Católicos de Virginia se movilizan por enmienda sobre aborto
Los obispos de Arlington y Richmond pidieron votar en contra de la Pregunta 1; promotores dicen que protege decisiones reproductivas.
Por Redacción InDiario|Política|
a Iglesia católica en Virginia intensificó su participación pública ante la consulta constitucional sobre aborto que los electores decidirán el próximo 3 de noviembre, con los obispos de las dos diócesis del estado exhortando directamente a sus fieles a rechazar la denominada Pregunta 1.
La movilización adquiere relevancia por el tamaño de la comunidad católica en el estado. La Virginia Catholic Conference, brazo de política pública de los obispos, calcula que hay cerca de 700,000 católicos entre las diócesis de Arlington y Richmond, aunque esa cifra no permite determinar cómo votará individualmente ese electorado.
La consulta propone añadir a la Constitución de Virginia una protección expresa para decisiones relacionadas con cuidado prenatal, parto, atención posparto, anticonceptivos, aborto, manejo de abortos espontáneos y tratamientos de fertilidad. También protegería a pacientes y profesionales médicos frente a determinadas sanciones por esas decisiones.
La propuesta permitiría al estado imponer restricciones al aborto durante el tercer trimestre, excepto cuando la salud de la paciente esté en riesgo o el embarazo no pueda sobrevivir. Esa es la redacción que aparecerá ante los electores y constituye uno de los principales puntos de disputa entre partidarios y opositores de la enmienda.
Obispo ordenó leer carta en las parroquias
El obispo de Arlington, Michael F. Burbidge, dio un paso poco habitual al ordenar que una carta suya fuera leída en las parroquias de su diócesis durante las misas del fin de semana del 13 de septiembre, según reseñó Daily Caller. Burbidge afirmó que era la primera vez durante su episcopado en Arlington que tomaba una acción de ese tipo debido a lo que considera la importancia de las consultas.
Burbidge y el obispo de Richmond, Barry C. Knestout, ya habían emitido conjuntamente una carta preelectoral exhortando a los católicos a votar en contra de la Pregunta 1 sobre aborto y la Pregunta 2 relacionada con la definición constitucional del matrimonio.
Los prelados sostienen que la enmienda sobre aborto podría debilitar protecciones existentes para menores, padres y profesionales de la salud. También argumentan que elevar el aborto a la categoría de derecho constitucional limitaría la capacidad futura de la Legislatura para imponer determinadas restricciones. Esos planteamientos representan la posición oficial de los obispos de Virginia y son rechazados por los grupos que favorecen la enmienda.
La Diócesis de Arlington cuenta con 69 parroquias y más de 460,000 católicos registrados, según datos citados por Daily Caller. La Iglesia también ha promovido campañas de inscripción electoral y materiales educativos a través de las parroquias.
Qué dice actualmente la ley de Virginia
En la actualidad, la Constitución de Virginia no contiene un derecho explícito al aborto. La legislación estatal permite el procedimiento durante el primer trimestre y también durante el segundo bajo requisitos específicos relacionados con el proveedor y el lugar donde se realiza.
Después del segundo trimestre, la ley vigente impone requisitos adicionales: el procedimiento debe realizarse en un hospital y tres médicos deben certificar que continuar el embarazo probablemente provocaría la muerte de la mujer o afectaría de manera sustancial e irremediable su salud física o mental.
La Pregunta 1 cambiaría el marco jurídico al incorporar la protección de las decisiones reproductivas directamente en la Constitución estatal, lo que otorgaría a esas protecciones un rango superior al de una ley ordinaria.
Promotores defienden «libertad reproductiva»
La coalición Virginians for Reproductive Freedom, que impulsa el voto afirmativo, sostiene que la enmienda busca impedir que futuras mayorías políticas restrinjan decisiones reproductivas mediante legislación ordinaria. La organización agrupa a familias, médicos, enfermeros y organizaciones defensoras de derechos reproductivos.
Sus portavoces argumentan que las decisiones sobre anticoncepción, fertilidad, embarazo y aborto deben corresponder a pacientes y profesionales de la salud sin una intervención gubernamental que, a su juicio, pueda terminar en prohibiciones o sanciones penales.
Los defensores rechazan además la caracterización de los obispos y organizaciones antiaborto de que la propuesta crearía un sistema de aborto prácticamente ilimitado. Destacan que el propio texto de la consulta contempla la posibilidad de restricciones durante el tercer trimestre, aunque incluye excepciones cuando esté comprometida la salud de la paciente o cuando el embarazo no sea viable.
Campañas salen a buscar electores
Ambos sectores han pasado de las declaraciones públicas a la movilización electoral.
La Virginia Catholic Conference distribuye hojas informativas, materiales para parroquias, recursos de inscripción electoral y una campaña denominada Catholics Vote No contra las preguntas 1 y 2. La Conferencia también respalda, por separado, la Pregunta 3, relacionada con la restauración de derechos electorales a determinadas personas que hayan cumplido sus sentencias de prisión.
Por otro lado, Virginians for Reproductive Freedom ha organizado llamadas telefónicas, visitas puerta a puerta y actividades en Richmond, Arlington, Charlottesville, Virginia Beach y otras comunidades para promover el voto afirmativo.
La votación anticipada presencial comenzó el 18 de septiembre y continuará hasta el 31 de octubre. La elección general será el 3 de noviembre de 2026, cuando los virginianos decidirán tres propuestas de enmienda constitucional junto con las contiendas federales y locales.
La controversia coloca así a las dos diócesis católicas de Virginia en una participación electoral particularmente visible, mientras organizaciones defensoras del derecho al aborto desarrollan su propia operación de movilización.
Más que una disputa sobre la legislación vigente, el voto determinará si las protecciones sobre decisiones reproductivas pasan a formar parte de la Constitución de Virginia, haciendo que futuros cambios dependan de un nuevo proceso de reforma constitucional en lugar de una mayoría legislativa ordinaria.
