louisiana entre el 7 y el 10 de diciembre de 2025. Hernández Ortiz indicó que se desconocen los pormenores del viaje, con quiénes se reunió la titular de la agencia y qué informes o documentos justifican el propósito de esas gestiones.
Otro de los puntos bajo escrutinio es la utilización de la firma LAP Consulting para evaluar y adjudicar el contrato. El portavoz popular cuestionó por qué el Departamento de la Familia recurrió a una firma externa, cuando ordinariamente las agencias del Gobierno deben contar con comités evaluadores de propuestas.
Ante ese escenario, Hernández Ortiz sostuvo que el Senado debe conocer si el Departamento de la Familia o alguna de sus entidades contaba con un comité evaluador, quiénes lo integraban, desde cuándo estaba constituido y qué documentación se utilizó para incluir a NOLA Education LLC en el proceso.
“¿Por qué la empresa fue entonces incluida en el proceso evaluativo de LAP Consulting? ¿Qué documentación fue evaluada? ¿Quién la sometió? ¿Quién verificó su autenticidad? ¿Cómo una empresa que públicamente asegura no haber participado terminó formando parte de una evaluación oficial?”, cuestionó el senador.
El caso ya había generado controversia pública luego de reportajes que plantearon que la empresa NOLA Education LLC estuvo cerca de recibir el contrato, aunque el proceso finalmente no se concretó. La Fortaleza ha defendido previamente las gestiones de Roig Fuertes, al señalar que no hubo desembolso de fondos públicos y que el programa no fue implementado.
Sin embargo, para Hernández Ortiz, el hecho de que no se haya desembolsado dinero no elimina la necesidad de investigar cómo un proceso de esa magnitud llegó tan avanzado, particularmente cuando se trataba de fondos federales dirigidos a familias necesitadas.
El senador sostuvo que la controversia levanta dudas más amplias sobre la administración de fondos en el Departamento de la Familia y sobre los controles internos utilizados para evaluar propuestas millonarias.
“Es medular que el Senado, de acuerdo con sus poderes y prerrogativas legislativas, investigue esta situación”, concluyó Hernández Ortiz.
La Resolución del Senado 556 coloca nuevamente bajo presión pública al Departamento de la Familia y a su secretaria, en medio de cuestionamientos sobre contratación, manejo de fondos federales y procesos administrativos dentro de una agencia que atiende a algunas de las poblaciones más vulnerables del país.
