DTOP: "negocios en las carreteras provocan accidentes"

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), bajo la dirección del secretario Edwin González Montalvo, volvió a defender en vista pública su ofensiva contra vendedores ambulantes ubicados en carreteras del país, al insistir en que estos negocios representan un problema de seguridad vial.

González Montalvo sostuvo ante la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que, entre 2019 y lo que va de 2026, dos personas murieron y 27 resultaron heridas en accidentes vehiculares en espacios ocupados por vendedores ambulantes. Según el funcionario, el análisis de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito identificó 359 choques vinculados a áreas con negocios ambulantes: 62 contra el puesto o vendedor, y 297 en el área de operación cercana al negocio.

La postura del DTOP, sin embargo, no convenció a los vendedores. Para ellos, la agencia intenta convertirlos en responsables de un problema mucho más amplio: el deterioro de las carreteras, la falta de mantenimiento, los hoyos, la ausencia de reglas uniformes y la improvisación gubernamental en el manejo de quienes llevan años ganándose la vida en las vías públicas.

Los números que debilitan el argumento oficial

Aunque el DTOP presentó cifras para justificar su preocupación por la seguridad vial, el propio informe citado en la vista pública dejó un dato incómodo para la agencia: no identificó incidentes en las carreteras PR-129 y PR-100, precisamente las vías donde el DTOP ordenó la remoción de 20 quioscos antes de revertir esa decisión.

Ese detalle golpea el centro del argumento oficial. Si las intervenciones más visibles del DTOP ocurrieron en vías donde el informe no encontró incidentes, entonces la pregunta es inevitable: ¿la prioridad era realmente atender los puntos de mayor riesgo o ejecutar una política pública sin criterios claros?

La agencia había emitido órdenes de desalojo contra 20 comerciantes: cinco en Cabo Rojo y 15 en Lares. En ese momento, González Montalvo defendió las intervenciones como parte del cumplimiento de reglamentos vigentes y de medidas relacionadas con seguridad vial.

Pero luego el propio DTOP dejó sin efecto las cartas de desalojo, conforme a instrucciones de la gobernadora Jenniffer González Colón, para revisar reglamentos, bases legales, procedimientos y coordinar alternativas con los municipios.

En otras palabras, la agencia actuó primero y revisó después.

Pellito y el reclamo desde la carretera

A la vista pública acudió el agricultor y vendedor ambulante José “Pellito” Santiago, quien se ha convertido en una de las voces más visibles en defensa de los comerciantes de carretera. Santiago ha denunciado que el DTOP pretende culpar a los vendedores por accidentes que, a su juicio, responden más a fallas estructurales de las vías que a la presencia de pequeños negocios.

Pellito planteó que los accidentes de tránsito se deben más a la falta de mantenimiento, incluyendo hoyos en las carreteras, que a los vendedores ambulantes. “Quieren echarnos la culpa, pero no dan mantenimiento a las carreteras”, expresó.

Durante la vista, Santiago también hizo un señalamiento político de peso al alegar que Abel Nazario Quiñones, exalcalde de Yauco, exsenador y dos veces convicto federal, le habría ofrecido gestionar una reunión en La Fortaleza a cambio de que él y su grupo pidieran disculpas públicas a la gobernadora Jenniffer González Colón. La alegación añade otra dimensión a la controversia, pues coloca sobre la mesa la posible intervención de figuras políticas sin cargo público en reclamos ciudadanos que deberían ser atendidos por los canales oficiales del gobierno.

Ese reclamo conecta con una frustración más amplia. Para muchos comerciantes, el problema no es que el gobierno quiera regular, sino que lo haga tarde, de forma desigual y sin ofrecer alternativas reales. Vendedores que llevan años con patentes municipales, inversión propia y clientela establecida ahora enfrentan la posibilidad de ser removidos por una agencia que admite que su reglamento data del año 2000 y está bajo revisión.

El choque entre municipios y DTOP

González Montalvo propuso que los municipios tengan que consultar al DTOP antes de otorgar permisos a comerciantes ubicados en carreteras estatales. A preguntas del representante José “Cheito” Hernández Concepción, el secretario sostuvo que una patente municipal no equivale a un aval del DTOP ni garantiza que el comerciante cumpla con los permisos necesarios de seguridad vial.

El planteamiento puede tener lógica administrativa, pero también revela el fracaso de coordinación del propio gobierno. Durante años, municipios otorgaron patentes, comerciantes invirtieron dinero y familias completas dependieron de esos puntos de venta. Ahora, el DTOP aparece para decir que ese aval municipal no basta, pero sin presentar todavía un sistema uniforme, transparente y aplicable a todos por igual.

La falta de coordinación entre el gobierno central y los ayuntamientos ha dejado a los vendedores en el medio: demasiado formales para ser tratados como ilegales, pero demasiado vulnerables para enfrentar solos la maquinaria del Estado.

La doble vara con los vehículos todoterreno

El discurso de seguridad vial del DTOP también enfrenta una contradicción política mayor dentro de la administración González Colón. Mientras el gobierno invoca criterios de seguridad para intervenir con comerciantes que llevan décadas en las carreteras, la Gobernadora ha impulsado legislación para permitir el tránsito de vehículos todoterreno por vías públicas.

En enero de 2026, González Colón radicó una medida que permitiría a conductores autorizados manejar vehículos todoterreno en autopistas, expresos y carreteras de acceso controlado. Posteriormente, en marzo, insistió en que estos vehículos deben tener tablilla, marbete y seguro obligatorio, aun después de que el Senado rindiera un informe negativo sobre una medida relacionada.

La contradicción es evidente. A los vendedores se les exige despejar espacios por razones de seguridad vial, pero al mismo tiempo se busca acomodar una promesa política sobre vehículos que organismos federales han advertido no deben utilizarse en carreteras pavimentadas.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ha advertido que es extremadamente peligroso usar vehículos todoterreno y ROV en carreteras pavimentadas destinadas a automóviles, porque no fueron diseñados para ese propósito y aumenta el riesgo de choques y vuelcos.

Por eso, la pregunta no es si debe haber seguridad vial. Claro que debe haberla. La pregunta es por qué el gobierno parece aplicar esa vara con dureza al pequeño comerciante de carretera, pero con flexibilidad política cuando se trata de vehículos todoterreno.