Gobierno endurece tono ante votos de huelga en AAA y CFSE

Dos votos de huelga, dos corporaciones públicas y una reacción gubernamental que, hasta ahora, parece apostar más por endurecer el discurso frente a los sindicatos que por reconocer la profundidad de los reclamos que llevaron a sus matrículas a autorizar medidas de presión.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) enfrentan conflictos laborales simultáneos. En ambos casos, sus administraciones han salido públicamente a defender sus actuaciones. Pero las respuestas también han dejado al descubierto un tono que los sindicatos podrían interpretar como desafiante: en Acueductos se advierte que una huelga afectaría al país en medio de una emergencia por sequía, mientras que en el Fondo la administración llega al extremo de cuestionar si el voto anunciado por la Unión realmente fue ratificado.

La controversia ocurre después de meses de reclamos relacionados con salarios, planes de clasificación y retribución, convenios colectivos, plazas vacantes y condiciones de trabajo.

Y aunque ninguno de los dos votos implica que los trabajadores abandonarán inmediatamente sus puestos, las respuestas de ambas corporaciones elevan el tono de una confrontación que, lejos de encaminarse hacia una solución, comienza a parecer una prueba de fuerza entre el Gobierno y sus empleados unionados.

AAA: la emergencia por sequía entra en la disputa laboral

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, reaccionó al voto aprobado por la Unión Independiente Auténtica (UIA) colocando sobre la mesa las consecuencias que tendría una huelga en momentos en que Puerto Rico atraviesa una emergencia por sequía.

“Ciertamente el tener a los compañeros de la UIA en un periodo de huelga durante este evento de emergencia, porque vamos a ponerlo debidamente y categóricamente establecido, estamos en una emergencia, tiene un efecto en lo que es el día a día de la Autoridad”, expresó González Delgado.

La advertencia llega después de que la matrícula de la UIA rechazara la propuesta económica de la corporación relacionada con el Plan de Clasificación y Retribución y aprobara un voto de huelga durante su asamblea del sábado en Arecibo.

El señalamiento de González Delgado coloca a los trabajadores ante un escenario políticamente complicado: cualquier paralización podría ser presentada como una amenaza adicional al servicio de agua precisamente cuando miles de abonados ya enfrentan interrupciones y racionamiento.

Pero la sequía, aunque agrava el potencial impacto de una huelga, no elimina los reclamos laborales que preceden la emergencia ni explica por sí sola por qué la relación entre la corporación y la UIA llegó hasta un voto de huelga.

La administración de la AAA también ha rechazado la premisa sindical de que existe una negociación convencional sobre las escalas salariales.

“Esto no es una negociación colectiva, como quizás algunos en la Unión creen. Esto es la implementación de un plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta de Control Fiscal”, sostuvo González Delgado.

La expresión refleja la distancia que existe entre las partes. Mientras la Unión reclama capacidad para negociar condiciones que considera fundamentales para sus representados, la administración insiste en que buena parte del margen de acción está condicionado por lo aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal.

La vicepresidenta de Administración de la AAA, Karim Del Valle Gregory, también rechazó las denuncias de unionados que describieron como “humillante” el trato recibido durante las conversaciones y sostuvo que la corporación ha negociado de buena fe.

La AAA asegura que su propuesta permitiría implantar el plan en septiembre, con ajustes retroactivos al 23 de octubre de 2025, y que aproximadamente el 72% de los empleados representados por la UIA recibiría un aumento.

La oferta tendría un impacto anual estimado de $11.5 millones, frente a los $9.5 millones contemplados inicialmente por la Junta de Supervisión Fiscal. La corporación afirma además haber aceptado modificaciones en 14 de los 16 puestos cuestionados por el sindicato.

La UIA no quedó convencida.

Entre sus reclamos se encuentra establecer en $12.50 la hora el salario correspondiente a la primera escala y realizar ajustes adicionales en otros niveles.

La AAA ha denominado la presentada el 21 de agosto como su “última oferta económica”, aunque aceptó celebrar otra reunión solicitada por la Unión.

Así, la corporación mantiene formalmente abierta la puerta al diálogo, pero simultáneamente deja claro públicamente que entiende haber llegado prácticamente al límite de lo que está dispuesta a conceder.

En la CFSE no solo rechazan el reclamo: cuestionan el voto

Si en Acueductos la respuesta ha sido advertir sobre las consecuencias de una huelga, en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado la confrontación tomó un giro todavía más directo.

