Proponen Carta de Derechos para personas con TDAH en PR

Ante las dificultades que enfrentan familias para obtener servicios educativos, tratamientos y acomodos para personas diagnosticadas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) presentaron este miércoles una propuesta para establecer una Carta de Derechos dirigida a esta población.

El Proyecto del Senado 1593, presentado por el portavoz de la delegación popular, Luis Javier Hernández Ortiz, busca establecer garantías específicas para niños, jóvenes y adultos con TDAH, así como imponer nuevas responsabilidades a las agencias gubernamentales encargadas de atender sus necesidades.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Capitolio, el senador estuvo acompañado por la senadora Ada Álvarez Conde, así como representantes de organizaciones comunitarias, profesionales de la salud, activistas y familiares de personas con diversidad funcional.

Entre los participantes estuvieron Ariana Carreras Espinosa, fundadora de EducAcciónPR, organización que impulsó la propuesta; Sharimar Núñez Hernández, fundadora y presidenta del Grupo de Empoderamiento de Mujeres Autistas (GEMA); Gabriel Ramos, activista y documentalista; y Ariel Díaz. 

Hernández Ortiz explicó que la iniciativa surgió de las experiencias de familias que, a pesar de contar con protecciones bajo distintas leyes, continúan enfrentando obstáculos para conseguir servicios y acomodos adecuados.

Durante la presentación se señaló que el Plan Vital del Gobierno de Puerto Rico atendió un promedio anual de 27,302 menores de 18 años con diagnóstico de TDAH entre 2019 y 2025.

La cifra corresponde exclusivamente a menores atendidos mediante el plan de salud gubernamental y no representa necesariamente la totalidad de niños y adolescentes diagnosticados con esta condición en Puerto Rico, ya que no incluye a quienes reciben servicios mediante otros planes médicos o fuera de ese sistema.

Se advirtió, además, que el trastorno no necesariamente desaparece al alcanzar la adultez. Según estudios citados por la legisladora, entre un 35 % y un 65 % de los menores diagnosticados continúan presentando síntomas durante su vida adulta.

Según las cifras presentadas durante la conferencia, el Departamento de Educación atiende a 101,598 estudiantes a través de su Programa de Educación Especial. Sin embargo, esa cantidad corresponde a alumnos con distintas condiciones y necesidades educativas, y no exclusivamente a estudiantes diagnosticados con TDAH.

Aunque el trastorno puede incluirse bajo la categoría de otros impedimentos de salud, los datos publicados en el portal MIPE del Departamento de Educación no presentan un desglose específico que permita identificar cuántos estudiantes reciben servicios por esta condición.

La ausencia de estadísticas detalladas limita la capacidad de conocer cuántos estudiantes con TDAH forman parte del sistema público y dificulta evaluar si los recursos, servicios y apoyos disponibles responden a sus necesidades.

Protecciones contra el discrimen y nuevas obligaciones para las agencias

Entretanto, la senadora Ada Álvarez Conde explicó que la legislación propuesta reconoce el derecho de las personas con TDAH a recibir un trato digno y libre de discrimen, humillaciones y castigos desproporcionados.

También contempla el acceso oportuno a servicios educativos y de salud, mecanismos para presentar querellas cuando se denieguen servicios y protecciones para adultos en el ámbito universitario y laboral.

En las escuelas, la medida propone establecer espacios de regulación emocional que no podrán utilizarse como mecanismos de castigo o aislamiento.

Asimismo, la medida asignaría al Departamento de Educación la responsabilidad de ofrecer capacitación continua a maestros y personal escolar, desarrollar protocolos de identificación y referido, y establecer medidas para prevenir prácticas discriminatorias contra estudiantes con esta condición.

Por su parte, el Departamento de Salud tendría que crear un sistema de vigilancia epidemiológica del TDAH, publicar estadísticas desglosadas por edad, sexo y municipio, y desarrollar campañas educativas dirigidas a combatir el estigma asociado con el trastorno.

La legislación también establece responsabilidades para padres y encargados en el seguimiento de referidos y recomendaciones profesionales.

Álvarez Conde indicó que la propuesta busca complementar las protecciones existentes bajo la Ley 51 de 1996, de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos; la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos; y la Ley 163 de 2024, relacionada con el autismo.

De esta manera, una persona diagnosticada tanto con TDAH como con autismo podría acogerse a las protecciones y servicios correspondientes a ambas condiciones, sin que un diagnóstico excluya al otro.

Proyecto pendiente de evaluación legislativa

El Proyecto del Senado 1593 fue radicado el 20 de octubre y referido a la Comisión de Salud del Senado, donde deberá comenzar su evaluación legislativa.

Hernández Ortiz adelantó que buscará el respaldo de otros legisladores para ampliar la cantidad de coautores de la medida y promover su aprobación.

El senador reconoció la participación de EducAcciónPR y de las organizaciones y profesionales que colaboraron en la elaboración de la propuesta, particularmente a Carreras Espinosa y al doctor Johnathan Caraballo.

También indicó que representantes de estas organizaciones, familiares y profesionales de la salud están disponibles para participar en vistas públicas y presentar sus experiencias ante la Legislatura.

De aprobarse, la propuesta establecería un marco legal específico para las personas con TDAH en Puerto Rico. No obstante, su impacto dependería de cómo las agencias gubernamentales implementen los protocolos, mecanismos de supervisión y servicios contemplados en la legislación.