OIG cuestiona más de $6 millones en tecnológia en Salud

La Oficina del Inspector General (OIG) cuestionó $6,035,587.45 en costos asociados a servicios tecnológicos prestados al Departamento de Salud sin que existiera un contrato vigente, según un informe que identificó múltiples deficiencias en la contratación, supervisión y administración de proyectos tecnológicos de la agencia.

La investigación surgió tras un referido recibido por la OIG el 12 de julio de 2024 sobre el uso de plataformas electrónicas privadas para la prestación de servicios gubernamentales, en aparente incumplimiento con las disposiciones de la ley que creó el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Como parte del examen, la OIG evaluó los procesos de contratación y pago de servicios profesionales relacionados con consultoría en tecnología de sistemas de información y desarrollo de aplicaciones durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2025.

El informe concluyó que el Departamento de Salud permitió la prestación de servicios sin un contrato vigente, lo que dio lugar a costos cuestionados por poco más de $6 millones durante el período evaluado.

Además, los auditores identificaron contratos formalizados en incumplimiento con las disposiciones aplicables de la PRITS y de la Administración de Servicios Generales (ASG), falta de fiscalización sobre los servicios ofrecidos por el contratista, incumplimiento de cláusulas contractuales, ausencia del nombramiento del Principal Oficial de Informática (OPI) y reglamentación interna sin actualizar.

La OIG señaló que, aunque durante el desarrollo de la intervención el Departamento de Salud dejó de utilizar la plataforma tecnológica objeto del examen y contrató una solución alterna, ese nuevo proceso no fue evaluado en este informe y constituye una investigación independiente.

El organismo fiscalizador enfatizó que los cambios realizados posteriormente no alteran los hallazgos, ya que las deficiencias documentadas ocurrieron durante el período examinado y reflejan fallas en los controles internos, la supervisión contractual, la gobernanza tecnológica y el cumplimiento de la normativa aplicable.

Como resultado de la intervención, la OIG emitió recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos, asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios y evitar que situaciones similares se repitan en futuras contrataciones de servicios tecnológicos.