Cámara aprueba referidos a Justicia sobre centros de inspección
El informe apunta a exfuncionarios de DTOP y 30 estaciones por irregularidades
Por Redacción InDiario|Política|
La Cámara de Representantes aprobó el primer informe de una investigación legislativa sobre presuntas irregularidades en centros de inspección vehicular, abriendo la puerta a referidos al Departamento de Justicia contra exfuncionarios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y una treintena de estaciones señaladas por posibles violaciones de ley.
La medida coloca nuevamente en el centro de la discusión pública al representante José “Cheíto” Hernández Concepción, presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, quien ha encabezado la pesquisa cameral sobre alegadas fallas de fiscalización, uso de equipos no autorizados y venta irregular de marbetes en distintos puntos de la isla.
Hernández Concepción sostuvo que los hallazgos recopilados hasta el momento apuntan a un problema que va más allá de errores administrativos aislados. Según el legislador, el análisis preliminar confirma la existencia de un “entramado administrativo y operacional” que podría implicar desviaciones en el ejercicio de la función pública.
El informe aprobado por la Cámara no pone fin a la investigación. Por el contrario, el presidente de la comisión anticipó que podrían surgir referidos adicionales y más específicos conforme avance la pesquisa legislativa y se evalúe nueva documentación.
Entre los nombres mencionados en el informe figuran Arturo Deliz, exdirector de la Oficina de Investigaciones del DTOP, y Mary Fuster, exdirectora de la Directoría de Servicios al Conductor. Ambos también serían referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Inspector General por señalamientos relacionados con el presunto uso indebido de facultades, omisión de deber y actuaciones que pudieron comprometer la imparcialidad institucional.
Uno de los casos más relevantes del informe es el de Yabucoa Auto Service, centro vinculado a la exsecretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña. De acuerdo con el documento legislativo, la estación habría expedido 412 certificados de inspección irregulares en menos de dos meses utilizando equipo no autorizado por el DTOP.
La comisión concluyó que la cantidad de certificados emitidos bajo esas circunstancias sugiere un posible patrón sistemático de conducta irregular, por lo que recomendó una investigación criminal independiente.
El informe también señala que el DTOP fue notificado sobre esos hallazgos desde octubre de 2023 por posibles violaciones a la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, pero que el caso no habría sido referido oportunamente para la radicación de cargos o imposición de sanciones, de proceder en derecho.
Según el documento, personal de Yabucoa Auto Service alegó posteriormente que la máquina oficial de inspección se había dañado y que, ante la imposibilidad de repararla, utilizaron otro sistema para continuar operando. Sin embargo, la comisión cuestionó que esa explicación no eliminaba la posible responsabilidad administrativa o penal por el uso de equipo no autorizado.
Además de ese caso, el informe recomienda referir a otros 30 centros de inspección por posibles violaciones a disposiciones penales de la Ley 22. Los señalamientos incluyen fraude en procesos de inspección, uso de personal no autorizado, alteración de equipos y manipulación de sistemas relacionados con la emisión de certificaciones.
La Cámara también recomendó a la Oficina del Inspector General realizar una auditoría sobre el proceso mediante el cual el DTOP seleccionó a Worldwide Environmental Products como nuevo proveedor de equipos para estaciones de inspección, luego de un proceso de solicitud de cualificaciones en el que participaron varias compañías.
Como parte de las recomendaciones, la comisión propuso revisar la Ley 22 y los reglamentos del DTOP para reforzar los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema de inspección vehicular.
El informe representa una victoria legislativa para Hernández Concepción, quien ha insistido en continuar la investigación pese a la sensibilidad política del tema y los vínculos de algunos señalamientos con figuras de alto perfil dentro del gobierno. La aprobación cameral fortalece su posición dentro del debate público y coloca la pesquisa en una nueva etapa, ahora con la posibilidad de intervención formal del Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Inspector General.
