Head Start: la reacción, el 15%, la colonia y el inglés - Opinión

Washington publicó una propuesta de reglamento para Head Start con un título que merece aplausos por su sentido del humor: Reducing Federal Burden for Head Start Programs. Reducir la carga federal. Después de leer sus 75 páginas, uno llega a una conclusión inevitable: la carga no se reduce, se muda. Y en nuestro caso, se muda a Puerto Rico. Cuatro palabras resumen el problema: la reacción, el 15%, la colonia y el inglés.

Empecemos por casa, que es donde más duele. Una regla capaz de reconfigurar uno de los programas federales más importantes para la niñez puertorriqueña merecía algo más que silencio institucional y alguna declaración tímida. Puerto Rico tiene conocimiento técnico, tiene experiencia y tiene programas que funcionan. Lo que ha faltado es contundencia. No se trata de buscar culpables, sino de recordar una regla elemental del derecho administrativo: en un proceso de reglamentación federal, quien no comenta no existe. El expediente no lee mentes ni conferencias de prensa; lee comentarios formales, con datos y con firma. Por eso el Gobierno Estatal, la Legislatura, el Comisionado Residente, los alcaldes y todo el andamiaje político de la jurisdicción tienen que entrar a este debate por la puerta grande, y no esperar a que la regla final les toque a la puerta.

El segundo asunto es el dinero. La propuesta reduce el límite de costos administrativos del 15% al 5%. Un tercio, de un plumazo. Nos dirán que la asignación total no cambia, y es técnicamente cierto, pero sustantivamente engañoso. El renglón administrativo no es grasa. Es recursos humanos, finanzas, compras, auditoría, controles internos, datos y monitoreo; es la tubería por donde el dinero llega bien al salón. El mismo sistema que exige cero costos cuestionados y auditorías impecables propone recortar a un tercio a quienes hacen posible ambas cosas. Es como exigirle a un equipo que gane el campeonato mientras vende la mitad de su cuerpo técnico. El resultado previsible no es eficiencia: son despidos, funciones abandonadas y, en los programas más pequeños, el desmantelamiento gradual de estructuras que tomó décadas construir. ¿Hay ineficiencias que atacar? Sin duda, y debemos ser los primeros en señalarlas. Pero un porcentaje arbitrario no sustituye un análisis serio de funciones.

Y entonces llegamos a la colonia. Durante décadas, la política federal de niñez aprendió una lección elemental: lo que no se nombra, no se atiende. Por eso Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Estadounidense y las Islas Marianas del Norte han sido mencionados puntualmente en la ley y en las normas. La propia Ley Head Start los incluye de forma expresa cuando define lo que es un estado. No fue un gesto de cortesía; fue una decisión de equidad, para que las reglas diseñadas desde Washington no dejaran fuera, por simple omisión, a los niños de las jurisdicciones con menos poder político. La propuesta actual camina en dirección contraria. Se presenta como un regreso de la autoridad a los estados, difiere a las normas estatales en licenciamiento, proporciones y transporte, y mide el efecto de sus cambios contra “los 50 estados”. Ese lenguaje está pensado para los estados, no para nosotros. Y donde los territorios sí se hacen visibles es en la letra pequeña: la única excepción automática al mandato de instrucción en inglés es para los programas tribales. Puerto Rico y los demás territorios no la tienen; solo les queda pedir una dispensa. Una jurisdicción hispanohablante, gobernada por reglas que no vota, tendría que solicitar permiso para educar a sus niños en su propio idioma. El silencio regulatorio no es neutral: cuando una norma deja de nombrarte, deja también de pensar en ti. Después de más de un siglo de relación, uno pensaría que Washington ya se aprendió nuestro nombre. Parece que no.

Nada de esto ocurre en el vacío. Nuestros niños ya crecen bajo un andamiaje federal desigual: asistencia nutricional mediante fondos en bloque en lugar de SNAP, un Medicaid con tope de financiamiento y una exclusión del SSI que el Tribunal Supremo federal validó en 2022. Cada vez que una regla nacional se diseña sin pensar en nosotros, esa desigualdad no se queda quieta; se profundiza. Head Start ha sido una de las pocas políticas federales que llega a nuestros niños en condiciones comparables con las del resto de la nación. Debilitarlo sin mirar a Puerto Rico es ensanchar una brecha que ya es demasiado ancha.

Lo que nos lleva al inglés, el tema que más ruido ha hecho en las redes. Nadie en su sano juicio se opone a que un hijo domine varios idiomas. Pero conviene leer la regla antes de celebrarla o condenarla. La propuesta no habla de enriquecer la educación con un segundo idioma: exige que toda la instrucción se imparta en inglés y elimina el requisito vigente de apoyar el bilingüismo. Convertir eso en una guerra cultural es entretenido para Facebook y estéril para los niños. La conversación seria es la implementación. No es lo mismo enseñar números y colores en inglés que impartir un currículo completo en ese idioma. Eso exige maestros cualificados que hoy escasean, reclutamiento que cuesta, currículos adaptados y adiestramiento continuo; es decir, exige precisamente los recursos que la misma regla recorta en el renglón administrativo. La educación bilingüe es valiosa, pero no se decreta. Se financia, se planifica y se construye.

Ahora, a los nuestros. Compartir una publicación indignada no es participación, y comentar por comentar tampoco. Dejemos la changuería. Si de verdad nos importa Head Start, el lugar es , antes del 6 de octubre de 2026, con datos, impacto documentado y alternativas concretas. Y a los programas, un llamado honesto: esta regla también es un espejo. Atrévanse a innovar y a pensar fuera de la caja. Compartan servicios administrativos entre concesionarios, inviertan en tecnología que libere al personal para lo que importa, formen alianzas con universidades para preparar maestros bilingües, midan resultados y cuéntenlos. Defender el programa no significa defender cada forma en que siempre lo hemos hecho.

Porque Head Start funciona. Lo demuestran décadas de niños mejor preparados, familias acompañadas y comunidades con empleos. Ese es el argumento más poderoso que tenemos. Solo falta ponerlo por escrito, donde cuenta, y con la contundencia que nuestros niños merecen.

El Lcdo. Roberto Carlos Pagán Santiago es abogado y exadministrador de ACUDEN, con experiencia en programas federales dirigidos a la niñez y la juventud.