FEI radica cargos criminales por la Quebrada Margarita
El ex asesor legislativo, José Miguel Huertas y la compañia 3T enfrentan diez cargos por fraude y apropiación ilegal de $380,000 en fondos públicos
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Los Fiscales Especiales Independientes ampliaron la radicación de cargos criminales en el caso de la Autoridad de Tierras y la fallida canalización de la Quebrada Margarita, en Guaynabo, al presentar diez nuevos cargos contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp.
Según la nota de prensa del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), los fiscales Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata-Doria y Gisela Alfonso Fernández radicaron los cargos por la presunta participación de Huertas Torres y su empresa en un esquema de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos por $380,000, dinero que estaba destinado a un proyecto de infraestructura en el área de Quebrada Margarita.
Fraude y apropiación ilegal
Los nuevos cargos incluyen dos violaciones al Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, por fraude, y ocho violaciones al Artículo 182, por apropiación ilegal grave de fondos públicos.
Tras evaluar la prueba y escuchar los argumentos de las partes, la jueza Milagros Muñiz Más, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable para arresto en la totalidad de los cargos e impuso una fianza de $20,000 por cada cargo, para un total de $200,000.
La vista preliminar quedó pautada para el 14 de julio de 2026.
El trasfondo de Quebrada Margarita
La radicación añade un nuevo capítulo a uno de los casos más sensibles vinculados al uso de fondos legislativos y al Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras.
El escándalo salió a la luz por fondos públicos asignados para la canalización de la Quebrada Margarita, una obra que nunca se completó pese a la asignación millonaria de recursos públicos. Reportajes previos han documentado que la pesquisa original giraba en torno a $1.2 millones destinados a la obra y formaba parte de una investigación más amplia sobre el manejo de hasta $7 millones en fondos públicos.
El rol de Huertas Torres
El contexto del caso apunta a un entramado en el que Huertas Torres aparece en varios puntos clave: como exasesor legislativo, como técnico contratado por la Autoridad de Tierras para proyectos en el distrito de Bayamón y como enlace entre la agencia, entidades sin fines de lucro que recibían los fondos y legisladores que asignaban el dinero.
De acuerdo con la propia nota del PFEI, la Autoridad de Tierras había contratado a Huertas Torres como técnico a cargo de los proyectos en el distrito de Bayamón. También servía como enlace entre la dependencia, las organizaciones sin fines de lucro que recibían los fondos y los legisladores que asignaban el dinero.
Fondos públicos y entidades sin fines de lucro
La controversia también involucró al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, entidad sin fines de lucro que recibió fondos para la obra. Reportajes previos han señalado que la Autoridad de Tierras otorgó contratos a esa entidad pese a cuestionamientos sobre su capacidad legal y operacional para realizar trabajos de infraestructura.
El caso se originó tras un referido del entonces secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, al Departamento de Justicia por irregularidades detectadas en el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes.
Una pesquisa con varios frentes
En noviembre de 2022, el PFEI acogió la recomendación del secretario de Justicia y designó fiscales especiales para investigar posibles violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y el Código de Rentas Internas.
La pesquisa también ha estado marcada por controversias procesales. En marzo de 2026, el Tribunal de Apelaciones desestimó una denuncia contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, al concluir que el PFEI se había excedido en los términos de investigación. Sin embargo, otros frentes del caso continuaron activos, incluyendo el proceso contra Huertas Torres.
Uso de propiedad pública
En su comunicación más reciente, el PFEI sostuvo que la investigación detectó además el uso de propiedad pública para fines personales y que se permitió el uso ilegal de fondos públicos.
La presidenta del PFEI, Ygrí Rivera Sánchez, afirmó que la institución continuará fiscalizando con firmeza el manejo de los fondos públicos.
Como en todo proceso criminal, los imputados gozan de la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
