Jeison Rosa Ramos exige oficinas de Ley 300 en el oeste
Salud prometió en marzo una oficina en Lajas antes del verano y el senador radicó dos medidas para que haya una en cada región y 72 horas de trámite
Por Redacción InDiario|Política|
El senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa Ramos, radicó el Proyecto del Senado 1580 y la Resolución Conjunta del Senado 225 para obligar al Departamento de Salud a abrir oficinas del Puerto Rico Background Check Program en sus ocho regiones operacionales, empezando por Aguadilla y Mayagüez, y a expedir la certificación de la Ley 300 en un término no mayor de 72 horas. "No es justo que una enfermera, una cuidadora o un maestro de un centro de cuido del oeste tenga que perder un día de trabajo y viajar horas para cumplir con un requisito que exige el propio Gobierno", dijo el senador del PNP al anunciar las medidas. "Estas medidas buscan que el servicio llegue a la gente, y no que la gente tenga que salir a buscarlo lejos de su región".
La certificación de la Ley 300-1999, la Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud, es condición para trabajar en centros de cuido, égidas, hogares de salud y servicios de salud en el hogar, y parte del trámite, la toma de huellas dactilares, la fotografía y la validación de identidad, tiene que hacerse en persona. Hoy solo hay oficinas en San Juan, Fajardo y Ponce, la última inaugurada el 20 de marzo. Los residentes de los 15 municipios de las regiones de Aguadilla y Mayagüez, de Isabela a Sabana Grande, siguen viajando a otra región para un requisito que en muchos casos decide si empiezan o conservan un empleo.
La promesa de atender el oeste ya estaba hecha. En noviembre de 2025 el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, dijo en Mayagüez que después de Ponce abriría otra oficina en el oeste. "Queremos que las personas tengan opciones", afirmó. Al inaugurar la de Ponce, el programa anunció que la próxima sería en Lajas antes del verano y que habría al menos una más antes de fin de año. Siete meses después, las medidas del senador parten de que el oeste sigue sin oficina, y Salud no ha anunciado la apertura de Lajas.
LOS NÚMEROS DEL PROGRAMA
El propio Ramos Otero puso cifras a lo que cuesta y a lo que rinde una oficina. La de Ponce tiene un costo anual de $302,685 "entre nómina, limpieza, fotocopia y bienes materiales" y capacidad para 3,900 verificaciones mensuales, 46,800 al año. San Juan procesa hasta 5,850 al mes y Fajardo 1,300, para un total de 132,600 verificaciones al año en todo el sistema, mientras la directora del programa, Lourdes Borrés Otero, fijó como meta procesar 250,000 huellas al año. En una vista del Senado en marzo de 2025, bajo la Resolución del Senado 24 de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, el Gobierno informó que la certificación cuesta $69.95, repartidos entre Justicia, Salud, las tarifas del FBI y el mantenimiento de la nube, que solo el contratista certificado por el FBI, Biometrics4ALL, puede tomar las huellas, y que el sistema registró 3,252 transacciones en febrero de ese año. El Departamento de la Familia pidió entonces una evaluación integral del sistema por los atrasos en licencias y contrataciones, y los dueños de centros de cuidado prolongado hablaron de "barreras económicas y administrativas innecesarias".
Salud ya tomó una medida para aliviar la carga. La Orden Administrativa 2025-620, de julio de 2025, extendió de uno a tres años la vigencia de los certificados, siempre que el titular se inscriba en el sistema Rap Back del FBI, que avisa al Departamento si la persona comete un delito en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. La orden redujo la frecuencia del trámite y dejó intacta la distancia que hay que recorrer para hacerlo.
LO QUE ORDENAN LAS MEDIDAS
El Proyecto del Senado 1580 enmienda la Ley 300 para que Salud establezca oficinas en las regiones Metro, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Caguas y Fajardo, cada una con toma electrónica de huellas, fotografía, validación de identidad y cualquier otro trámite presencial. La agencia escogería las ubicaciones según la demanda, la accesibilidad, la transportación y la alternativa de menor impacto fiscal, con preferencia por instalaciones gubernamentales existentes, y tendría que expedir la certificación en un máximo de 72 horas una vez el solicitante complete la solicitud y cumpla los requisitos. El proyecto también actualiza las referencias de la ley a la Ley 266-2004, del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, y a la Ley 121-2019, la Carta de Derechos de los Adultos Mayores.
La Resolución Conjunta 225 fija el calendario para el oeste. Salud tendría 90 días para presentar a la Asamblea Legislativa un plan con las instalaciones propuestas, la demanda estimada, el equipo y el personal necesarios, el costo y las fuentes de fondos, las oficinas de Aguadilla y Mayagüez tendrían que abrir no más tarde de 180 días después de aprobada la medida, y la agencia tendría 30 días desde la apertura para notificar horario, capacidad, servicios y el mecanismo de citas. Las dos medidas priorizan instalaciones, personal, equipo y fondos existentes, incluidos fondos federales, autorizan acuerdos con Justicia y con los municipios de ambas regiones y aclaran que no obligan a crear plazas nuevas cuando el servicio pueda darse con el personal actual. "El oeste no puede seguir esperando. Con esta resolución pedimos un plan concreto, con fechas y costos, para que los 15 municipios de las regiones de Aguadilla y Mayagüez tengan este servicio cerca de casa, utilizando primero los recursos y las instalaciones que el Gobierno ya tiene", sostuvo Rosa Ramos.
El senador, natural de Moca, trabajó más de 15 años como técnico quirúrgico y enfermero antes de llegar al Senado en las elecciones de 2024, y preside la Comisión de Agricultura. "Proteger a nuestros niños, adultos mayores y personas con impedimentos es una prioridad, y la Ley 300 es una herramienta esencial para lograrlo. Pero esa protección no debe convertirse en una barrera para quienes quieren trabajar cuidándolos. Con estas medidas, cumplimos con ambas cosas", concluyó. Las dos medidas esperan referido a comisión y, al momento de esta publicación, no constaba reacción pública del Departamento de Salud.