Gobernadora reclama trato igual en fondos de salud

La gobernadora Jenniffer González Colón reclamó al Congreso de Estados Unidos la continuidad de los fondos federales de salud que sostienen el Plan Vital, al advertir que Puerto Rico enfrenta nuevamente el riesgo de un precipicio fiscal en Medicaid si no se aprueba una solución permanente antes de 2027.

El planteamiento fue presentado durante el Puerto Rico Health Policy Conference 2026, evento que reunió a líderes de la industria de salud, funcionarios estatales, representantes federales, aseguradoras, hospitales, proveedores y expertos en política pública para discutir el futuro del sistema de salud en la Isla. La actividad fue organizada por el Departamento de Salud, ASES y PRFAA como parte de una estrategia multisectorial para defender las asignaciones federales de Medicaid y Medicare. 

Durante su mensaje, González Colón sostuvo que el financiamiento de Medicaid en Puerto Rico mantiene un problema estructural, debido a que la Isla no recibe el mismo trato que los estados. Según la mandataria, mientras los estados tienen acceso a financiamiento abierto para sus programas de Medicaid, Puerto Rico depende de asignaciones temporeras sujetas a la acción del Congreso.

“Gracias a la colaboración entre nuestra administración y el gobierno federal, Puerto Rico ha logrado aumentos sustanciales en las asignaciones de Medicaid, fortaleciendo así la estabilidad y continuidad de servicios esenciales para nuestra población”, expresó González Colón. 

La gobernadora adelantó que su administración impulsará una propuesta para aumentar anualmente en 5% las asignaciones de Medicaid y elevar a 83% el pareo federal por el costo de los servicios del programa. Actualmente, Puerto Rico recibe una asignación especial aprobada por el Congreso que expira en 2027, por lo que el Gobierno busca evitar una reducción abrupta que afecte a pacientes, hospitales, farmacias, médicos y demás proveedores. 

“Seguimos impulsando iniciativas y alianzas estratégicas para garantizar un sistema de salud más sólido, estable y accesible para todos los puertorriqueños”, añadió la gobernadora. 

El reclamo ocurre en momentos en que el Plan Vital cubre cerca de 1.3 millones de residentes, lo que representa alrededor del 47% de la población de Puerto Rico, según datos divulgados en el evento. La administración sostuvo que esa realidad evidencia la dependencia del sistema de salud de la Isla en los fondos federales de Medicaid. 

Como parte de la estrategia, el Gobierno activó el Grupo de Trabajo Multisectorial, creado mediante la Orden Ejecutiva 2026-006, con el propósito de presentar ante Washington una posición unificada sobre la necesidad de trato equitativo para Puerto Rico en programas federales de salud. 

El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, sostuvo que el objetivo principal es proteger los fondos que permiten ofrecer cubierta médica a poblaciones vulnerables y evitar un impacto severo sobre los servicios esenciales.

“El objetivo de este esfuerzo es claro: proteger los fondos federales que utilizamos para brindarle cubierta médica a las poblaciones más vulnerables y así evitar un abismo fiscal que pudiera poner en riesgo servicios esenciales de salud para más de un millón de ciudadanos americanos en Puerto Rico”, expresó Ramos Otero. 

La directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, indicó que el esfuerzo busca llevar al Congreso y a las agencias federales una propuesta sustentada en datos sobre el impacto que tendría una reducción de fondos federales de salud.

“Puerto Rico necesita estabilidad e igualdad en programas como Medicaid y Medicare. Nuestra responsabilidad es asegurar que el Congreso y las agencias federales comprendan la realidad fiscal y operacional del sistema de salud de la Isla”, sostuvo Boffelli. 

Mientras, el director ejecutivo de ASES y director del Programa Medicaid en Puerto Rico, Carlos Santiago Rosario, afirmó que la conferencia forma parte de una estrategia más amplia de defensa fiscal y de salud pública.

“El Puerto Rico Health Policy Conference 2026 no es solamente un evento académico o institucional; forma parte de una estrategia de defensa fiscal y de salud pública. Estamos enviando un mensaje claro al Congreso y al gobierno federal sobre la importancia de proteger la estabilidad del sistema de salud de Puerto Rico”, expresó Santiago Rosario. 

Según el Gobierno, la pérdida o reducción significativa de estos recursos podría provocar presiones fiscales severas sobre todo el ecosistema de salud, incluyendo hospitales, centros 330, médicos, farmacias, proveedores y beneficiarios del Plan Vital. 

La administración también informó que se firmó un Memorando de Entendimiento entre componentes estatales, federales y privados para promover soluciones de atención médica fiscalmente responsables y sostenibles para los 3.2 millones de ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. 

Fortaleza anuncia nuevas leyes y algunos vetos

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó cinco medidas legislativas y vetó otras seis, en una acción que combinó la aprobación de proyectos sobre salud, adultos mayores, reorganización gubernamental y justicia penal, con el rechazo a iniciativas que, según La Fortaleza, implicaban impacto fiscal u obligaciones operacionales sin fuentes recurrentes de financiamiento. Entre las leyes firmadas figuran medidas sobre concienciación de la artrogriposis múltiple congénita, reorganización de subsidiarias del Banco Gubernamental de Fomento, enmiendas a la Ley de Sentencia Suspendida, el intercambio electrónico de información de salud y protecciones para adultos mayores en riesgo.

Los vetos incluyeron proyectos relacionados con ingresos municipales por rótulos y anuncios, seguridad acuática, transparencia en compras gubernamentales, designaciones viales y un programa piloto para adultos con neurodivergencia. La determinación del Ejecutivo refleja una postura de mayor cautela fiscal ante medidas legislativas que crean nuevos mandatos sin identificar recursos suficientes para implementarlos, en momentos en que el Gobierno intenta balancear política pública, responsabilidad presupuestaria y capacidad operacional.