La administradora de la CFSE, Enid Ortiz Rodríguez, cuestionó públicamente la anunciada ratificación del voto de huelga de la Unión de Empleados y sostuvo que no posee información que le permita confirmar que la matrícula realmente lo aprobó.

“A pesar de la ambivalencia del presidente de la Unión, reconozco el compromiso y la vocación de servicio de la mayoría de sus miembros, quienes conocen de primera mano las necesidades de nuestros lesionados y trabajan diariamente para atenderlas”, manifestó Ortiz Rodríguez.

La referencia a la “ambivalencia” del presidente sindical añadió un elemento personal a una controversia que hasta ahora giraba principalmente alrededor de condiciones laborales.

La administradora aseguró que empleados que participaron de la asamblea le indicaron que el voto se presentó, pero no obtuvo el respaldo de los asistentes, y que quedó sujeto a una consulta posterior en las regiones.

También destacó que habrían participado cerca de 178 de los 1,219 empleados unionados.

La versión choca frontalmente con la de la Unión.

Su presidente, Raymond Valentín Matta, aseguró que la matrícula sí ratificó el voto.

“El voto ratificado por nuestra matrícula constituye un mensaje firme e inequívoco: los trabajadores están cansados de esperar y de escuchar promesas que no se convierten en soluciones”, declaró.

El choque, por tanto, ya no se limita a determinar si los reclamos sindicales tienen mérito. La propia administración está cuestionando públicamente la legitimidad del mecanismo utilizado por los trabajadores para ejercer presión sobre su patrono.

La Unión reclama la implantación del Plan de Clasificación y Retribución, avances en la negociación del Convenio Colectivo, entrega de uniformes, atención a más de 2,400 querellas acumuladas y el reclutamiento para cubrir numerosas plazas vacantes.

Según la organización sindical, las dilaciones administrativas han prolongado problemas que aumentan las cargas de trabajo y repercuten sobre los propios servicios que ofrece la CFSE.

La administración tiene su propia versión.

Ortiz Rodríguez sostiene que las negociaciones comenzaron el 11 de febrero, que se han celebrado reuniones en miércoles alternos y que el Plan de Clasificación y Retribución permanece ante la Junta de Supervisión Fiscal.

También indicó que la corporación ofreció cubrir el costo de uniformes correspondientes a 2022 y 2024 que no fueron entregados y que comenzó a distribuir nuevos uniformes en Bayamón.

En cuanto a las querellas, afirmó que desde febrero la administración propuso trasladarlas al Negociado de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, sostuvo que ha solicitado autorización para reclutar empleados ante la falta de personal.

Un Gobierno que responde desde la defensiva

Las dos controversias presentan circunstancias diferentes, pero comparten un elemento: la respuesta inicial del Gobierno ha sido defender su gestión y poner bajo escrutinio las acciones sindicales.

En la AAA, la discusión pública pasa rápidamente del reclamo salarial a las consecuencias que una huelga tendría sobre ciudadanos afectados por la sequía.

En el Fondo, la administración no se limita a defender su gestión: cuestiona que el sindicato tenga realmente el respaldo que dice tener.

Ese tono puede terminar alimentando precisamente el argumento de los trabajadores de que sus reclamos no han sido atendidos con la seriedad que esperaban.

La administración tiene derecho a explicar las limitaciones fiscales, defender sus propuestas y cuestionar información que considere incorrecta. Pero convertir al sindicato en el principal objeto de cuestionamiento sin resolver el problema que produjo el voto de huelga difícilmente elimina el conflicto.

Además, detrás de la guerra de declaraciones existen controversias concretas: empleados reclamando mejores escalas salariales, miles de querellas pendientes, puestos vacantes, negociaciones prolongadas y planes de clasificación cuya implantación continúa provocando disputas.

Por eso, las advertencias de la AAA sobre la sequía y las dudas levantadas por la CFSE sobre la votación sindical pueden resultar políticamente útiles para ambas administraciones, pero no sustituyen una solución.

Por el momento no existe una huelga activa ni una fecha anunciada para comenzarla.

Todavía hay espacio para negociar.

La interrogante ahora es si el Gobierno utilizará ese espacio para acercar posiciones o si continuará una estrategia que proyecta firmeza para unos y prepotencia para otros, mientras dos conflictos laborales en corporaciones esenciales continúan acumulando presión.