Isabela cuestiona proyecto de reserva natural Mabodamaca

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, cuestionó el Proyecto del Senado 1217, presentado por legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), que busca establecer la Reserva Natural Mabodamaca, tras denunciar que la medida fue radicada sin consultar previamente al gobierno municipal y que contiene disposiciones que podrían afectar los derechos de propietarios privados.

Aunque expresó su respaldo a la conservación de los recursos naturales del litoral isabelino, el ejecutivo municipal advirtió que la legislación carece de información técnica, estudios económicos y mecanismos adecuados para garantizar la participación del municipio en las decisiones sobre el uso de terrenos.

Méndez Pérez presentó un memorial ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la senadora Corally Rosado Rivera, en el que expuso las preocupaciones de su administración y propuso varias enmiendas.

“El Municipio de Isabela agradece la oportunidad de participar en este proceso legislativo. Isabela es un municipio que ha hecho de su litoral costero y de sus recursos naturales un elemento central de su identidad, su atractivo turístico y su economía local”, expresó el alcalde.

La medida, presentada por los senadores María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, propone declarar reserva natural aproximadamente 204.5 cuerdas de terrenos costeros en el barrio Bajuras, entre las playas Las Golondrinas y Shore Island, además de los ecosistemas marinos que se extienden hasta nueve millas náuticas mar afuera.

Preocupación por los derechos de propiedad

Entre los principales señalamientos del municipio figura la ausencia de un mapa oficial, plano catastral o listado de propiedades que permita identificar cuáles terrenos quedarían incluidos dentro de la reserva.

Según el memorial, esta situación impediría que los propietarios conozcan con certeza si sus terrenos estarán sujetos a nuevas restricciones de uso.

El municipio también cuestionó que el proyecto no incluya un análisis económico sobre las consecuencias de la designación para los dueños de terrenos y las actividades comerciales de la zona.

La administración municipal advirtió que imponer restricciones permanentes sobre propiedades privadas podría limitar las posibilidades de desarrollo y afectar su valor en el mercado.

Asimismo, planteó que cualquier reducción sustancial en el valor de las propiedades debería ser considerada por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para efectos contributivos.

“El Municipio no plantea este asunto como oposición al proyecto. Lo plantea porque una ley de conservación justa debe contemplar qué ocurre con los derechos de los propietarios privados afectados”, sostiene el documento.

DRNA y Planificación tampoco favorecen la medida

Las preocupaciones del gobierno municipal coinciden con varios señalamientos realizados por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación durante una vista pública celebrada el miércoles en el Senado.

El DRNA reconoció el valor ecológico del área, pero no favoreció el proyecto en su redacción actual debido a la falta de recursos económicos, técnicos y humanos para establecer y administrar la reserva.

La agencia estimó que su implementación requeriría aproximadamente $2.1 millones durante cinco años, destinados a estudios de titularidad, agrimensura, delimitación de terrenos, posibles adquisiciones y trabajos de restauración.

Por su parte, la Junta de Planificación tampoco respaldó la aprobación de la medida en esta etapa, ante la ausencia de información técnica y cartográfica, las posibles implicaciones para propietarios privados y la falta de una fuente de financiamiento.

Reclaman participación municipal

El alcalde Méndez Pérez recordó que la propuesta de crear la Reserva Natural Mabodamaca no es nueva, pues una legislación similar fue presentada durante el pasado cuatrienio por la entonces senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, sin lograr su aprobación.

Destacó que el municipio ha colaborado con organizaciones ambientales como Conservación Costera de Puerto Rico (CoCoPR), Surfrider y Rescate Playa de Isabela, además de mantener instalaciones recreativas y facilitar el uso responsable del litoral.

Como parte de sus recomendaciones, solicitó que se identifiquen oficialmente los terrenos afectados, se prepare un estudio de impacto económico, se evalúe la compatibilidad de la reserva con los planes de ordenamiento territorial y se establezcan mecanismos de participación directa del municipio en la elaboración del plan de manejo.

También reclamó que se examine el efecto de las restricciones sobre las contribuciones de la propiedad y los derechos de los dueños de terrenos.

Méndez Pérez insistió en que sus planteamientos no deben interpretarse como un rechazo a la conservación ambiental, sino como un esfuerzo para garantizar que la legislación pueda implementarse sin generar conflictos jurídicos o perjuicios económicos innecesarios.

“Nuestras observaciones no son objeciones a la conservación ambiental; son preguntas que cualquier gobierno responsable debe formular antes de apoyar una medida de esta naturaleza y magnitud”, puntualizó.

El futuro de la propuesta dependerá ahora de la evaluación legislativa y de si se incorporan las recomendaciones municipales y los señalamientos técnicos de las agencias gubernamentales.