Swanny Vargas exige cuentas por atrasos en el desempleo

La representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Swanny Enit Vargas Laureano, exigió a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), María del Pilar Vélez Casanova, explicaciones inmediatas ante denuncias de ciudadanos que aseguran llevar hasta diez semanas sin recibir sus beneficios por desempleo.

El reclamo surge tras señalamientos sobre pagos que aparecen procesados en la nueva plataforma Desempleo Digital, pero que no se reflejan en las cuentas bancarias de los beneficiarios, así como depósitos devueltos y reclamaciones que posteriormente figuran como descalificadas.

La legisladora cuestionó la falta de respuestas claras para las personas afectadas y advirtió sobre las consecuencias económicas que pueden enfrentar las familias que dependen de estos beneficios para cubrir sus necesidades esenciales.

“Secretaria, detrás de cada reclamación hay una persona que perdió su empleo y necesita comprar alimentos, pagar su vivienda y atender a su familia. Si un ciudadano ve que el sistema registra un pago, pero no recibe el dinero, el Departamento tiene que rastrear esa transacción y explicarle qué ocurrió y cuándo se resolverá. Las deudas y necesidades de las familias no pueden esperar por el sistema”, expresó Vargas Laureano.

Promesas de agilizar los pagos bajo cuestionamiento

La controversia ocurre casi dos meses después de la implementación de Desempleo Digital, plataforma que comenzó a operar el 1 de septiembre de 2026 para sustituir el antiguo sistema de reclamaciones del Departamento del Trabajo.

Como parte de la transición tecnológica, la agencia suspendió temporalmente los servicios de procesamiento de reclamaciones y pagos entre el 17 y el 31 de agosto.

El 25 de agosto, Vélez Casanova aseguró que, una vez completada la migración, no deberían registrarse retrasos adicionales. Posteriormente, el 3 de septiembre, garantizó que los reclamantes elegibles no perderían los beneficios pendientes durante la transición.

Sin embargo, las denuncias divulgadas ahora plantean interrogantes sobre el funcionamiento del sistema y los mecanismos disponibles para resolver las reclamaciones.

“La secretaria ofreció unas garantías que ahora tiene que demostrar con resultados. Corresponde aclarar cuántas reclamaciones siguen pendientes, desde cuándo y por qué. Las personas necesitan saber si falta algún documento, si existe una determinación sobre su elegibilidad o si el atraso responde a un problema técnico”, sostuvo la representante.

Exige informe público y calendario de solución

Vargas Laureano solicitó que el Departamento del Trabajo publique un informe detallado que permita conocer cuántas reclamaciones permanecen pendientes, cuánto tiempo llevan sin resolverse y qué ha ocurrido con los desembolsos autorizados que no han llegado a sus destinatarios.

La legisladora también reclamó un calendario de acción para atender las situaciones identificadas y establecer un mecanismo de seguimiento mediante el cual los beneficiarios puedan verificar el estado de sus reclamaciones.

Asimismo, pidió que se investiguen las transacciones rechazadas o devueltas, en coordinación con las instituciones financieras y las entidades que intervienen en el procesamiento de los depósitos.

Otro aspecto que considera prioritario es la revisión de las reclamaciones descalificadas, particularmente aquellas en las que los ciudadanos aseguran no haber recibido explicaciones suficientes sobre las determinaciones administrativas.

Un sistema que ya había generado controversias

La implementación de Desempleo Digital estuvo acompañada de largas filas y problemas relacionados con los procesos de validación de identidad, que obligaron a numerosos solicitantes a acudir presencialmente a las oficinas del Departamento del Trabajo.

En septiembre, Vélez Casanova atribuyó las dificultades iniciales a los controles de seguridad establecidos para prevenir fraudes y aseguró que las operaciones de las oficinas se habían estabilizado.

No obstante, las nuevas denuncias requieren determinar si los atrasos corresponden a problemas tecnológicos, verificaciones pendientes, determinaciones de elegibilidad o trámites con las instituciones financieras.

Hasta el momento, no se ha presentado en la información divulgada una cifra oficial que permita establecer cuántos reclamantes están afectados por las situaciones denunciadas.

El reclamo de Vargas Laureano coloca nuevamente bajo escrutinio la operación de Desempleo Digital y la capacidad del Departamento del Trabajo para garantizar que los beneficios autorizados lleguen oportunamente a quienes cumplen los requisitos.

La legisladora insistió en que la agencia debe ofrecer soluciones individualizadas y explicaciones verificables, particularmente cuando los pagos constituyen el principal sustento económico de personas que han perdido sus empleos.