Junta pone condiciones al IVU en una carta en español
La Junta reclama cubrir el costo de $56.8 millones, cuestiona promesas fiscales pendientes y pide una reforma contributiva integral
Por Redacción InDiario|Política|
La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (JSF) cuestionó la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón de suspender temporalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre alimentos preparados y advirtió que la medida no debe entrar en vigor hasta completar su evaluación fiscal e identificar los recursos para compensar los $56.8 millones que dejarían de ingresar al Gobierno.
La advertencia figura en una carta de cuatro páginas, fechada el 28 de octubre y firmada por el director ejecutivo del organismo, Robert F. Mujica Jr., dirigida a la gobernadora, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
La comunicación presenta, además, una particularidad histórica: fue emitida íntegramente en español, sin identificarse como una traducción de un documento originalmente redactado en inglés, como ha ocurrido con correspondencia anterior del organismo. Se trata de la primera carta de esta naturaleza que se ha podido identificar como emitida directamente en español desde la creación de la Junta en 2016.
Junta cuestiona la práctica de anunciar alivios sin fondos
La propuesta gubernamental contempla suspender, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2026, la porción estatal del 6% del IVU aplicable a alimentos preparados, bebidas carbonatadas, dulces y productos de confitería.
Aunque reconoció las dificultades económicas que enfrentan las familias y los comercios como consecuencia del aumento en las tarifas eléctricas, la Junta cuestionó que el Ejecutivo anunciara la iniciativa antes de completar su evaluación presupuestaria.
El organismo reveló que la propuesta no se discutió durante una reunión celebrada con el Gobierno el 21 de octubre, apenas dos días antes de su anuncio público.
También señaló que esta es la segunda ocasión durante 2026 en que se anuncia una medida de alivio contributivo fuera del proceso presupuestario, sin completar previamente el análisis de su costo y sus efectos fiscales.
“El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”, sostuvo Mujica en la comunicación.
La Junta insistió en que cualquier alivio contributivo debe contar con una fuente de financiamiento identificada y ser compatible con el presupuesto certificado y la planificación fiscal a cinco años.
Recuerda compromiso incumplido tras alivio de $554 millones
Uno de los señalamientos más significativos de la carta se relaciona con el alivio contributivo de $554 millones aprobado hace menos de cinco meses para trabajadores y contribuyentes de clase media.
Según la Junta, aquella autorización estuvo acompañada del compromiso gubernamental de establecer mecanismos permanentes de responsabilidad fiscal, incluyendo un fondo de estabilización presupuestaria, un fondo de capital y un plan financiero a cinco años.
Sin embargo, el organismo denunció que esas salvaguardas todavía no se han convertido en ley.
Los Proyectos de la Cámara 1261 y 1262 fueron aprobados por unanimidad durante junio, pero con enmiendas que la gobernadora no aceptó, por lo que no llegaron a convertirse en ley.
Posteriormente, las iniciativas fueron presentadas nuevamente como los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392, que, según la Junta, permanecen sin avances legislativos.
“El alivio se concedió. Las salvaguardas no se establecieron”, expresó Mujica.
El funcionario advirtió que anunciar mecanismos de responsabilidad fiscal sin convertirlos en legislación transmite un mensaje negativo a los contribuyentes y a los mercados de capital.
Advierte sobre otras obligaciones millonarias
La comunicación también describe un panorama de presiones económicas que, según la Junta, amenaza la estabilidad presupuestaria de Puerto Rico.
El organismo identificó varias obligaciones y propuestas que podrían comprometer los recursos públicos:
- Pensiones: legislación que propone aumentar beneficios con un impacto estimado superior a $230 millones anuales, sin una fuente recurrente de financiamiento identificada.
- Convenios colectivos: aumentos salariales negociados cuyo costo estimado supera los $100 millones y para los cuales no se han identificado los fondos correspondientes.
- Departamento de Educación: insuficiencia presupuestaria para atender obligaciones actuales y compromisos de años anteriores que no habían sido registrados.
- Policía: gastos por horas extraordinarias que continúan excediendo las asignaciones presupuestadas.
- Medicaid: incertidumbre sobre el financiamiento federal después del año fiscal 2028, sin que exista un plan de contingencia para una posible reducción de recursos.
La Junta sostuvo que los recaudos contributivos se han mantenido prácticamente estancados durante cuatro años fiscales consecutivos, mientras la desaceleración económica limita la capacidad gubernamental para generar nuevos excedentes.
La Junta señala que el verdadero problema es la electricidad
El organismo también cuestionó la efectividad de suspender temporalmente el IVU como mecanismo para enfrentar los elevados costos energéticos.
En su análisis, Mujica argumentó que la medida podría proporcionar algún alivio económico inmediato, pero no modificaría las condiciones que mantienen elevados los costos operacionales de los comercios.
“Una suspensión de dos meses del IVU sobre alimentos preparados atiende un síntoma, pero no la causa: la ausencia de generación más económica”, planteó.
La Junta identificó como alternativas estructurales el desarrollo de proyectos de energía renovable, la conversión de plantas existentes a gas natural y la incorporación de nueva capacidad de generación a menor costo.
Además, reiteró la necesidad de impulsar una reforma contributiva integral que simplifique el sistema, mejore su eficiencia y contribuya al crecimiento económico.
Gobernadora y Junta se reúnen tras la advertencia
Tras divulgarse la carta, González Colón se reunió este jueves con Mujica y funcionarios de su equipo fiscal para discutir asuntos relacionados con el sistema eléctrico y la situación presupuestaria.
El Gobierno ha sostenido que evalúa mecanismos para financiar la propuesta sin afectar el presupuesto corriente, aunque al momento de la carta esos recursos no habían sido identificados en la documentación presentada a la Junta.
Por su parte, Rivera Schatz rechazó los señalamientos sobre la falta de aprobación de las medidas de estabilización fiscal y recordó que la Asamblea Legislativa había aprobado ambos proyectos, que no recibieron la firma de la gobernadora.
El presidente senatorial defendió la necesidad de atender los altos costos de electricidad como una situación de emergencia económica.
Tres condiciones para avanzar con el alivio
En su comunicación, la Junta solicitó al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa atender tres asuntos fundamentales.
Primero, aprobar durante la presente sesión legislativa los Proyectos de la Cámara 1391 y 1392, dirigidos a establecer las salvaguardas fiscales pendientes.
Segundo, complementar la propuesta del Departamento de Hacienda con la identificación de fuentes de financiamiento no recurrentes que compensen la totalidad de los $56.8 millones, acompañadas de un análisis de su impacto presupuestario.
Finalmente, iniciar una discusión sobre una reforma contributiva integral y un plan financiero a cinco años que considere las presiones fiscales existentes.
La Junta aclaró que no descarta autorizar medidas de alivio, siempre que cumplan con los criterios de responsabilidad fiscal establecidos bajo la ley federal PROMESA.
“La suspensión no debe entrar en efecto hasta que se complete dicha revisión”, puntualizó Mujica.
La comunicación también vinculó la disciplina presupuestaria con la eventual salida de la Junta de Puerto Rico, al advertir que la estabilidad fiscal requiere mecanismos permanentes que trasciendan las administraciones gubernamentales.
Mientras tanto, la suspensión del IVU permanece sujeta a evaluación, a pocos días de la fecha propuesta para su entrada en vigor.
