Junta Fiscal autoriza fondos para atender la sequía

La Junta de Supervisión y Administración Financiera autorizó al Gobierno de Puerto Rico a utilizar recursos de la Reserva de Emergencia para sufragar parte de la respuesta pública ante la sequía que afecta distintas regiones de la isla.

La aprobación abre la puerta para que agencias y municipios soliciten fondos destinados a medidas extraordinarias, como el acarreo y la distribución de agua potable, la instalación de oasis, la activación de equipos de emergencia y otras acciones dirigidas a atender comunidades impactadas por la reducción de los abastos.

La información divulgada hasta el momento no especifica el monto total autorizado ni el periodo durante el cual el Gobierno podrá acceder a la reserva. Cada desembolso deberá responder a una necesidad documentada y cumplir con los controles presupuestarios establecidos por la Junta Fiscal y la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

La determinación ocurre luego de que el organismo fiscal reconociera, en una comunicación anterior, que los gastos relacionados directamente con las condiciones de sequía podían considerarse un uso admisible de la Reserva de Emergencia.

No obstante, la Junta estableció una distinción entre la falta de agua provocada por condiciones climáticas extraordinarias y las interrupciones atribuibles a deficiencias operacionales o trabajos de reparación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

En julio, el organismo advirtió que la reserva no debía utilizarse para cubrir problemas administrativos o de mantenimiento recurrente de la AAA. Según su posición, esos gastos deben sufragarse con asignaciones operacionales, fondos recurrentes o partidas específicamente destinadas a la corporación pública. 

La gobernadora Jenniffer González Colón había declarado un estado de emergencia para Río Grande, Canóvanas y cualquier otra comunidad afectada por interrupciones programadas del servicio de agua potable. La orden también autorizó la activación de la Guardia Nacional para colaborar con la distribución y el acarreo de agua. 

Como parte de la respuesta, el Ejecutivo instruyó a Hacienda, OGP, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y otras dependencias a identificar recursos fiscales, humanos y operacionales. El Gobierno también evaluó el uso de unidades móviles capaces de producir aproximadamente 4,500 galones de agua por hora y operar hasta 16 horas diarias. 

Fondos sujetos a controles

La Reserva de Emergencia fue creada mediante el Plan Fiscal para responder rápidamente a desastres naturales y acontecimientos extraordinarios. La Junta Fiscal informó en abril que el fondo cuenta con aproximadamente $1,300 millones, aunque su utilización está sujeta a criterios estrictos y a procesos de rendición de cuentas. 

La aprobación no representa un cheque en blanco para la AAA ni para las agencias participantes. Las entidades deberán identificar los gastos, justificar su relación con la emergencia y someter informes sobre el uso de los recursos.

El presupuesto vigente establece que el acceso a la reserva requiere una declaración formal de emergencia, una solicitud de OGP ante la Junta Fiscal y documentación que detalle la agencia o municipio beneficiario, la cantidad solicitada y el propósito del desembolso. 

La autorización cobra mayor relevancia ante los pronósticos que anticipan condiciones desfavorables durante los próximos meses. Los modelos climáticos reflejan una probabilidad superior al 70 % de precipitaciones por debajo de lo normal y temperaturas por encima del promedio entre agosto y octubre de 2026. 

La disponibilidad de fondos permitirá atender necesidades inmediatas, pero no resuelve los problemas estructurales del sistema de agua potable, que incluyen pérdidas de agua, averías, falta de mantenimiento y limitaciones en la infraestructura de la AAA. La respuesta a la sequía tendrá que avanzar, por tanto, de manera paralela a las inversiones permanentes que requiere la red de distribución.