Junta Fiscal confirma diálogo federal por Power Expectations
Robert Mujica reveló que abogados del organismo han conversado con autoridades federales que investigan el fallido contrato de generación temporera
Por Redacción InDiario|Política|
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) confirmó que sus asesores legales han sostenido conversaciones con autoridades federales en torno a la investigación sobre el fallido contrato de Power Expectations, acuerdo que contemplaba hasta 400 megavatios de generación temporera para el sistema eléctrico de Puerto Rico.
El director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica, confirmó este miércoles los contactos, aunque evitó identificar cuáles agencias federales participan de la investigación o divulgar el contenido de las conversaciones.
“Las conversaciones sobre el contrato de Power Expectations continúan con los funcionarios federales. Y eso es todo lo que vamos a decir”, expresó Mujica durante una conferencia de prensa.
La admisión añade un nuevo elemento a una controversia que ya es objeto de investigaciones legislativas y de escrutinio por parte de autoridades federales.
Junta cuestiona cambios posteriores a su aprobación
Mujica explicó que una de las principales preocupaciones del organismo surgió luego de que el contrato sufriera modificaciones posteriores a la evaluación realizada por la Junta.
Según el funcionario, el acuerdo que eventualmente tomó forma no era el mismo que originalmente había recibido el aval condicionado del ente fiscal.
“El contrato cambió y las partes cambiaron después de que la Junta lo revisó”, sostuvo Mujica, quien planteó que una de las interrogantes centrales es determinar por qué ocurrieron esas modificaciones.
El director ejecutivo también señaló que la Junta había establecido salvaguardas que permitían al Gobierno terminar el acuerdo si el contratista incumplía con determinadas condiciones o demostraba que no podía ejecutar el proyecto. Según Mujica, algunas de esas salvaguardas no se cumplieron.
La Junta revocó en agosto su aprobación al contrato y ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) rescindirlo. El acuerdo, estimado en hasta $5,887 millones durante diez años, contemplaba la instalación de unos 400 megavatios de generación temporera en la Central Aguirre, en Salinas.
Señala falta de respuestas del 3PPO
Mujica también volvió a cuestionar la colaboración recibida durante el proceso de revisión contractual.
Según indicó, parte del tiempo que tomó evaluar el acuerdo respondió a que la Oficina Independiente de Adquisiciones, conocida como 3PPO, no respondió oportunamente a interrogantes planteadas por la Junta.
Desde febrero, el organismo fiscal había expresado preocupaciones sobre aspectos como la capacidad financiera de los proponentes, las investigaciones de antecedentes, cambios realizados durante el proceso de solicitud de propuestas y el posible uso de fondos federales.
Posteriormente, la Junta también solicitó información sobre los cabilderos, consultores, abogados e intermediarios relacionados con la contratación y cualquier compensación que pudieran recibir como resultado de la adjudicación o ejecución del acuerdo.
Investigación federal sigue abierta
La confirmación de Mujica ocurre mientras distintas versiones sobre el proceso continúan surgiendo públicamente.
NotiCel informó que las autoridades federales han recibido información o referidos relacionados con el proceso de parte de figuras vinculadas al caso, entre ellas el zar de Energía, Josué Colón Ortiz; el presidente de Regulatory Compliance Services y administrador del 3PPO, Osvaldo Carlo Linares; y la exdirectora ejecutiva de la AEE, Mary Carmen Zapata Acosta.
Por su parte, Prensa Abierta ha informado, citando fuentes con conocimiento de la pesquisa, que la investigación federal ha examinado la participación de cabilderos e intermediarios vinculados a la transacción. Esa publicación también ha reseñado versiones contradictorias entre funcionarios y participantes del proceso sobre quién conocía o intervino en determinadas etapas de la contratación.
Mujica no reveló el alcance de las conversaciones de la Junta con las autoridades federales ni identificó qué funcionarios o entidades están siendo examinados.
Mientras tanto, Power Expectations ha acudido al Tribunal Federal para impugnar la cancelación del contrato, argumentando que la determinación de dejarlo sin efecto no estuvo justificada y solicitando que el proyecto sea restablecido.
La confirmación de las conversaciones entre la Junta y autoridades federales mantiene abierto otro frente de investigación en torno a uno de los procesos de contratación energética de mayor cuantía examinados recientemente en Puerto Rico.
