Nueva ley reúne reglas para el transporte de agregados

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió este jueves en ley una medida que reorganiza la reglamentación del transporte de agregados en Puerto Rico, incluyendo el requisito de pagar a los transportistas dentro de un término de 15 días, el cumplimiento de las tarifas autorizadas y las responsabilidades de las empresas que contratan estos servicios.

Se trata de la Ley 224-2026, producto del Proyecto del Senado 1140, presentado por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, que integra las disposiciones aplicables a esta industria dentro de la Ley de Servicio Público de Puerto Rico.

La legislación busca simplificar el marco regulatorio de una actividad vinculada directamente con la construcción de carreteras, viviendas, infraestructura y otras obras comerciales e industriales.

Aunque la medida destaca la obligación de pagar dentro de 15 días, este requisito ya existía en la legislación puertorriqueña. La nueva ley lo incorpora al marco regulatorio consolidado, junto con otras disposiciones relacionadas con permisos, contratación y fiscalización.

Pagos atrasados podrían generar multas e intereses

Uno de los aspectos centrales de la legislación es la responsabilidad del dueño de la carga de pagar oportunamente al transportista contratado.

La normativa dispone que el pago deberá realizarse dentro de 15 días a partir de la fecha en que se efectúe el transporte.

Los incumplimientos podrán conllevar multas administrativas e intereses por mora, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Además, quienes contraten los servicios estarán obligados a respetar las tarifas autorizadas por el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP).

Estas disposiciones buscan proteger a los transportistas frente a pagos tardíos y prácticas de contratación que no cumplan con las tarifas establecidas.

Mayor responsabilidad por exceso de carga

La legislación también establece responsabilidades para los dueños de materiales que autoricen el transporte de cargas superiores a los límites permitidos.

Los contratantes podrán enfrentar sanciones administrativas por incumplimientos relacionados con el peso autorizado para los vehículos utilizados.

Este aspecto de la regulación pretende fortalecer la fiscalización de una actividad que involucra diariamente vehículos pesados en las carreteras del país.

Establecen turnos para obras públicas

La nueva ley dispone que el transporte de agregados relacionado con proyectos financiados mediante fondos públicos deberá distribuirse mediante un sistema de turnos de rotación numérica entre transportistas autorizados.

El procedimiento estará sujeto a la reglamentación del NTSP.

Con este mecanismo se busca organizar la asignación de servicios y establecer criterios uniformes para la participación de los concesionarios en proyectos públicos.

La medida excluye de estas disposiciones la actividad realizada mediante vehículos pesados pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico y a los municipios.

NTSP tendrá la responsabilidad de fiscalizar

La legislación concentra en el NTSP las facultades relacionadas con la administración y supervisión de esta modalidad de transporte.

Entre sus responsabilidades figuran la expedición de permisos y autorizaciones provisionales, el mantenimiento de un registro de transportistas, la determinación de tarifas y la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones aplicables.

También establece procedimientos y garantías para los casos de denegación, suspensión o revocación de permisos.

La gobernadora sostuvo que la medida pretende establecer reglas uniformes y responsabilidades claras para los participantes de la industria.

El requisito de 15 días no es nuevo

Un aspecto importante de la legislación es que el plazo para pagar a los transportistas no surge por primera vez con la Ley 224-2026.

La Ley Núm. 1 de 1972, según enmendada por la Ley 75-2017, ya establecía la obligación de pagar dentro de los 15 días siguientes a la prestación del servicio, además de contemplar sanciones e intereses por incumplimiento.

La propia Ley de Servicio Público también contenía disposiciones relacionadas con el término de pago para servicios de transporte de carga.

Por tanto, el cambio principal anunciado por el Gobierno consiste en consolidar normas previamente dispersas, facilitando su administración y fiscalización bajo una misma estructura jurídica.

La efectividad de la legislación dependerá de la aplicación de sus disposiciones por parte del NTSP, particularmente en la supervisión de tarifas, la atención de reclamaciones por pagos atrasados y el cumplimiento del sistema de turnos para proyectos públicos.

Con la firma de la medida, el Gobierno busca establecer un marco más uniforme para una industria que participa en el suministro de materiales esenciales para la construcción y el mantenimiento de infraestructura en Puerto Rico.