Newsom firma polémica ley sobre privacidad migratoria
Críticos la llaman “Stop Nick Shirley Act”, mientras el gobierno sostiene que busca frenar el doxxing y las amenazas.
Por Redacción InDiario|Política|
El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una controvertida legislación que amplía las protecciones de privacidad para empleados y voluntarios de organizaciones que ofrecen servicios a inmigrantes, una medida que sus detractores advierten podría tener implicaciones sobre la fiscalización pública y el periodismo investigativo.
La AB 2624, presentada por la asambleísta demócrata Mia Bonta, fue firmada por Newsom el 22 de agosto y quedó registrada como el Capítulo 117 de las leyes de California. La legislación comenzará a operar el 1 de octubre de 2027.
La pieza ha sido bautizada por críticos conservadores como la “Stop Nick Shirley Act”, en referencia al periodista independiente y creador de contenido Nick Shirley, quien ha publicado investigaciones sobre presunto fraude relacionado con organizaciones y programas vinculados a comunidades inmigrantes.
Sin embargo, la administración de Newsom rechaza que la legislación haya sido diseñada para detener o limitar el trabajo de Shirley.
“Esta ley no tiene nada que ver con Nick Shirley”, indicó la oficina del gobernador al Daily Caller, argumentando que su propósito es proteger información personal, como direcciones residenciales, de trabajadores que han enfrentado amenazas y hostigamiento.
Amplía el programa Safe at Home
La nueva ley extiende a proveedores de servicios migratorios el programa estatal Safe at Home, que permite utilizar una dirección sustituta administrada por la Secretaría de Estado de California para evitar que la residencia real de determinados participantes aparezca en registros públicos.
El programa ya ofrece protecciones similares a víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y acecho, así como a determinados trabajadores y pacientes relacionados con servicios de salud reproductiva y de afirmación de género.
Bajo AB 2624 podrán solicitar protección empleados, proveedores y voluntarios de organizaciones que ofrecen servicios como representación y asistencia legal, manejo de casos, ayuda humanitaria, orientación migratoria, traducción, consejería y servicios de salud.
La ley incluye organizaciones sin fines de lucro, clínicas legales comunitarias, oficinas de abogados, entidades reconocidas por el Departamento de Justicia y otras instalaciones donde se brinden esos servicios.
Para ingresar al programa, el solicitante deberá demostrar su vínculo con una de esas entidades y presentar documentación relacionada con amenazas, hostigamiento o actos de violencia ocurridos durante el año anterior, además de declarar que teme por su seguridad o la de su familia.
Penalidades por divulgar información con intención violenta
Uno de los aspectos que más controversia ha generado son las restricciones relacionadas con la publicación de fotografías e información personal.
La ley establece que una persona, empresa o asociación no podrá divulgar deliberadamente en internet información personal o imágenes de un trabajador protegido cuando exista la intención específica de provocar daño físico inminente o amenazar a esa persona de forma que produzca un temor objetivamente razonable por su seguridad.
Una violación puede generar una demanda civil y una indemnización de hasta tres veces los daños reales, con un mínimo de $4,000, además de costas y honorarios de abogados.
La legislación también convierte en ilegal publicar información con la intención específica de que otra persona la utilice de manera inminente para cometer un delito violento o realizar una amenaza de violencia contra el trabajador protegido o alguien que resida con él.
El texto oficial, sin embargo, condiciona esas prohibiciones a la intención específica de incitar violencia o amenazar, un elemento importante en el debate sobre si la medida podría afectar actividades periodísticas legítimas.
Críticos advierten sobre fiscalización
Los detractores sostienen que la legislación puede convertirse en una barrera para investigar organizaciones que reciben fondos públicos o que son objeto de denuncias de fraude.
Shirley ha vinculado la discusión sobre AB 2624 con sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en organizaciones que trabajan con inmigrantes. Otros críticos republicanos han descrito la medida como una protección excesiva para entidades que, a su juicio, deberían estar sujetas a mayor escrutinio público.
La controversia aumentó después de un incidente ocurrido frente al Capitolio estatal, donde Terry Schanz, jefe de gabinete de la asambleísta demócrata Tina McKinnor, interrumpió una entrevista de Shirley y realizó un comentario vulgar dirigido contra el periodista. El episodio provocó denuncias ante la oficina de recursos humanos de la Legislatura, según reportó Daily Caller.
Bonta defiende la medida
Bonta ha insistido en que AB 2624 no busca bloquear investigaciones ni impedir que periodistas filmen en espacios públicos.
Según la legisladora, trabajadores de organizaciones migratorias han enfrentado campañas de hostigamiento, seguimiento, amenazas de muerte y publicación de sus direcciones personales.
Durante el debate legislativo, Bonta sostuvo que la legislación “no protege a organizaciones de rendir cuentas”, no prohíbe el periodismo investigativo y tampoco impide grabar en lugares públicos.
El análisis del Comité Judicial del Senado también señaló que la medida surgió para extender protecciones existentes a trabajadores que enfrentan riesgos asociados con el servicio a comunidades inmigrantes.
Un nuevo frente en la batalla migratoria
La firma de AB 2624 ocurre en medio de un enfrentamiento cada vez más abierto entre el gobierno demócrata de California y la administración federal sobre la política migratoria.
La propia legislación atribuye el aumento de amenazas contra trabajadores de servicios migratorios al ambiente político generado por las políticas federales de inmigración, lenguaje que refleja la fuerte carga política que rodeó su aprobación.
Para sus defensores, la ley representa una extensión lógica de protecciones contra el doxxing, las amenazas y la intimidación.
Para sus críticos, abre una nueva discusión sobre hasta dónde puede llegar el gobierno en la protección de determinados trabajadores sin obstaculizar el derecho del público y de la prensa a fiscalizar organizaciones que intervienen en asuntos de alto interés público.
La aplicación práctica de esas disposiciones —y cualquier eventual desafío bajo la Primera Enmienda— probablemente determinará el verdadero alcance de una legislación que ya provoca controversia mucho antes de entrar en vigor.
