Casa Blanca coincide con reclamo del Senado aprobado en junio

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reaccionó en sus redes sociales a las destituciones de cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ordenadas por la Casa Blanca, señalando que el Senado de Puerto Rico ya había planteado las mismas razones en su Resolución 236.

“La Casa Blanca ordenó la destitución de los miembros de Junta de Control Fiscal por las razones que el Senado de Puerto Rico expresó en la R del S 236!”, escribió Rivera Schatz junto a capturas del documento aprobado en votación final el 24 de junio.

La Resolución 236, aprobada por el Senado, expresó el más enérgico rechazo a la "permanencia arbitraria de la Junta de Supervisión Fiscal, más allá de lo dispuesto en la Ley PROMESA”, y exigió “acción inmediata del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos para su disolución”.

Según el texto aprobado, la JSF ha distorsionado la intención original de la ley PROMESA para extender indefinidamente su mandato mediante “la imposición de requisitos arbitrarios cuyo único fin es garantizar su propia permanencia”.

“La Junta ha impuesto la necesidad de que Puerto Rico recupere una calificación crediticia de ‘grado de inversión’, un requisito que no figura en la Sección 209 de la ley”, denuncia la exposición de motivos.

El documento también señala que el gobierno de Puerto Rico ha logrado, por iniciativa propia, cumplir con casi todos los objetivos fiscales trazados.

“La inmensa mayoría de los avances que ha habido para mejorar la situación fiscal de Puerto Rico han sido producto de la gestión de la propia Asamblea Legislativa y del Ejecutivo del Gobierno de Puerto Rico, más que de la Junta”.

Uno de los argumentos más contundentes se refiere al fracaso de la Junta en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aún pendiente tras ocho años en quiebra:

“Es inaceptable que, a pesar de los vastos recursos y el tiempo transcurrido, la Junta no haya podido resolver esta reestructuración crucial, lo que subraya su ineficacia en este aspecto fundamental”, lee la resolución aprobada.

La pieza senatorial también denuncia el costo astronómico de la permanencia de la Junta, tal como lo señaló un oficial de la Casa Blanca a InDiario.

“En total, la Junta nos ha costado ya sobre dos mil millones de dólares; como expresó el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz durante la sesión del 23 de junio de 2025 sobre la Junta: ‘nos ha costado más de lo que nos ha resuelto’”.

El Senado concluyó que se ha cumplido sustancialmente con los objetivos de la ley Promesa, por lo cual ya no hay justificación legal ni política para que la Junta continúe dictando las decisiones financieras del Gobierno de Puerto Rico.

“La vergüenza política, que representa la Junta de Control Fiscal, no puede perpetuarse e imponerse sobre ningún ciudadano de los Estados Unidos de América", reza parte de la resolución que hace un llamado a ponerle fin a la "desigualdad, a la inferioridad política y al discrimen contra Puerto Rico”.

Cabe señalar que Rivera Schatz también ha sido combativo sobre este tema a nivel congresional. Tan reciente como el 16 de julio pasado ante el Subcomité de Asuntos Indígenas y de los Territorios Insulares del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el líder senatorial también catalogó como el mayor fracaso de la JSF su prolongada incapacidad para resolver la reestructuración de la deuda de la AEE.

“La Junta ha fabricado aproximadamente 50 nuevas ‘acciones’ y reformas que exige a nuestro gobierno, condiciones que no aparecen en ninguna parte del estatuto PROMESA. Estas condiciones crean un objetivo móvil diseñado para prolongar su mandato indefinidamente, lo cual contradice la intención del Congreso y socava la gobernanza democrática local", lee parte de su ponencia.

“Reconociendo que casi diez años ya son más que suficientes, en nombre del Senado de Puerto Rico, insto respetuosamente a este Congreso a que apruebe legislación para disolver de inmediato la Junta de Supervisión Fiscal, mantener PROMESA como marco legal, y permitir que el gobierno electo de Puerto Rico concluya de forma independiente las etapas finales de reestructuración de la deuda", concluye Rivera Schatz.